POR. VÉRONIQUE MORTAIGNE
periodista
Durante el último censo, en 2010, los encuestadores contabilizaron 136 categorías de colores proporcionados por los mismos interesados. En Brasil, la identidad racial es «objeto de negociación», según la antropóloga Lilia Moritz Schwarcz. Por otra parte, observa que, sea cual sea su grado de mestizaje, un miembro de la elite intelectual o política se define como blanco.
Sin embargo, el 45% de la población brasileña es negra o mestiza. Por consiguiente, ¿se puede hablar de minoría negra? La única minoría claramente identificada en Brasil es la de los indios, cuya población se estima oficialmente en alrededor de 330 000 miembros repartidos en 246 pueblos indígenas.
Se han clasificado otras categorías denominadas minoritarias: cíngaros, miembros de comunidades religiosas o descendientes de migrantes (japoneses, por ejemplo). «Para todas las categorías, Brasil ha adoptado históricamente una política de asimilación.
Curiosamente, para los negros y sus descendientes, ha preferido una política de separación», señala el abogado Luciano Mariz Maia, especialista en Derechos Humanos. Trescientos años de trata de negros (ocho generaciones) han dejado huella. En 1871, el emperador Pedro II proclamó la «Ley de Libertad de Vientres» (los hijos de los esclavos eran libres), pero la trata continuó clandestinamente hasta que la «Ley de Oro» aboliera definitivamente la esclavitud, el 13 de mayo de 1888, veinticinco años después de Estados Unidos.
La ecuación «pobre y negro» se instaló en la historia. En 1889, un golpe de Estado dirigido por el mariscal Deodoro da Fonseca, apoyado por la burguesía criolla y por los grandes terratenientes furiosos al haber perdido a sus esclavos, derrocó a Pedro II. «El negro libre quedó así abandonado a su suerte.
Sin tierra, sin educación, separado de cualquier estructura social, se le condenó entonces a la miseria […] La abolición tan esperada enraizó la desigualdad», escribe Alain Rouquié, en Le Brésil au XXI siécle. Naissance d’un nouveau grand (Fayard, 2006). Si la definición de minoría pasa por una idea discriminatoria, no cabe duda de que entonces existe una minoría negra en Brasil.
Un estudio reciente del secretariado de Estado brasileño de los Derechos Humanos muestra que el riesgo de un joven negro de ser asesinado es cuatro veces superior al que se expone un blanco. Según expertos de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el 54,1% de los negros estaban desempleados en 2006, frente al 48,6% en 1995, siendo el ingreso mensual medio de un hombre blanco 200% superior al de una mujer negra.
El censo de 2010 puso de manifiesto que de los 16 millones de brasileños que vivían en la extrema pobreza, 4,2 millones eran blancos y 11,5 millones negros o mestizos. La Ley del 5 de enero de 1989 detalla los actos discriminatorios merecedores de condena. Tuvo el mérito de romper el silencio y hacer públicos los males. Así, todos los ascensores brasileños están provistos de placas que prohíben «impedir el acceso en virtud de la raza, el sexo, el color, el origen o la condición social».
Pero numerosos inmuebles siguen teniendo sus entradas de servicio, por donde las señoras de la limpieza, los jardineros, los cocineros y los porteros, casi nunca blancos, tienen la costumbre de entrar. En 2003, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó una Secretaría de Estado para la Promoción de Igualdad Racial.
Dio asimismo al cantante Gilberto Gil, icono de la negritud bahiana, el Ministerio de Cultura, y a Marina Silva, quien fuera candidata a las presidenciales de 2010, originaria del Estado amazónico de Acre, el de Medio Ambiente. Después, designó a Joaquim Barbosa, hijo de una familia humilde de Minas Gerais, para el Tribunal Supremo Federal (el equivalente al Tribunal Supremo), convirtiéndose en el primer negro de la historia moderna en ocupar esta función.
Ministra de Igualdad Racial del Gobierno de la nueva presidenta Dilma Rousseff, la socióloga Luiza Barros es una veterana militante por la igualdad de derechos. El Partido de los Trabajadores (PT) y los movimientos negros estuvieron en el origen del Estatuto de la Igualdad Racial, redactado por el senador Paulo Paim (PT), uno de los pocos diputados negros.
El Senado lo aprobó el 16 de junio de 2010, tras siete años de idas y venidas entre las cámaras del Congreso. Esta Ley tiende a poner de relieve las conquistas sociales de los afro-brasileños, pero desecha la idea de las cuotas raciales en la universidad o en la función pública, tal y como reclamaban las organizaciones negras.
El Estatuto de la Igualdad Racial incluye asimismo una disposición singular: da la propiedad de su tierra a cerca de 2,5 millones de habitantes actuales de los quilombos, antiguos refugios de esclavos fugitivos o cimarrones. Como si la esclavitud, abolida en 1888, datara de ayer.
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