SOCIEDADES DE BAJO COSTE – INTRODUCCIÓN.

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Por todas partes aparecen nuevos ricos que ostentan su opulencia; entre los trabajadores (en general los no especializados) y pensionistas se detectan focos de pobreza imprevistos; la clase media, en progresivo decrecimiento, pierde renta y seguridad: la sociedad está inmersa en una tempestad. Un fenómeno común a gran parte de las democracias industriales de Occidente, pero que en Italia se ha agudizado por el impacto de una paralización económica más grave y duradera que en otros mercados y por una difusión de la evasión fiscal que hace difícil mirar a los nuevos ricos como el producto de un mercado cada vez más despiadado —la «rutheless economy» (economía despiadada) teorizada por Simon Head, director de la Century Foundation— pero que en cualquier caso funciona (Head, 2003).

Este terremoto, que altera profundamente los mecanismos de distribución de la renta, acelera los procesos que están llevando a la sustancial desaparición de la «clase media» tal y como la hemos conocido en el siglo XX.: poco a poco ha perdido sus señas de identidad porque las condiciones históricas que habían determinado su éxito han desaparecido. Pero también se debe a otros factores: sobre todo el fin de la era de las expectativas crecientes, en la que quien no estaba ya «tocado» por el bienestar se sentía, en cualquier caso, «en lista de espera» y no excluido; el final de las seguridades ocupacionales y también el impacto en la estructura social de mecanismos de mercado cuyas señas de identidad se modifican continuamente debido a la evolución tecnológica.

En muchos países la difusión de la oferta de productos y servicios (“low cost» («de bajo coste»), al aumentar sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios, empieza a tener más peso que una reforma fiscal o que el welfare (bienestar). Por lo tanto, tiende a sustituir las viejas estratificaciones de intereses en torno a los mecanismos de redistribución gestionados desde el gobierno por una masa indiferenciada: una «clase que ya no es clase» compuesta por sujetos que, cada vez más, piden ser tutelados como consumidores, además de como contribuyentes y como perceptores —actuales o potenciales—de pensiones, asistencia y ayudas de distintos tipos. Este inmenso milieu social limita, por abajo, con las «nuevas pobrezas» de los trabajadores no especializados que se encuentran compitiendo con la mano de obra de los países en vías de desarrollo y, por arriba, con una gran clase acomodada compuesta por los ricos «consolidados» y por la burguesía del conocimiento.

El declive de la clase media no es ciertamente un relámpago que llega sin avisar: en 1985 (Rosenthal, 1985), el economista del departamento de estadística del Ministerio de Trabajo estadounidense Neal H. Rosenthal se preguntaba si ya se había iniciado —como lo habían denunciado otros— una polarización de las rentas con la consiguiente progresiva reducción de la clase media y la creación, por un lado, de una gran masa de ricos y, por otro, de un ejército de nuevos proletarios. Su análisis lo llevaba a concluir que hasta ese momento no se había verificado nada parecido. Añadía, sin embargo, que los procesos de desindustrialización —entonces apenas iniciados— y el desarrollo de las nuevas tecnologías de alta rentabilidad podrían provocar un fenómeno de este tipo a partir de la segunda mitad de los años noventa.

Sus previsiones se han revelado bastante exactas, como también la convicción —con visión de futuro, puesto que en 1985 todavía estábamos en la era pre-internet, Microsoft era una gran masa de ricos y, por otro, de un ejército de nuevos proletarios. Su análisis lo llevaba a concluir que hasta ese momento no se había verificado nada parecido. Añadía, sin embargo, que los procesos de desindustrialización —entonces apenas iniciados— y el desarrollo de las nuevas tecnologías de alta rentabilidad podrían provocar un fenómeno de este tipo a partir de la segunda mitad de los años noventa. Sus previsiones se han revelado bastante exactas, como también la convicción —con visión de futuro, puesto que en 1985 todavía estábamos en la era pre-Internet, Microsoft era una pequeña empresa y Bill Gates estaba empezando a monopolizar los ordenadores personales mundiales con su nuevo sistema operativo— de que las industrias «high tech» («de alta tecnología») favorecerían una polarización de las rentas.

Otras voces se han dejado oír en los últimos años: precisa-mente a mediados de los años noventa (julio de 1997), Ftudi Dornbusch, economista del Massachusetts Institute of Tech-nology (MIT), célebre por sus análisis mordaces y un lengua-je rudo y socarrón, publicó Bye bye middle class, un ensayo en el que preveía la inminente desaparición del «big govern-ment» («gran gobierno») (la tendencia de muchos gobiernos a incluir en la esfera pública la mayoría de los servicios dados a los ciudadanos y también una porción considerable de las actividades productivas), del welfare state (estado del bienestar) y de la propia «clase media, acostumbrada a la comodidad, por no decir a la pereza». Dornbusch era consciente de que la abolición del estado del bienestar era un desafio que los gobiernos no sabían cómo afrontar. Advertía, sin embargo, que los políticos debían empezar a prepararse para los tiempos difíciles, en los que la competición entre sistemas y empresas, las privatizaciones y la globalización, además de algunas innegables ventajas económicas, producirían también graves problemas sociales, empezando, precisamente, por una reducción de las rentas del trabajador no especializado. Un desafio políticamente difícil, sobre todo para una Europa sacudida, por un lado, por las «inevitables desigualdades y la coexistencia de millonarios enriquecidos gracias a las tecnologías, mientras, por el otro, los electores de la anti-gua clase media se sienten aislados». Así pues, Dornbusch pronosticaba desde entonces una navegación tempestuosa por democracias que se ven obligadas a ajustar cuentas, al mismo tiempo, con un aumento de las desigualdades y una difusa seguridad económica. Veía sólo una luz en el horizonte: la inminente llegada del euro como «oportunidad para una nueva y dinámica visión de Europa». Si estuviese vivo aún, quién sabe qué abrasivas ironías reservaría a la Europa de hoy, en plena crisis económica, institucional y de liderazgo político.

Una crisis que puede empujar a los gobiernos del Viejo Continente a ignorar o subestimar el problema de la reinterpretación, además del saneamiento financiero, de sistemas de bienestar que se han construido basándose, sobre todo, en la capacidad contributiva de la clase media: sistemas que están por lo tanto perdiendo la «constituency» («los electores potenciales») de referencia. Quizá se podría incluso afirmar que estos sistemas han perdido parte de su legitimación política original porque era precisamente la clase media el principal mantenedor político de una infraestructura pública que tenía como finalidad la reducción de los riesgos y las inseguridades de la vida individual y colectiva. Aquí existen, obviamente, problemas de garantías mínimas irrenunciables, de derechos que tutelar, de nuevos equilibrios entre libertad y seguridad (el trabajo autónomo ofrece más libertad pero menos garantías). Y también existe la necesidad de proyectar cualquier reforma a largo plazo.

Pero el problema no radica sólo en el volumen de los recursos financieros disponibles: es importante también el modo en que estos derechos se tutelan. Un sistema de garantías sociales al servicio de las necesidades de una sociedad «desclasificada» sólo puede ser, al menos en parte, original. La forma de organización y las modalidades de funcionamiento de una administración pública pensada para servir a los intereses de la economía material tienden, por ejemplo, a uniformarse en este contexto: la cosa pública en los tiempos de la producción industrial repetía lógicas y modelos de la industria pesada y de masa. Hoy, en una sociedad que tiene la etiqueta del cuaternario (es decir, obtiene valores de los servicios innovadores ofrecidos por encima de los básicos), la ayuda que se pide a la administración tiene que ver con la rapidez y la flexibilidad de proceder, así como con el volumen de los servicios producidos. La filosofía del consumo de bajo coste, en definitiva, llegará inevitablemente a la esfera pública: lo que significa que quien gobierna el Estado deberá repensar la oferta pública teniendo en cuenta la menor disponibilidad de la clase de la masa para mantener la carga de su financiación. En otras palabras, tendrá que emerger la capacidad de dar vida a un verdadero y propio bienestar de bajo coste.

 

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