LA CASTA: LA MANIPULACIÓN DE LAS IDEAS. EL PRECIO DE LA DEMOCRACIA.

MERCADOTECNIA POLÍTICA: LA MANIPULACIÓN DE LAS IDEAS

 

Adiós al programa. Lo único que importa es que el candidato venda, como las lavadoras

Lo fundamental ahora es el poder de la imagen. El que mejor se posicione visualmente será el que gane, porque el voto es más emotivo que mediático y se marcan las casillas en las papeletas por simpatía con el candidato». Arrancaba la campaña electoral para las municipales de 2003 cuando el asesor de imagen Antonio Sola hacía estas declaraciones en el diario El País. El gurú de las campañas electorales del PP dibujaba una España en la que mucha gente todavía vota a un partido político, lee un periódico y sigue a un equipo de fútbol por tradición. Las filias y fobias están muy por encima de las ideas cuando se trata de votar. Hay un alto contenido emocional. Sola daba así las claves para entender la batalla política que se abre frente a los votantes en cada campaña. Las elecciones son una guerra mediática en la que los partidos gastan 60 millones de euros y que se centra en poner la mejor cara al candidato de turno, en lugar de hacer llegar al ciudadano su ideario político.

Atrás quedaron los tiempos en los que lo que importaba era el mensaje. El «programa, programa, programa» del ex líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha dejado paso a una lucha sin cuartel donde las ideologías se difuminan y sólo queda la mercadotecnia política. Un mundo donde los miembros de la Casta se someten a campañas de imagen y se venden frente al electorado como si fueran una marca de lavadoras. Un mundo donde los jóvenes de cada partido se sientan tras el candidato en los mítines electorales televisados porque la gente mayor da una imagen rancia. En ese entorno, un asesor da la orden de agitar las banderas con propaganda cada vez que una cadena conecta en directo con el mitin. Todo es cuestión de imagen. Y casi todo vale para arañar unos votos. Antonio Sola —responsable de la consultora Ostos y Sola— es desde hace años el hombre que moldea las campañas electorales del Partido Popular. En sus manos se puso en junio de 2007 el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista por el PP al Parlamento Europeo. Los hombres de Sola realizaron un estudio con 1.700 encuestados para conocer las opiniones del electorado sobre el político vasco. La conclusión no fue buena: a Mayor Oreja se le ve muy de derechas.

El estudio, desvelado por el diario El País, realizaba una serie de recomendaciones sobre la estrategia a seguir para ganar los comicios. Entre ellas la siguiente: las elecciones europeas no deben plantearse como una moción de censura ni como una comparación entre Zapatero y Rajoy, porque volvería a ganar Zapatero. No hay que caer en una campaña nacional. Eso es lo que quiere Zapatero. Fue en 1952 cuando por primera vez un miembro de la Casta se dirigió a una agencia de publicidad para preparar su campaña electoral. El general Dwight Eisenhower visitó, como candidato a la Casa Blanca, la sede de la firma BBDO. La empresa, con delegaciones en todo el mundo, recibió el encargo de planificar sus apariciones televisivas. Así nació la mercadotecnia política, una disciplina que se ocupa de planificar la táctica y estrategia de las campañas electorales.

Desde entonces, numerosos autores han analizado el uso de técnicas de persuasión, posicionamiento de competidores o expectativas de consumo en cada campaña. De una forma muy básica, el juego electoral se centra en explotar las diferencias entre partidos y reforzar la simpatía del candidato sobre el mayor número posible de votantes, tal y como explica el profesor de la Universidad Complutense, Javier del Rey Morató, en su obra Democracia y posmodernidad.

En esencia, una persona es tan similar o tan diferente a otra como queramos pensar. Todo es subjetivo y depende de dónde pongamos el listón. Todos somos iguales según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O tan diferentes como queramos ser: tú eres negro y yo blanco, tú eres hombre y yo mujer, tú eres de Madrid y yo de Barcelona, tú hablas castellano y yo euskera, tú eres de izquierdas y yo de derechas, tú eres del PP y yo del PSOE…

Este juego de las diferencias es explotado hasta la saciedad por la clase política en su propio beneficio. Pero se trata de una estrategia dialéctica, un juego del lenguaje que nada tiene que ver con ideologías. Es todo mercadotecnia.

Ésta es la base, por ejemplo, de las reivindicaciones de los movimientos nacionalistas, que buscan una mayor financiación pública o incluso una independencia administrativa explotando constantemente las diferencias frente a otros grupos sociales o culturales por el mero hecho de pertenecer a un territorio concreto. En España basta citar el debate sobre la financiación de las autonomías para entender el proceso. Cada una de las comunidades autónomas ha ensalzado sus diferencias frente a las demás para justificar un incremento de financiación estatal. El País Vasco tiene su deuda histórica, Cataluña su actividad económica, Aragón la falta de inversiones, Melilla su posición estratégica… Siempre hay algo que justifica un trato diferente —y beneficioso— frente al resto.

El juego de las diferencias se aplica constantemente en las campañas electorales, y en todos los procesos que tienen que ver con la Casta, con un oscuro resultado: la sociedad española se ha polarizado y dividido en dos frentes: izquierdas y derechas, PSOE y PP, nacionalistas y no nacionalistas, buenos y malos, los tuyos y los míos, conservadores y progresistas… Lo peor de todo es que la presión de ambos grupos hace que todo el mundo se vea obligado a posicionarse, a tomar partido. Hay que estar a favor o en contra de la tesis oficial sobre el 11M, de un lado o del otro en la negociación contra ETA, arriba o abajo en el tema de los trasvases entre cuencas. No hay sitio para medias tintas. No hay escala de grises. Sólo hay militancia. Una militancia que redunda en beneficio de los principales partidos.

En junio de 2006 el nombre de Antonio Sola volvió a aparecer en los medios de comunicación. Esta vez el consultor español asesoraba al PAN, el partido conservador del presidente mexicano Felipe Calderón. Y allí, a miles de kilómetros de la calle de Génova, el asesor electoral del Partido Popular fue acusado de copiar al enemigo. El partido de Felipe Calderón realizó un vídeo para su candidato en el estado mexicano de Nuevo León prácticamente calcado de uno de los anuncios que el PSOE elaboró para José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales españolas de 2008.

Ambos vídeos —el del PSOE y el del PAN— mostraban a dos jóvenes que se levantaban de la cama por primera vez para ir a votar. En ambos, una hilera de parientes y amigos les empuja a pensar que todos los políticos son iguales, pero ellos se convencen de lo contrario. En la versión española la opción correcta es el progresista Rodríguez Zapatero. En la mexicana el político elegido es el conservador Fernando Elizondo. Dos caras de una misma moneda. Mientras Antonio Sola asesoraba a los conservadores mexicanos para las elecciones del 5 de julio de 2009, el equipo que ayudó a Zapatero a revalidar su presidencia en 2008 se encargaba de la campaña electoral del PRI, el partido mayoritario en México. Y fueron ellos quienes hicieron notar el sospechoso parecido entre los dos anuncios electorales. En cualquier caso, la conclusión es reveladora: un mismo mensaje sirve para promocionar ideologías totalmente contrarias. Así que poco importa ya el trasfondo político. Lo importante es que el candidato venda. Como las lavadoras.

 

Prohibido hacer preguntas incómodas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se dirigió solemne al patio gótico del Palau de la Generalitat, la sede del gobierno de la Comunidad Valenciana. Allí, en un edificio con más de quinientos años de historia, fue donde el líder de los populares valencianos dio sus explicaciones a los medios sobre los trajes que recibió de la red del empresario Francisco Correa. El vídeo grabado por Camps fue difundido al momento por las principales cadenas de televisión. Unas horas antes, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido archivar la causa contra él por cohecho.

La versión de Camps llegó a toda la ciudadanía con una particularidad: nunca hubo periodistas delante. Nadie pudo preguntar al presidente del Gobierno autonómico sobre las dádivas o sobre la decisión de la Fiscalía de recurrir el cierre de las investigaciones. Sólo salió al aire la versión diseñada por los asesores de comunicación de Camps. Ese día no había ruedas de prensa importantes en Valencia. Bastaba con una llamada para que representantes de todos los medios acudieran en manada. Pero no lo hicieron. Nunca hubo opción a réplica, debate o preguntas incómodas. La técnica de Camps no es ni mucho menos nueva.

De un tiempo a esta parte los miembros de la Casta han aprendido una lección: los periodistas sueltos, cuanto más lejos mejor. El tapón informativo comenzó con la moda de las ruedas de prensa en las que no se permiten preguntas. El político de turno llega, da su versión y se va.

Así no hay opción para meter dedos en la llaga. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, utilizó este procedimiento el 29 de junio de 2006 para explicar su postura ante las negociaciones del gobierno socialista y ETA. Poco después, Zapatero hizo lo mismo. El 25 de octubre de 2006 el presidente del Gobierno prohibió a los periodistas hacer preguntas en la presentación de Miguel Sebastián como candidato a la Asamblea de Madrid. Este método es el utilizado siempre por los portavoces de Batasuna y su entorno.

¿Cómo puede un político prohibir a la prensa hacer preguntas y justificarlo por el bien de la democracia? El 19 de abril de 2009 el ex ministro de Defensa Federico Trillo compareció ante los medios de comunicación. Y desde la sede nacional del Partido Popular, el actual responsable de Justicia del PP criticó la sentencia que condenaba a treinta y dos militares españoles —que en el momento de los hechos se encontraban bajo su responsabilidad— por los errores en la identificación de los cadáveres del Yakovlev-42 que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, cuando transportaba a sesenta y dos soldados. Tras la publicación de la sentencia, Trillo tenía muchas preguntas que contestar, pero no lo hizo. Llegó, dio su opinión sobre los hechos y se fue. Veni, vidi, vici, que diría Julio César. Lo mismo hizo su compañero de partido Alfredo Prada unos meses antes para explicar el espionaje político al que fue sometido. La moda de las ruedas de prensa sin preguntas ha generado el rechazo frontal de las asociaciones de periodistas e incluso la creación de un movimiento en contra en la red social Facebook. En tres días, cinco mil españoles se sumaron a la petición del periodista Carlos Hernández Echevarría para que los reporteros desertaran de convocatorias de este tipo. En abril de 2008 los directores de los principales medios de comunicación firmaron un comunicado a instancias del Col.legi de Periodistes de Catalunya y la Asociación de la Prensa de Madrid. El objetivo era frenar este tipo de prácticas tras su utilización por los principales partidos en la campaña electoral de las generales. El texto fue rubricado por los directores de ABC, El País, El Mundo, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, La Razón o Público. En este manifiesto se indica que las declaraciones sin preguntas «no merecen la comparecencia de periodistas. Sobra con la distribución de las mismas en los soportes posibles». Los miembros de la Casta se lo tomaron al pie de la letra. Y eso hicieron. El vídeo grabado por Francisco Camps tras su absolución judicial emula la estética de las ruedas de prensa, pero es sencillamente una declaración enlatada. A su intervención se sumó al día siguiente otra grabación similar, esta vez protagonizada por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. La secretaria de organización del PP arremetió contra el Gobierno.

El vídeo fue grabado en Marbella y mientras De Cospedal hablaba nadie le pudo solicitar pruebas de sus acusaciones. Nadie pudo preguntar absolutamente nada. No hubo opción. Dos días después fue el ministro de Fomento, José Blanco, quien anunció la decisión del PSOE de no negociar con su antagonista varios cargos de designación. Era la respuesta al boicot que el Partido Popular hacía a la toma de posesión de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta vez la declaración llegó de nuevo enlatada.

 

Tampoco hubo preguntas.

El afán de la clase política por controlar la información que difunden los medios ha llenado el sector público de asesores de prensa. Prácticamente cada departamento tiene el suyo. De forma oficial, su trabajo se basa en facilitar las relaciones entre la Casta y los medios de comunicación. En realidad, los jefes de prensa de la administración ejercen en muchos casos como filtros y tapones informativos.

Su función es más la de orientar el trabajo de los periodistas hacia un punto determinado y dilatar en la medida de lo posible la publicación de informaciones perjudiciales. Basta con solicitar datos oficiales, como los gastos de viaje del presidente del Gobierno o las sanciones impuestas por el Consejo de Ministros a los cargos de la administración que incumplen el Código de buen gobierno, para darse cuenta del proceso. Sólo hay que pedirlos y esperar sentado. Y esperar.

El 28 de julio de 2009 un periodista de Televisión Española fue duramente reprendido por el director de Comunicación del Ministerio de Trabajo, Manel Fran i Trenchs. Era martes y el titular de la cartera, Celestino Corbacho, acababa de terminar una rueda de prensa. Tras la intervención, el periodista abordó al ministro. El presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, acababa de instar al Gobierno a abrir de nuevo la mesa de negociaciones sobre la reforma del mercado laboral. Días antes Zapatero dio por rotas las negociaciones tras una guerra mediática con los empresarios. El periodista se acercó a preguntar al ministro una cuestión incómoda: ¿qué le parecían a Corbacho las declaraciones del jefe de la patronal? Tras la pregunta se produjo la siguiente conversación, grabada por las cámaras de Televisión Española:

Manel Fran—: Hemos tenido una rueda de prensa de una hora.

Periodista—: Ya, pero es que la noticia es ahora mismo.

M—: No, la noticia no es ahora mismo.

P—: La noticia es ahora mismo. Díaz Ferrán acaba de hablar hace diez minutos.

M—: Lo pides antes y lo gestionamos bien. Voy a quejarme, ¿eh? P—: Bueno.

M—: No. Voy a quejarme y lo has hecho mal. Muy mal. Es más: voy a pedir quién eres para evitar que vengas a este ministerio en la medida de lo posible.

Así que el reportero de Televisión Española, en lugar de preguntar directamente al ministro, que estaba a escasos metros de él, tendría que haber llamado al Gabinete de Prensa y esperar a que le dieran autorización para hacer una sencilla pregunta. Surge entonces una duda: ¿y si el gabinete de prensa no da el visto bueno? El incumplimiento llevó explicita una amenaza de veto que captaron las cámaras de televisión. Una frase lo resume todo: me he quedado con tu cara. Al día siguiente, el ministro de Trabajo pidió disculpas públicamente al periodista y aseguró que tenía las puertas abiertas de su ministerio. Queda por conocer si la postura oficial habría sido la misma si la amenaza no hubiera sido grabada ante las cámaras.

 

Quien domina la información, domina el mundo

Los telegramas confidenciales estaban reproducidos a todo color en la página 14 del diario ABC. No había duda: alguien había filtrado documentos secretos al periodista Luis Ayllón, que los publicaba en exclusiva en la edición del 25 de marzo. De arriba abajo, los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores pudieron ver en el diario varios telegramas cifrados, enviados por el embajador de España en la OTAN, Carlos Miranda. Cinco días antes el diplomático español se puso en contacto con la cúpula de Asuntos Exteriores. En sus misivas confidenciales el embajador explicaba la irritación de Estados Unidos y del secretario general de la OTAN. Jaap de Hoop Scheffer, tras la decisión de España de retirar las tropas de Kosovo. El 19 de marzo de 2009 el gobierno del PSOE anunció de forma unilateral su decisión de retirar el contingente español destacado en la zona balcánica. En total, seiscientos veintitrés soldados volverían a casa antes del verano. Un mes después el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, compareció ante el Congreso.

Y allí explicó que su gobierno había abierto una investigación para detectar al topo que filtró los documentos: «Produce rechazo, total rechazo, que telegramas cifrados sean publicados en la prensa nacional. Por lo tanto, tanto el Gobierno como el ministerio están tomando las medidas necesarias».

Hay una cuestión fundamental: ¿por qué tanto revuelo? ¿Acaso los españoles no tienen derecho a conocer las consecuencias diplomáticas de las decisiones del Gobierno? ¿No está bien que los votantes sepan que Estados Unidos se ha molestado con España o que hay malestar dentro de la OTAN? En realidad, aquellos telegramas desvelaban otra cortina de humo de la Casta. El 20 de marzo de ese año, un día después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunciara la retirada de las tropas españolas de Kosovo, compareció en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno. Desde Madrid, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que la decisión se había tomado «en el marco de la normalidad de las relaciones de España en el seno de la OTAN». La comparecencia de la número dos del Gobierno terminó con otra frase vacía de cara a la galería: «A partir de aquí, España seguirá estando donde se la necesite a favor de la paz, de las instituciones democráticas y de la solución pacífica y multilateral de los conflictos».

Ese día el gobierno español ya conocía el ferviente malestar que su decisión generó en varios países de la OTAN, y especialmente en Estados Unidos. Sin embargo; no consideró necesario comunicarlo al electorado. Era mejor vender una falsa imagen de cordialidad democrática. Una imagen rota únicamente por las filtraciones.

El acceso de la Casta a información confidencial hace que, en ocasiones, datos que son imposibles de obtener para los ciudadanos se hagan públicos con fines partidistas.

El 2 de junio de 2009 el ministro de Fomento, José Blanco, acudió a un mitin electoral en Barcelona. La campaña de las elecciones europeas estaba en su recta final y todavía sonaban ecos del cañonazo lanzado por el PP al acusar a Zapatero de utilizar aviones del Estado para acudir a los actos electorales del PSOE. En contrapartida, José Blanco habló. Y frente a quinientos simpatizantes reveló que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, tenía asignados medio centenar de escoltas para garantizar su seguridad. Un gasto demasiado elevado, estimó: «Cincuenta sueldos nos cuesta el ex presidente».

¿Qué pasaría si un ciudadano normal llamara al Ministerio del Interior para interesarse por el dato? No se lo darían bajo ningún concepto. Así de sencillo. Sin embargo, si Blanco revela en plena campaña la cantidad de escoltas de Aznar, será porque es información de acceso público. ¿O no? Parece lógico que esos datos sean confidenciales, aunque sólo sea por cuestiones de seguridad, pero nadie ha sancionado o reprendido en forma alguna al alto cargo socialista. Días después, el político gallego aseguró que aquellas no eran cifras oficiales, sino un cálculo personal. Qué casualidad. Tiene buen ojo el ministro, porque lo clavó. Tampoco reveló José Blanco que al líder del PP le escolta exactamente la misma cantidad de agentes que al ex presidente de su partido, Felipe González.

 

 EL PRECIO DE LA DEMOCRACIA

 

 Así se reparten cada año los partidos 184 millones de euros del bolsillo del contribuyente

La situación era tensa, muy tensa. El submarino nuclear USS Alabama tenía órdenes de patrullar por el océano Pacífico y estar disponible ante un posible ataque preventivo. Un grupo de ultranacionalistas rusos había tomado una base militar repleta de misiles nucleares y amenazaba con lanzarlos contra Estados Unidos. Al mando del submarino, el capitán Frank Ramsey recibe la orden de atacar con sus misiles territorio enemigo. La información de los satélites indica que los terroristas han armado varias cabezas nucleares y se preparan para su lanzamiento.

Sin embargo, una segunda orden llega al submarino, aunque está incompleta. Nadie sabe lo que dice y el USS Alabama tiene las comunicaciones cortadas para evitar ser detectado por el enemigo. ¿La primera orden sería un error? ¿Habría que abortar el ataque? ¿Hay que lanzar o no los misiles? Acabar con los terroristas y comenzar una guerra nuclear… El dilema llena de gritos el puente de mando.

El capitán Ramsey discute la decisión con su segundo. El capitán de corbeta Ron Hunter se muestra contrario a iniciar el ataque, pues no hay confirmación absoluta y los riesgos son muy altos. Al final, el oficial de menor rango recuerda al jefe de la nave que tiene que haber unanimidad entre ellos para lanzar los misiles nucleares, y sus votos son contrarios. La respuesta llegó en privado: «Hemos venido aquí a defender la democracia, no a practicarla».

La frase, pronunciada en la película de 1995 Marea roja, ha quedado como axioma de la función que cumplen muchos cuerpos de seguridad frente al Estado. El ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional son cuerpos piramidales, autoritarios y con un mando centralizado. Y, sin embargo, son utilizados para mantener el orden dentro de la sociedad, el orden democrático. Son fuego para luchar contra el fuego.

Esta contradicción es también aplicable a la clase política española. Ellos también defienden la democracia, pero en muchos casos no la practican. A lo largo de este libro hemos analizado cómo la Casta se blinda, legisla en ocasiones a su favor, obliga a sus miembros a mantener una disciplina interna, coloca a su cantera, se financia de forma oficial e irregular y controla asignaciones de la sociedad que no son de su competencia, como la banca o la justicia. Son un grupo homogéneo y endógeno. Y su democracia no es siempre la democracia del Estado.

Como organizaciones independientes, el PP, el PSOE, Izquierda Unida, los grupos nacionalistas, los partidos locales o los distintos parlamentos, todos persiguen objetivos propios que no se identifican necesariamente con el fin común de todos los españoles. Unas veces quieren poder, otras dinero y otras simplemente notoriedad. Y son esas peleas internas, esos objetivos particulares de cada partido, e incluso de cada persona dentro del partido, las que llevan a la Casta a cometer sus principales abusos. Es ahí cuando la política se pone al servicio del político.

¿Cuánto cuesta al año este sistema? ¿Cuánto dinero reciben los partidos políticos del Estado para funcionar? La Casta ingresa 184,7 millones de euros al año en subvenciones, entregadas desde el gobierno estatal, las administraciones autonómicas, las Cortes Generales, las diputaciones y los ayuntamientos. Un dinero que mantiene la columna vertebral del sistema.

Según los datos oficiales presentados por el Tribunal de Cuentas, el Partido Popular es la formación que más dinero público recibe, con 62,4 millones de euros, seguida del PSOE, que acumula 3 millones de euros menos. Lejos de estas cifras están Izquierda Unida y Convergéncia i Unió, que rondan los 7 millones de euros. La diferencia entre ambas está en que el partido nacionalista acapara la mayoría de su financiación —hasta 5 millones de euros— del parlamento y las diputaciones de Cataluña, donde ejerce mucha más influencia y forma parte de los equipos de gobierno.

Todos los partidos políticos tienen la obligación de rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos al Tribunal de Cuentas, pero el organismo, dependiente de las Cortes Generales, lleva cierto retraso. Tres años en concreto. Así que en la actualidad sólo se pueden conocer las cuentas presentadas por PP y PSOE en 2005.Y encima están incompletas porque la mayoría de los partidos evita informar sobre las cuentas de muchas de sus agrupaciones locales, que gestionan la mayoría de sus gastos. Es una maraña donde los datos concretos se difuminan. Y la falta de información siempre beneficia a los mismos.

Entre las maniobras financieras de los partidos políticos hay de todo: extensas deudas con entidades financieras, falta de información, omisión de entregas y subvenciones, inversiones cuestionadas, altas donaciones anónimas… Todo vale para seguir amasando. Como ejemplo, los galleguistas del BNG se llevaron una grata sorpresa al ver que su número de la lotería de navidad en 2004 terminaba en cero, igual que el primer premio. Les había tocado el reintegro: 20 euros por cada décimo. Sin embargo, la mayoría de la gente no reclamó la devolución del dinero al partido. El BNG cobró los décimos y se embolsó así 22.300 euros para su funcionamiento. Otro ejemplo: los nacionalistas de Coalición Canaria se olvidaron en sus cuentas de presentar una ayuda de 1 millón de euros concedida por el gobierno local y otros 831.870 euros procedentes de los ayuntamientos. Curioso olvido para una formación que ingresa sólo 22.000 euros por las cuotas de sus afiliados. La formación vasca Eusko Alkartasuna, que recibe 2,3 millones de euros de la administración, ha colocado las sedes de su partido, valoradas en 1,5 millones de euros, a nombre de la Fundación Elkartu S. A. Por su parte, Izquierda Unida ha sido señalada por presentar sus cuentas incompletas de forma reincidente. En el último informe faltan los datos de Madrid y Valencia, además de muchas corporaciones locales y de su delegación en el Parlamento Europeo.

Los auditores del Tribunal de Cuentas constatan, por ejemplo, que la mayoría de los partidos políticos deriva a su propia actividad las subvenciones entregadas por las diputaciones, las asambleas autonómicas o las Cortes Generales, lo que va en contra de la normativa. El Congreso de los Diputados da dinero a los partidos para mantener su actividad parlamentaria, no para que lo gasten en pagar sedes locales, anuncios publicitarios o trabajadores externos. Para eso ya reciben una subvención estatal, dependiente del Ministerio del Interior. Pero nunca es suficiente. Como era de esperar, ningún partido político ha sido sancionado nunca por este motivo.

El Partido Socialista también ocultó información a los auditores en 2005. El PSOE no aportó datos sobre muchas de sus delegaciones locales y de sus gastos en el Parlamento Europeo. Los socialistas son el grupo que atesora mayor patrimonio, con 94 millones de euros inmovilizados. Tienen además 23.000 euros invertidos a largo plazo y casi 500.000 euros en depósitos. Según sus cuentas, los socialistas ingresan al año 4 millones de euros en servicios externos, que pueden deberse, por ejemplo, a la venta de artículos publicitarios. También reciben 15 millones de euros por donaciones y cuotas de sus afiliados.

En 2005 el Partido Popular tenía 10 millones de euros en efectivo ingresados en varias cuentas, gastaba 1 millón de euros en informes y estudios, 4 millones en alquileres, 1,2 millones en transporte, más de 6 millones en publicidad y casi 20 millones en salarios. Ésta es con mucho la partida más alta de su presupuesto, al igual que sucede en el resto de los partidos. Entre sus ingresos, el PP financia menos de un 15 por ciento de su actividad gracias a las cuotas de sus abonados y los donativos, que suman juntos 13 millones de euros, frente a los 56 millones que recibe del Estado. Para rentabilizar su dinero, el partido conservador, que tiene una deuda con las entidades bancarias de 16 millones de euros, colocó en 2005 un total de 1,2 millones en renta fija a corto plazo y otros 30.000 euros en adquisiciones de deuda pública. Las filas de Mariano Rajoy ingresaron ese año más de 3 millones de euros en donaciones anónimas. Un dinero que llegaba al PP sin nombre ni apellidos.

El problema venía de, lejos. En 2001 el Tribunal de Cuentas ya advirtió que las donaciones anónimas eran una importante vía de irregularidades para los partidos políticos. En esencia, eran imposibles de controlar. El organismo elaboró una serie de recomendaciones para mejorar la Ley de Financiación de Partidos, pero no fueron atendidas. Durante años no hubo acuerdo. Mientras PSOE, Izquierda Unida y Esquerra Republicana se mostraron a favor de prohibir este tipo de regalos entregados por una mano negra, el PP y los nacionalistas del PNV y CiU se negaron. Según su propia contabilidad, este último partido recibía al día 5.500 euros de forma opaca desde hacía doce años. El segundo en la lista, con 3.700 euros diarios, era el PNV. Y el tercero, tanto en recaudar fondos como en rechazar la propuesta, fue el Partido Popular. Otra casualidad.

En 2005 el entonces presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, apostó incluso por retirar la financiación pública a los partidos políticos al considerar que no se encontraban dentro del sector público y que respondían a sus propios intereses. Nieto definió a la perfección en un foro económico los problemas de subvencionar a los partidos: «Donde hay financiación pública hay jerarquía, hay burocracia y hay falta de participación».

Al final, la clase política española tardó seis años en alcanzar un acuerdo y prohibir las donaciones imposibles de rastrear. La medida se incluyó en la ley sobre financiación aprobada en 2007. Desde entonces, todos los regalos de dinero que se hacen a los partidos tienen que ir identificados por el nombre o la empresa donante, y los datos tienen que quedar certificados oficialmente por una entidad bancaria. Todavía no se conocen oficialmente los efectos de esta medida sobre la contabilidad de los partidos, ya que el Tribunal de Cuentas aún tiene por delante la fiscalización de los años 2006 y 2007.

 

Cada español debe 566 euros a los bancos por culpa de los ayuntamientos

Los ayuntamientos suponen la mayor fuente de financiación de los partidos políticos. Son ellos quienes aportan el 78 por ciento del dinero público que reciben los partidos, y por eso es tan importante controlarlos. La regla es sencilla: cuantos más ayuntamientos controles, más dinero recibes. Llama la atención que sea esa parte de la contabilidad —la que explica los gastos y atribuciones de las asociaciones locales— la que se omita de forma sistemática al Tribunal de Cuentas, cuando es la que más dinero mueve. Ésa es la primera línea de fuego, ya que los ayuntamientos son las instituciones que están más cerca del ciudadano. Sus decisiones afectan de forma directa a los votantes. Cualquier obra, cualquier subida de impuestos, cualquier mejora en infraestructuras o cualquier gasto en las fiestas patronales sirve para modificar la imagen de un partido frente a aquellos que tienen que darles su confianza cada cuatro años en las elecciones.

En la mayoría de los casos el dinero que los partidos reciben de los ayuntamientos es tan importante que supera ampliamente las subvenciones estatales. Y no hay un baremo para repartirlo. El Ayuntamiento de Madrid, el municipio más poblado de España, destina 587.000 euros a pagar el funcionamiento de sus partidos políticos. Pero Jaén, con muchos menos habitantes, gasta casi lo mismo: 532.000 euros. El Ayuntamiento de Barcelona se lleva la palma y gasta más de 2 millones de euros en financiar a la Casta. No hay nadie que invierta tanto y no hay manera de ponerle freno, ya que cada consistorio es independiente a la hora de fijar sus presupuestos. ¿Cómo puede ser que los partidos de Madrid necesiten cuatro veces menos dinero que los de Barcelona para ejercer su actividad? Recordemos además que ese dinero es para mantener el trabajo municipal, no para que los partidos lo destinen a trabajos fuera del ayuntamiento. Parece claro que no se utiliza para tal fin, sino para garantizar una presencia potente en otros ámbitos de la vida pública.

La financiación hinchada de ciertos partidos se da también en las asambleas regionales y los parlamentos autonómicos, que donan 56 millones de euros al año. El Parlament de Catalunya es la entidad que más dinero aporta, con 15 millones de euros que se reparten todos los partidos políticos con representación en su hemiciclo. La cifra es cinco veces superior al dinero que entrega la Comunidad de Madrid, algo más de 3 millones de euros. El Parlamento de Andalucía, el segundo en esta lista, aporta a sus partidos políticos más de 9 millones; y 3 millones el Parlamento Vasco, que también cuenta entre sus filas con formaciones de marcado carácter nacionalista, pero se mantiene en la media del Estado

La gestión que la Casta ha realizado de los ayuntamientos los ha convertido en las instituciones públicas más endeudadas del país, lo cual tiene una causa partidista. Cuando un partido político llega a la alcaldía comienza un proyecto de cuatro años que suele contener obras faraónicas, obras que comprometen el presupuesto municipal durante varios años: el palacio de Congresos de Vigo, el velódromo de Palma de Mallorca o el soterramiento de la M30 en Madrid son algunos ejemplos.

El problema viene cuando, con las elecciones, llega un nuevo equipo a la alcaldía y ese equipo pone en marcha su propio proyecto, con nuevas obras megalómanas que mejoren la ciudad y ensalcen al partido frente al electorado. Como el presupuesto municipal es limitado y además suele estar comprometido por obras anteriores, el partido entrante suele optar por la única fuente de financiación directa y efectiva con que cuentan las corporaciones locales: los convenios con constructores.

La ley establece que los ayuntamientos tienen derecho al 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo de cada terreno que se recalifica. Y eso es mucho, mucho dinero. Basta con mirar por encima la recalificación del viejo estadio del Valencia para entenderlo. El ayuntamiento de la ciudad del Turia recibirá unos terrenos valorados en 70 millones de euros sólo por autorizar la construcción de viviendas donde ahora está el campo de fútbol de Mestalla, que ocupa un par de manzanas en el centro de la ciudad. La misma regla se puede aplicar en cualquier otro proyecto urbanístico para entender la lluvia de millones que riega los ayuntamientos. O los regaba, hasta la llegada de la crisis en el sector del ladrillo.

La capacidad de los ayuntamientos para recaudar dinero con las recalificaciones ha sido un arma de doble filo. Por un lado, los ha convertido en pieza clave de las inversiones públicas y en grandes generadores de empleo. Pero, por otro, las corporaciones locales han protagonizado constantes y cuantiosos escándalos. El ejemplo de Marbella es el más evidente. Allí el ayuntamiento tuvo que ser intervenido por el Estado en marzo de 2006, con el inicio de la Operación Malaya. En los casos más modestos, los gobiernos locales se han acostumbrado a manejar un presupuesto muy por encima de los fondos que les asigna el Estado. Y claro, cuando la gallina de los huevos de oro muere, el consistorio queda estrangulado.

El frenazo de la construcción ha dejado a muchas corporaciones locales en quiebra técnica y sin posibilidades de pagar siquiera las nóminas de sus trabajadores. El endeudamiento de los ayuntamientos es tan grande que cada español debe, sin saberlo, 566 euros a los bancos por la falta de liquidez de estos organismos. A la cabeza del gasto municipal se encuentra Madrid, con 7.000 millones de deuda según datos del Ministerio de Economía. La capital del país debe más dinero que Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla juntas.

A la luz de todo lo que hemos dicho hasta el momento, en este mundo de intereses encontrados, de pasiones encendidas y de dinero ajeno gastado con ligereza, es normal que Mariano Rajoy se quedara en blanco cuando aquella pensionista navarra le interpeló sobre su abultado sueldo en el programa Tengo una pregunta para usted. La cuestión era sencilla, pero la respuesta era complicada, muy complicada. Como todo lo que atañe a la Casta.

 

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