SOCIEDADES DE BAJO COSTE – LA NUEVA ECUACIÓN SOCIAL: MÁS CONSUMO, MÁS DESEQUILIBRIO.

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Un bienestar con menos recursos. Las nuevas pensiones de Chile, Polonia y Suecia

En 2004, General Motora gastó cinco mil seiscientos millones de dólares en asistencia sanitaria para un millón cien mil empleados. O mejor, empleados en servicio y, sobre todo, una montaña de antiguos empleados, entre ellos algunos pensionistas centenarios.

Ante la competencia cada vez más tenaz de las casas japonesas y coreanas, que son más eficientes, producen modelos considerados más atractivos por el público estadounidense y no tienen que afrontar los enormes costes sociales que gravan al grupo de Detroit, General Motors decidió tratar de arreglar la situación. En 2005 puso en marcha una difícil negociación con el United Auto Workers (UAW) —el sindicato del automóvil—, para intentar redimensionar sus gastos sanitarios, que en aquel momento se acercaban a los mil quinientos dólares por vehículo vendido. Una tarea bastante problemática: se puede penalizar, como de costumbre, a las jóvenes generaciones al reducir las coberturas del seguro de los nuevos empleados. Pero el setenta por ciento del gasto a cargo de General Motors corresponde a los pensionistas, por lo que no se puede comprimir. Por ahora, la colaboración con el sindicato ha llevado sobre todo a iniciativas de prevención, como el programa «Lifestep»: una campaña para convencer a los obreros apasionados de la caza —actividad muy popular entre los empleados de General Motors— de que, cuando abatan a un cervatillo de setenta kilos, no deberían llevarlo fuera del bosque por ellos solos, sobre todo si tienen problemas de corazón.

El sistema del bienestar no está en crisis sólo en la Europa de los altos estándares de asistencia y del elevado gasto público. En Estados Unidos hay actualmente poca cobertura sanitaria, el Estado ofrece sólo una ligera asistencia (y relativa-mente poco costosa), integrada por varias formas de seguros privados, que han funcionado considerablemente bien mientras los mercados financieros ofrecían altos rendimientos a los fondos de seguros que habían invertido en acciones. Pero, en los últimos años, la Bolsa ha ido bastante peor, y las empresas se han encontrado, de repente, con que deben saldar la cuenta de los fondos en déficit para garantizar a empleados y pensionistas el nivel de prestaciones estipulado en los acuerdos.

Mientras, la tesis de la progresiva desaparición de la clase media no contenta a todos: dentro del espectro conservador, una patrulla de economistas contesta a los estudios sobre la polarización de las rentas considerándolos marcados por un prejuicio ideológico, pero, ahora, los también conservadores del Wall Street Journal (Scott, Leonhardt, 2005) mantienen que en Estados Unidos se está produciendo una preocupante ampliación del desfase entre ricos y pobres, acompañado de la caída de la movilidad social. Sobre este análisis no hay contrastes significativos, al menos por lo que se refiere a los estudiosos. Es difícil encontrar un observador atento y no condicionado por vínculos políticos o sindicales que no mantenga la necesidad de revisar los sistemas de protección social que se están haciendo insostenibles en todo el Occidente industrializado.

Nuestras sociedades se encuentran, de hecho, cada vez más constreñidas: por un lado, el envejecimiento de la población hace que los costes de las pensiones se disparen, y la continua mejora de las tecnologías médicas nos permite vivir más, pero con tratamientos más costosos; por otro lado, existe la necesidad de mantener posiciones al menos en los sectores industriales en los que los productores asiáticos no han superado a Europa y Estados Unidos: aquí es necesario afrontar una competencia —sobre todo la china— que, aparte de conllevar un coste del trabajo enormemente más bajo, prácticamente no sabe lo que son las cargas sociales. Encontrar soluciones políticamente aceptables no es fácil, y se dispone de poco tiempo, sobre todo porque desde 2008 empezarán a jubilarse los niños de la generación del «baby boom’: sólo en Estados Unidos hubo setenta y seis millones de nacimientos entre 1946 y 1964.

Se trata, por lo tanto, de sistemas que hay que revisar en profundidad. Sí, ¿pero para hacer qué? Hay muy pocas recetas que se puedan poner en práctica. En Italia, la izquierda reformista ha tenido presente durante mucho tiempo la intención de apuntalar un sistema de pensiones público cada vez más desequilibrado, añadiendo un segundo apoyo basado en cotizaciones privadas obligatorias (fundamentalmente organizaciones sectoriales o empresariales) y quizá un tercer apoyo completamente privado, basado en las elecciones individuales de cada trabajador.

Supone un modelo ciertamente más válido que nuestro sistema actual, pero que necesita ulteriores correcciones: Estados Unidos, que lo aplica desde hace décadas, debe afrontar hoy una grave crisis, aunque no es comparable con los desequilibrios de países como Italia. En Estados Unidos, paradójicamente, tiene más problemas el sector privado que el público; como trataremos en el capítulo octavo, el presidente Bush ha insistido durante meses en la necesidad de cancelar el sistema público de pensiones y privatizarlo si se quiere evitar la quiebra de la Social Security. Así, ha sacado a la luz un problema que aparecerá en los próximos decenios: la asistencia pública estadounidense estará, de hecho, en números rojos sólo a partir de 2040, y su déficit no superará nunca el 0,8 por ciento de la renta nacional. Una situación infinitamente menos grave que en Italia, porque empresas y trabajadores estadounidenses pagan cotizaciones asistenciales cercanas al doce por ciento de la retribución, mientras que en Italia es casi el triple.

La verdadera crisis, sin embargo, es hoy la de la asistencia social y sanitaria ofrecida por el sector privado. El problema más importante son los seguros personales: las clases medias se están empobreciendo también porque les cuesta que buenos inversores gestionen los planes de pensiones individuales llamados «401 K», que ofrecen intereses inferiores a las previsiones. Estos fondos, que existen desde hace veinticuatro años, se han convertido en la principal forma de ahorro pensionístico de cuarenta y dos millones de americanos. Otro factor que drena recursos de los bolsillos de los ciudadanos es que los costes sanitarios se han disparado mientras que las pólizas de seguros ofrecen coberturas cada vez más limitadas.

Pero el punto verdaderamente crítico para el sistema económico se encuentra en el de la asistencia garantizada directamente por muchos contratadores —esencialmente las grandes empresas— a sus empleados y jubilados. Se trata del problema más urgente porque mina la capacidad de las empresas para estar en el mercado y deja parcialmente sin cobertura a los empleados de las sociedades que entran en crisis.

Lo que se cuestiona es el propio funcionamiento de la economía de mercado. En Estados Unidos, cuando se habla de competitividad, se acaba por traer a colación la divergencia entre el Occidente industrializado y los países emergentes; sin embargo hay otra, menos citada pero igualmente importante: en los Estados Unidos difieren las empresas jóvenes —con poca representación sindical y que tienden a ofrecer a sus trabajadores sueldos más elevados pero escasos beneficios sociales— de los grandes grupos «históricos».

No sólo tienen dificultades los colosos manufactureros como, precisamente, los grupos del automóvil, de la energía o de las telecomunicaciones, sino también, por ejemplo, los grandes protagonistas del transporte aéreo (de Delta a Continental, de United a US Air), que —al tener una tradición de fuertes relaciones sindicales— han concedido siempre sólidos paquetes de seguros al personal y a los pensionistas. Pero hoy ya no saben qué hacer para competir con las compañías de bajo coste: todas jovencísimas, esbeltas mucho más flexibles que los «grandes nombres» del transporte y que, sobre todo, no tienen que gravar los billetes con los costes sanitarios y de jubilación de miles de empleados y jubilados.

Las crisis que estallan de vez en cuando se afrontan sólo con algún parche, además a cargo del Estado: en algunos casos, cuando la compañía con dificultades va hacia la bancarrota (o pide la protección del «Chapter 11» para poder reestructurarse al amparo de las peticiones de los acreedores), sus deudas sociales se trasfieren a una agencia pública. Lo cual comporta tres problemas:

1) una ampliación, en vez de una reducción (como querría Bush con las cuentas de ahorro individuales), del área del sistema de pensiones público;

2) un sensible aumento del elevado déficit del presupuesto federal, debido a que los entes en cuestión llevan tiempo en déficit y no se han recapitalizado;

3) un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores (como ya ha sucedido, de hecho, en United Airlines), debido a que estas agencias federales que se encargan de su asistencia social financian sólo pensiones básicas y no ciertamente las que se habían negociado con pilotos y asistentes de vuelo, bastante más generosas.

¿Qué hacer? Mientras, hay un problema de moralización de la gestión de estos fondos. El de United Airlines ha sido un ejemplo de hundimiento, aparte de por sus desequilibrios estructurales, por los profesionales financieros que la han gestionado: gente que ha tomado decisiones muy arriesgadas, y a menudo equivocadas, y que se ha asignado a sí misma sueldos excesivos. Pero también está la posibilidad de rehacer los mecanismos de determinación de los beneficios, a la luz de un rendimiento de las inversiones financieras que en los últimos años se ha reducido bastante. Y, de hecho, en el otoño de 2005, el Congreso de los Estados Unidos estaba trabajando activamente en una reforma de la asistencia empresarial mientras la revolución de la Social Security impulsada por Bush estaba todavía en pañales.

Sea pública o privada, la revisión de los mecanismos asistenciales será, en cualquier caso, uno de los temas dominantes de los próximos años. Para la búsqueda de una reforma del sistema del bienestar no demasiado punitiva y que no provoque otros trastornos en la geografia social, se exploran los modelos experimentales de otros países. El más citado es el modelo chileno, pero no es el único. La reforma de la república sudamericana data de 1980: un periodo superior a veinticinco años es más que suficiente para probar el nuevo sistema, que ha demostrado funcionar bastante bien. Está basado en cuentas de ahorro individuales como las que Bush quiere introducir en los Estados Unidos, ha ofrecido a los asegurados rendimientos mucho más elevados que el sistema asistencial público y ha recogido con los años un enorme volumen de capital que ha sido el origen del resurgimiento económico de Chile.

Concebido durante la dictadura de Pinochet, el sistema ha sido aceptado políticamente gracias al hecho de que también los gobiernos de izquierda establecidos en Santiago en los años noventa decidieron seguir con el modelo.

Pero una cosa es reconocer el éxito del experimento y otra bien distinta considerarlo universalmente válido y exportable sin problemas. Como reconoce también el Wall Street Journal, la reforma, al principio, se valió de circunstancias políticas y económicas irrepetibles: un régimen dictatorial ante el cual era imposible manifestar los temores y el malestar suscitados por un cambio tan radical. El gobierno tampoco tuvo que preocuparse por posibles manifestaciones de desacuerdo cuando decidió grandes recortes en el gasto público y una vasta privatización de las actividades económicas con objeto de llevar el presupuesto público del déficit al consistente «extra» necesario para financiar el paso al nuevo régimen asistencial «por capitalización». También las condiciones financieras se revelaron favorables: a principios de los años ochenta una crisis financiera impuso tasas de interés muy altas. La rápida caída del precio del dinero en los años siguientes hizo subir los precios de las obligaciones adquiridas por los nuevos fondos de pensiones, que, así, hicieron ingentes ganancias de capital. Son muchos los que evidencian que la situación en los países industrializados —y en los Estados Unidos en particular—es muy distinta, empezando por las bajas tasas de interés y por los rendimientos financieros, que también son bastante reducidos. Por lo demás, también los fondos chilenos, que en los primeros quince años habían permitido registrar un rendimiento medio anual del 12,7 por ciento, en los últimos ejercicios han descendido a niveles muy bajos.

Otra experiencia —que además ha causado sensación— es la de Polonia, que «privatizó» sus pensiones en 1999. Hubo un gran entusiasmo inicial, pero después muchos se retractaron, porque el gobierno, al autorizar nada menos que a cuatrocientas cincuenta mil personas (el uno por ciento de la población total) a que se hicieran agentes vendedores de las pólizas por cuenta de los veintiún fondos de pensiones reconocidos, abrió el camino a una situación caótica, llena de abusos: desde la imposición de comisiones demasiado elevadas hasta el comercio con pólizas falsas.

Más interesante es el experimento sueco, también basado en la introducción de cuentas privadas, pero con la garantía de una atenta vigilancia por parte del Estado, que ha colocado un intermediario público —la Premiepensions-myndigheten (PPM) — entre los ahorradores y los gestores de los fondos. Las pensiones distribuidas son bastante elevadas pero también lo son las cotizaciones retenidas en el sobre de la paga (el 18,5 por ciento que, sin duda, a los italianos les parece poco, pero que constituye, en cualquier caso, el cincuenta por ciento más de lo recaudado en los Estados Unidos). Además, los críticos más severos mantienen que los aumentos de beneficios concedidos por los gobiernos conservadores en los años noventa impondrán —a partir del 2025— un sustancial aumento de las cotizaciones, quizá incluso hasta el treinta y seis por ciento.

Otro caso de gran interés es el del Reino Unido, donde el líder laborista Tony Blair ha vuelto a ganar, con dificultad, también en las elecciones del 2005, a pesar de —a diferencia de los Estados Unidos y de otros países europeos— haber practicado una política que, de hecho, ha aumentado la carga de las retenciones en todas las franjas sociales, pero de manera más sensible para la clase media. También el sistema de pensiones británico, reformado a finales de los años ochenta, cuando pareció que el boom de los mercados financieros hacía particularmente apetecibles las nuevas cuentas privadas, hoy presenta muchas incógnitas: la reforma está salpicada de estafas y escándalos que han inducido a muchos asegurados a volver a la asistencia pública, más tranquilizadora, pero que, sin embargo, hace aguas: la comisión de investigación nombrada por Blair y presidida por Alistair Tumer ha demostrado que, a los actuales ritmos de envejecimiento de la población, para asegurar en el futuro a los jubilados el mismo nivel de renta garantizado hoy a quien ha dejado de trabajar, la cuota del producto interior bruto nacional destinado a la asistencia pública debería subir del actual diez al quince por ciento. Como alternativa, para mantener el sistema en equilibrio, los futuros pensionistas deberían aceptar una reducción del treinta por ciento en sus pensiones. Técnicos y políticos buscan ahora soluciones alternativas basadas en una ampliación de la vida laboral y el refuerzo de la asistencia complementaria. La reorganización de los sistemas asistenciales representa uno de los grandes desafíos que los países occidentales deben afrontar: sólo Italia, desde su alto treinta y tres por ciento recaudado por cada trabajador, no parece preocuparse demasiado. Y, sin embargo, esta «cuña fiscal» constituye una de las causas más relevantes —quizá la principal— de su declive como país industrial.

En cambio, se está perdiendo la otra función que los gobiernos han desempeñado históricamente, sobre todo en Europa, en el siglo XX: la de redistribuidores de la renta. Casi todos los sistemas se orientan hacia sistemas de asistencia complementaria individual: instrumentos que no son adecuados para funcionar como vehículos de políticas redistributivas. Y aun así los gobiernos, casi todos con un considerable déficit, ya no disponen de recursos para trasladar de un grupo social a otro.

La cuestión del bienestar, como se ha dicho al principio, no está ligada sólo a la asistencia: lo está también al alto coste de la sanidad y al problema de los regímenes de asistencia social a las clases débiles de la población y a los parados. En Estados Unidos, además, siempre ha habido mucha más atención por formas de bienestar activo —se ha preferido dar formación, escuela, financiación de cursos de reconversión profesional para quien ha perdido su trabajo, antes que subsidios—, que han garantizado hasta ahora una mayor eficiencia y una mayor disponibilidad de recursos intelectuales respecto a Europa. Un beneficio que existe aún, pero que se está reduciendo a causa del recorte en los presupuestos educativos, de las políticas de inmigración más severas tras los atentados del 11 de septiembre y del nacimiento —por ejemplo, en India y en China— de nuevos polos de atracción de «cerebros».

No es fácil volver a poner en rumbo la nave: una propuesta para evitar que la mayor movilidad del mercado conduzca a una condición «proletaria» a los trabajadores de la clase media, obligados a transitar de un trabajo bien pagado a otro con retribución inferior, la ofreció hace tiempo Robert Litan, economista de la Brookings Institution, el más serio de los «pensadores» progresistas. Litan piensa en un «seguro sobre el sueldo» que, al menos durante dos años, reembolse al trabajador una parte de la retribución perdida en el paso del antiguo trabajo al nuevo.

¿Es para sorprenderse que alguien —además de izquierdas— piense en sustituir el antiguo bienestar por instrumentos financieros de seguros? Hay que mantener la calma, porque aún no nos ha caído en suerte el «livelihood insurance» (modo de vida basado en los seguros), propuesto en 2002 por Robert Shiller (Shiller, 2003), el gurú de Yale, que, en el culmen de la euforia de Wall Street y de la «burbuja» especulativa, describió con cierta precisión lo que sucedería al cabo de un año. En su trabajo más reciente (Shiller, 2004), el economista —que ciertamente no es un conservador— mantiene que Wall Street no es sólo un centro de especulaciones financieras, de batallas sin piedad, excesos y abusos, sino también el lugar donde se elaboran las técnicas más avanzadas y eficaces de gestión de riesgos de todo tipo. La política, que ya no puede reestablecer el antiguo modelo de bienestar, podría entonces por lo menos proteger a los trabajadores con una red de coberturas con seguros: instrumentos destinados a activarse no sólo en caso de paro o enfermedad, sino también, por ejemplo, ante la posibilidad de crisis económicas como una repentina recesión o una imprevista pérdida de valor del propio título académico en el mercado de trabajo. Son ideas audaces definidas como «agradable utopía» por el Washington Post. Pero The Atlantic, el competente mensual del pensamiento «liberal», las acredita:

Puede resultar irónico que los mercados financieros —considerados por muchos como amorales, sino incluso inmorales— puedan ofrecer soluciones para algunos de los problemas que pensadores socialistas y utopistas hall afrontado con poco éxito durante siglos. Pero, por mucho que el «livelihood insurance» parezca una sugestión financiera, las nuevas técnicas de análisis de datos y de gestión de riesgos demuestran que la visión de la sociedad, en la que la gente está protegida con seguros ante el impacto de las crisis económicas, ya no está fuera de la realidad. [The Atlantic, 2004.]

En concreto, la propuesta de Shiller, incluso en su originalidad, se puede entender como un punto de evolución hacia un sistema de protección social capaz de tutelar mejor con costes inferiores: un mecanismo que, al alinearse con la filosofía del consumidor de bajo coste descrita anteriormente, ofrece instrumentos contractuales diversificados y personalizados, y es capaz de aprovechar mejor las economías de escala para proteger a los ciudadanos de algunos riesgos —paro, tercera edad, pérdida del valor de la vivienda, la propia inflación o una marcha negativa del ciclo económico— con pólizas de bajo coste.

Esto significa que el antiguo modelo de bienestar, centrado sobre todo en el binomio compuesto por recaudación fiscal y organización pública de los servicios sociales, deberá también alinearse y adaptarse a las presiones del cambio inducido por las preferencias de los nuevos consumidores.

 

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