Por: Milagros Avedillo.
Cuando se recupere la normalidad tras el coronavirus, las inversiones en la economía social y verde movilizarán ingentes cantidades de recursos.
Cambiar el modelo de crecimiento económico intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero supondrá una inversión en infraestructuras energéticas, de transporte y de gestión de residuos estimada en unos 180.000 millones de euros al año hasta 2030 solo en Europa. La descarbonización del transporte en 2050 exigirá además la sustitución de vehículos de combustión y toda la logística de recarga, con inversiones adicionales estimadas entre 1,19 y 1,48 trillones desde 2021 hasta 2050. Solo en España, el Ministerio de Transición Ecológica cifra estas necesidades de inversión en 20.000 millones de euros para el periodo de 2020 a 2030. Naturalmente, esta inversión no puede sufragarse solo por el sector público.
Será necesario involucrar a inversores privados y al sector financiero, cuyo papel debe cobrar un enorme protagonismo para canalizar capital hacia la transición ecológica. La transformación ofrece enormes las posibilidades también en términos de empleo en un escenario de ralentización de las economías europeas azotadas, además, por una nueva coyuntura muy complicada en los próximos meses. Así, en la cop 25 y previamente en diversos foros, los ministros de economía y finanzas europeos no han dudado en ponerse a la cabeza del pacto europeo verde, el Green New Deal, cuyo objetivo es descarbonizar completamente la economía europea en el año 2050. ¿Es preciso actuar en el área de las finanzas para atender las inversiones de la economía social y verde? Los primeros 20 años del siglo XXI no dejan lugar a dudas.
Se han marcado récords de contaminación, degradación de los recursos naturales, pérdida de biodiversidad o aumento de los residuos, donde el plástico es el máximo exponente. Tras años de inacción, ahora, además, son urgentes las medidas de adaptación al proceso de calentamiento, como la desertificación, las catástrofes naturales o la falta de agua. La financiación de proyectos sostenibles presenta fallos de mercado. Estos fallos se relacionan con el horizonte de los riesgos del cambio climático, pues al ser de muy largo plazo no resultan medibles y las empresas no los incorporan como un peligro veraz para su actividad. Además, ha fallado la sensibilización, de modo que la sociedad no ha mostrado suficiente interés en colocar ahorro en actividades dirigidas a mitigar el impacto medioambiental y de la desigualdad. Como resultado la rentabilidad de mercado de proyectos sostenibles no ha despertado el apetito del sector financiero
PROYECTOS SOSTENIBLES
Hoy la situación ha cambiado. En 2018, se emitieron en España 5.000 millones de euros en bonos sostenibles. BBVA y Banco Santander colocaron otros 1.000 millones de euros en una sola emisión y en 2019 el importe global ascendió al entorno de los 170.000 millones. Y es que el horizonte del cambio climático está mucho más cerca, ya no es una amenaza de largo plazo sino un problema inminente del que alertan todos los organismos internacionales sistemáticamente en sus informes. Además, la sostenibilidad ha trascendido a la sociedad y forma parte del decálogo de valores de las empresas y de las líneas maestras de la responsabilidad social corporativa (Rsc).
En escasos años han emergido varios fondos de inversión con un enorme apetito por proyectos socialmente sostenibles cuya prima de rentabilidad no es solo económica, sino también social. Pero no es suficiente. La Comisión Europea quiere nuevas reglas de juego que aceleren el calendario de la descarbonización del Green New Deal a través de las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles giran en torno a tres ejes: uno, más capital en inversiones sostenibles. Dos, más sensibilidad del sector financiero hacia los riesgos climáticos. Tres, más claridad sobre la definición de sostenibilidad. La Comisión Europea se ha puesto manos a la obra. Tiene previsto que el nuevo presupuesto europeo 2021-2027 aumente las garantías a los bancos que inviertan en proyectos sostenibles. De hecho, el Banco Europeo de Inversiones espera dedicar un 50 % de su cartera al objetivo climático ya en 2025. Obviamente, hoy estas previsiones deberán subordinarse a las medidas para contener el impacto del covm19, de extrema urgencia en este momento.
La integración de los riesgos climáticos en la banca se logra fundamentalmente rebajando el coste de capital de la banca cuando interviene en proyectos sostenibles y, sobre todo, aportando garantía europea. Si los requisitos de capital caen, el coste de invertir resulta mucho más rentable y atractivo y se deriva mucho más capital a la inversión climática. Se trata de aliviar a la banca de parte de las regulaciones prudenciales que han ido imponiéndose tras las crisis bancarias del 2008 cuando entren en proyectos sociales y medioambientales, sin deteriorar la solvencia. Se establecerá una definición armonizada de «lo verde» a partir de la taxonomía para dar señales que permitan medir el riesgo climático de las inversiones. Con ello se resuelve uno de los principales problemas para atraer inversión a estos proyectos.
En esencia, la clasificación de los proyectos sostenibles se basa en tres principios: i) debe mejorar el cambio climático o la protección de la biodiversidad, circunscribirse a algún sector como aguas, residuos, mares o prevención de la contaminación ii) no puede repercutir negativamente en la sostenibilidad de otros sectores (principio de «do no harm») (iii) debe ayudar a mejorar el impacto de procesos productivos.
En general, los bancos más avanzados en la comercialización de bonos verdes opinan que cuanto más acotada sea la taxonomía, más fácil resultará derivar capital hacia las finanzas sostenibles y que una definición laxa no resolverá los problemas de transparencia que hoy en día persisten para garantizar la sostenibilidad de las inversiones.
UNA OPORTUNIDAD FRENTE A LOS CAMBIOS
Las finanzas sostenibles acaban de despegar y todo apunta a que van a integrarse en la industria de la banca y de los seguros en muy pocos años. Es una gran oportunidad para sobrevivir además frente a los cambios tecnológicos que amenazan crecientemente su actividad. Ya todas las autoridades bancarias han internalizado el cambio climático en su discurso y se plantean incorporarlo en sus análisis macro prudenciales, los que guían la supervisión de la banca. Para los gobiernos, las finanzas sostenibles son una oportunidad de movilizar inversión y relanzar el crecimiento económico con grandes programas de inversiones. En abril de 2019 se creó la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática.
Fue en Washington, en el marco de las Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La Coalición agrupa a prácticamente todos los Ministros de Economía en Europa con un objetivo común: transformar la economía climática y crear nuevas oportunidades de negocio de crecimiento y empleo en los próximos años. Se trata una oportunidad única para combinar crecimiento y sostenibilidad de una sola vez. Está por ver si los recientes episodios ligados al coronavirus otorgan espacio a esta nueva línea de políticas, cuando lo urgente deje paso a las cuestiones estructurales y volvamos a la normalidad económica
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