De este modo, en un país como España, que se sitúa entre los afectados de forma más grave por los contagios, a la crisis sanitaria se han añadido una profunda crisis económica y otra social que afectan a todos sus territorios, con un impacto negativo evidente en los mercados regionales y locales de trabajo, pero con una intensidad muy desigual y nada aleatoria, que puede relacionarse con su mayor o menor vulnerabilidad
Se considera vulnerable aquel territorio —desde una región a una comarca, una ciudad o un barrio— con alta probabilidad de verse afectado de forma negativa por algún evento o amenaza de naturaleza diversa, desde una catástrofe natural a una crisis económica, un conflicto bélico o una epidemia. Todos los territorios han sido vulnerables a los efectos de la pandemia, pero con una intensidad mayor en unos casos que en otros, que puede explicarse por tipos de razones.
Seis indicadores
En primer lugar, una mayor exposición al riesgo, que en la actual crisis se relaciona con una excesiva especialización en actividades muy afectadas por restricciones a la movilidad —como el turismo, el transporte, los servicios al consumo y los eventos culturales y deportivos— o bien con una demanda de sus productos demasiado concentrada en unos pocos compradores —como ocurre con los proveedores de componentes para las grandes firmas del automóvil y la aeronáutica—, lo que conlleva una elevada dependencia externa.
En segundo lugar, una elevada fragilidad sensibilidad, que puede vincularse a una estructura-laboral con muchos empleos precarios, escasa cualificación, o elevada presencia de ocupaciones poco adaptadas al teletrabajo, junto con una estructura empresarial caracterizada por el excesivo peso relativo de pymes y microempresas con escasos recursos financieros para resistir, elevado endeudamiento, escasa competitividad, etc.
Si el virus afecta con más intensidad a aquellas personas con un sistema inmunitario más debilitado, la crisis económica y los impactos más negativos en el empleo también se concentran en aquellos territorios que muestran mayores debilidades estructurales.
Eso se comprueba al comparar la evolución provincial de diversos indicadores relativos a sus mercados de trabajo entre junio de 2019 y de 2020, evitando así la distorsión derivada de la estacionalidad del empleo.
La evolución de las tasas de actividad mide la importancia de la población desanimada que abandonó el mercado laboral, algo que suele afectar más a la mujer y ahora se vio reforzado por el confinamiento y cierre de centros escolares. La afiliación identifica la población con empleo formal, ya sea como empresario, asalariado o autónomo, tanto si mantiene su actividad como si la cesó de forma temporal.
El paro registrado en las oficinas de empleo es el modo de ajuste más habitual a las crisis y con mayores costes sociales, sobre todo si es de larga duración o sin derecho a prestaciones sociales.
Los trabajadores acogidos a un ERTE suponen una respuesta política para mitigar temporalmente el aumento del desempleo mediante subsidio público, lo que impide comparar con cifras anteriores a 2020, analizando aquí su proporción respecto a la afiliación cuando alcanzó su máximo volumen.
Los contratos firmados pueden aproximar el nivel de reactivación económica a partir de ese mes y, por último, la tasa de temporalidad en esa contratación es una medida de la calidad del empleo y su estabilidad o deterioro por efecto de la pandemia.
Para poder compararlos datos de las 50 provincias y dos ciudades autónomas en esos seis indicadores se acudió aún sistema de normalización o estandarización, que identifica el grado de desviación positiva o negativa de los valores respecto al promedio en cada caso. El índice sintético de vulnerabilidad socio-laboral frente a la pandemia es el promedio de esos seis
Los impactos más negativos de la covid-19 se concentran en aquellas zonas con mayores debilidades estructurales valores, que serán positivos cuando la vulnerabilidad ha sido más elevada que la del conjunto de España —tanto mayor cuanto más elevado es el índice— y negativos en caso contrario.
La tipología de provincias refleja diferencias muy significativas en el impacto padecido durante esos primeros meses de la crisis, explicable, sobre todo, por el modelo de crecimiento aplicado en cada territorio y su desigual capacidad de respuesta ante un shock externo como el provocado por la covid-19.
Castigo a la hiper-especialización La peor evolución, asociada a una mayor vulnerabilidad, corresponde a las tres provincias insulares, seguidas por otras cuatro del litoral mediterráneo peninsular, lo que confirma la estrecha relación con una hiper-especialización en actividades que forman parte del clúster turístico (hostelería, restauración, transporte, agencias de viajes, locales de ocio, comercio minorista, inmobiliario, etc.), que ha sustituido y ha hecho desaparecer progresivamente la presencia de otras actividades (agrarias, pesqueras, industriales…) que puede vincularse a una estructura laboral con muchos empleos precarios, escasa cualificación, o elevada presencia de ocupaciones poco adaptadas al teletrabajo, junto con una estructura empresarial caracterizada por el excesivo peso relativo de pymes y microempresas con escasos recursos financieros para resistir, elevado endeudamiento, escasa competitividad, etc.
Si el virus afecta con más intensidad a aquellas personas con un sistema inmunitario más debilitado, la crisis económica y los impactos más negativos en el empleo también se concentran en aquellos territorios que muestran mayores debilidades estructurales.
Eso se comprueba al comparar la evolución provincial de diversos indicadores relativos a sus mercados de trabajo entre junio de 2019 y de 2020, evitando así la distorsión derivada de la estacionalidad del empleo. La evolución de las tasas de actividad mide la importancia de la población desanimada que abandonó el mercado laboral, algo que suele afectar más a la mujer y ahora se vio reforzado por el confinamiento y cierre de centros escolares.
La afiliación identifica la población con empleo formal, ya sea como empresario, asalariado o autónomo, tanto si mantiene su actividad como si la cesó de forma temporal. El paro registrado en las oficinas de empleo es el modo de ajuste más habitual a las crisis y con mayores costes sociales, sobre todo si es de larga duración o sin derecho a prestaciones sociales.
Los trabajadores acogidos a un ERTE suponen una respuesta política para mitigar temporalmente el aumento del desempleo mediante subsidio público, lo que impide comparar con cifras anteriores a 2020, analizando aquí su proporción respecto a la afiliación cuando alcanzó su máximo volumen.
Los contratos firmados pueden aproximar el nivel de reactivación económica a partir de ese mes y, por último, la tasa de temporalidad en esa contratación es una medida de la calidad del empleo y su estabilidad o deterioro por efecto de la pandemia.
Para poder compararlos datos de las 50 provincias y dos ciudades autónomas en esos seis indicadores se acudió aún sistema de normalización o estandarización, que identifica el grado de desviación positiva o negativa de los valores respecto al promedio en cada caso.
El índice sintético de vulnerabilidad socio-laboral frente a la pandemia es el promedio de esos seis valores, que serán positivos cuando la vulnerabilidad ha sido más elevada que la del conjunto de España —tanto mayor cuanto más elevado es el índice— y negativos en caso contrario.
La tipología de provincias refleja diferencias muy significativas en el impacto padecido durante esos primeros meses de la crisis, explicables, sobre todo, por el modelo de crecimiento aplicado en cada territorio y su desigual capacidad de respuesta ante un shock externo como el provocado por la covid-19.
Castigo a la hiper-especialización
La peor evolución, asociada a una mayor vulnerabilidad, corresponde a las tres provincias insulares, seguidas por otras cuatro del litoral mediterráneo peninsular, lo que confirma la estrecha relación con una hiper-especialización en actividades que forman parte del clúster turístico (hostelería, restauración, transporte, agencias de viajes, locales de ocio, comercio minorista, inmobiliario, etc.), que ha sustituido y ha hecho desaparecer progresivamente la presencia de otras actividades (agrarias, pesqueras, industriales…)
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