Hace unos días tuve la sensación de que para muchas personas España había dejado de tener un problema con su sistema de pensiones. El acuerdo al que llegó la comisión del Pacto de Toledo les hizo caer en la idea de que habíamos desencallado ese enorme desafío que es garantizar a futuro un sistema público de pensiones. No quisiera ser agorero, pero nada más lejos de la realidad.
El Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo es una batería de recomendaciones que este órgano traslada al Gobierno. Se trata de una hoja de ruta para que el poder Ejecutivo ejecute. Y no es la primera vez que estas directrices no son tomadas en cuenta por el Ejecutivo. Por ejemplo, la separación de fuentes de financiación, veinticinco años después, sigue apareciendo entre las recomendaciones a adoptar. Y esta cuestión es muy importante porque las pensiones no contributivas deben ser financiadas exclusivamente por impuestos, y deben atender a programas de paliación de la pobreza; en definitiva, de redistribución de rentas.
El objetivo aquí es establecer estos programas de paliación de la pobreza por medio de una garantía de pensiones mínimas, que deben estar íntegramente financiados por impuestos, y que produce una transferencia de rentas de los que más tienen a los que menos tienen.
Por otro lado, las pensiones contributivas deberían ser financiadas con contribuciones de empresarios y trabajadores, atendiendo a programas de sustitución de rentas, consistente en que los trabajadores dejen de percibir una parte de su salario para que lo cobren a su jubilación, debiendo tener una auténtica contributividad, y produciendo una transferencia de rentas de la misma persona del presente hacia el futuro.
El hecho de que la propuesta del Pacto de Toledo vaya con el aval de todas las fuerzas políticas es un importante matiz porque, en caso de que el Ejecutivo quisiera acometer alguna reforma, debería apuntar hacia la senda dibujada por este organismo, sobre la que ya existe amplio consenso. Y no salirse de ella o inventarse otras. Ahora bien, entre lo allí pactado y las iniciativas que después pudieran aprobarse suele haber un gran trecho. Para muestra, un botón: el Pacto de Toledo lleva desde 1.995 apuntando la necesidad de separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, como acaba de hacer por enésima vez en su Recomendación 1a. Y aquí andamos todavía.
Y dicho esto, me gustaría llamar la atención sobre el desconcierto que existe en la Comisión del Pacto de Toledo entorno al concepto de contributividad y que debe ser una de las características básicas de nuestro sistema. Apelando a este principio, debería existir una proporción entre la prestación reconocida (pensión) y la contribución económica realizada por los trabajadores (cotizaciones). Y esto, a día de hoy, no existe. Y a tenor del texto de la Comisión, ni existirá.
La idea, grosso modo, es que una persona que hubiera cotizado 500 euros entre los 25 y los 65 años (40 años contribuyendo); a la hora de jubilarse, con 65 años, recibiera hasta los 85 años (es decir, sus 20 años de esperanza de vida) 1. 000 euros. Y si vive más, se aplica el principio de mutualización de riesgo. Por tanto, recibes tanto como aportas.
Sin embargo, en su Recomendación 11a, el texto del Pacto de Toledo dice: Es necesario preservar y reforzar el principio de contributividad sin menoscabo de la solidaridad del sistema. Es decir, que de una forma un tanto perversa supedita la contributividad a la solidaridad. Como si fueran dos principios incompatibles o excluyentes Y no lo son. No cabe duda de la importancia que tienen para nuestra sociedad los programas de paliación de la pobreza. Y el estado social en el que vivimos tiene la responsabilidad de mitigarla. Pero esto no debería ser en detrimento de las aportaciones de las personas que durante toda su vida laboral han sostenido el sistema.
Y el mismo texto continúa: Paralelamente, la consecución de este objetivo [contributividad] debe, primero, combinarse con el principio de solidaridad en su triple dimensión generacional, sectorial y territorial. Grave error. El sistema tiene que maximizar su contributividad, y que lo recibido sea tanto como lo aportado. Porque el Estado tiene mecanismos para paliar esas posibles desigualdades derivadas de la edad, el sector laboral, el territorio en el que se viva o el género sin necesidad de vincularlo a la contributividad.
Tras la alegría política que da ponerse de acuerdo en algo en un ambiente tan crispado como el que impera en el Congreso, llega el momento de bajar al terreno de juego. Y aquí vemos que el campo está igual de enfangado que en 1995.
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