Autor: Paul Preston
En España la indignación pública por el escándalo de Bankia aumentó cuando se supo en octubre de 2014 entre 2003 y 2012, los directivos de Caja Madrid y Bankia habían disfrutado del uso de tarjetas de crédito «negras» que habían utilizado para gastos personales opacos fiscalmente, por un total de 15,5 millones de euros
Además de los salarios y las cuentas de gastos vinculados a sus actividades profesionales, las tarjetas se usaban para viajes, actividades de ocio, ropa y, retiradas de efectivo. Por ejemplo, Rodrigo Rato había gastado 54.800 euros y Miguel Blesa, anterior presidente de Caja Madrid, 436.700 en febrero de 2017, sesenta y cinco miembros de los consejos de administración de ambos bancos fueron condenados a un total de 120 años de prisión, con Blesa a la cabeza de la lista con seis años, seguido de Rato con cuatro años y medio. Blesa se suicidó en julio de 2017.
La crisis de Cataluña, pese a su creciente gravedad, no creó la debida alarma porque la atención de los medios se centraba en los vínculos entre el jefe del Estado y la corrupción. El tabú que solía inhibir las críticas públicas a la monarquía dejó de funcionar después de 2007.
De hecho la crisis económica y la reducción del Estado del bienestar provocaron que diputados del PNV y de ERG empezaran a hacer preguntas hostiles sobre el presupuesto de la Corona.
El desencanto con la monarquía se extendió durante la crisis económica posterior a 2010 como parte del resentimiento general por la corrupción.
El 8 de mayo de 2010, Juan Carlos se sometió a una operación de pulmón que al principio se creyó que era cáncer. Fue el comienzo de un deterioro progresivo de su salud que incluyó intervenciones para implantarle prótesis de rodilla y cadera. La posición del rey empeoró en 2012 con la investigación de los negocios fraudulentos de su yerno Iñaki Urdangarín.
La situación se agravó aún más después de que el monarca se lesionara a consecuencia de una caída durante una cacería de elefantes en Botsuana en abril de 2012, lo que provocó críticas vehementes, entre otras cosas porque destapó su relación con la empresaria germanodanesa Corinna Larsen, de cuarenta años de edad, que le acompañaba en aquel viaje.
Se habían conocido en febrero, del 2004, cuando Corinna aún estaba casada con el príncipe Casimiro zu SaynWittgenstein, de quien se divorciaría al cabo de poco.
En el texto de crisis económica, con un paro superior al 25 por ciento, la ausencia del rey de España por estar en un safari con una relación adúltera a causó un tremendo daño a su popularidad.
Con el creciente sentimiento prorrepublicano, el «caso Urdangarin afectó aún más a la credibilidad de la monarquía. El escándalo fue provocado por el papel de la familia real en la empresa consultora de Urdangarín, teóricamente sin ánimo de lucro, llamada Instituto Nóos. En 2004, Urdangarín, que a raíz de su matrimonio con la infanta Cristina había recibido el título de duque de Palma, era el director del Instituto Noos; del que su esposa figuraba como administradora.
Entre 2004 y 2006, Urdangarín y su socio, Diego Torres, organizaron eventos por los cuales percibían honorarios astronómicos. Su papel se descubrió inicialmente en el marco del famoso caso de corrupción del Palma Arena, en el que estaba implicado el expresidente del PP en Baleares, Jaume Matas.
La investigación reveló que, gracias a la percepción de la influencia real de Urdangarín y sin mediar concurso público alguno, el Instituto Nóos había recibido cantidades ingentes de dinero público en Baleares y la Comunidad Valenciana por servicios ficticios o escandalosamente caros: dos conferencias en 2005 y 2006 sobre turismo y deporte para el llamado «Illes Balears Forum» costaron más de un millón de euros cada una.
Los gastos facturados incluían ochenta mil euros por «cuatro almuerzos, tres cenas y seis coffee breaks» para los asistentes.
Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana, la Generalitat y el Ayuntamiento pagaron más de tres millones de euros por la organización de tres congresos «Valencia Summit» sobre las ventajas para las ciudades de acoger eventos deportivos, cuando el coste real de cada congreso era de apenas cien mil euros.
Según las autoridades fiscales, el Instituto Nóos y empresas vinculadas a este facturaron al menos 16 millones de euros a diversas entidades públicas y privadas, y casi el 40 por ciento de sus beneficios procedían de las arcas públicas.
Los documentos incautados a Nóos revelaron que grandes cantidades de dinero habían sido desviadas a paraísos fiscales como Belice.
En 2005, Urdangarín y su esposa compraron una residencia de lujo en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes por 6 millones de euros, lo que despertó sospechas sobre el desvío de fondos públicos a través de Nóos. La Casa Real estaba lo suficientemente preocupada por la probidad de Urdangarín como para organizar un exilio de oro para él y su familia en Washington, como representante de Telefónica, en abril de 2009, con un salario de un millón de euros.
En junio de 2011, el socio de Urdangarín, Diego Torres, fue imputado y el 7 de noviembre los fiscales anticorrupción registraron la sede del Instituto Nóos en Barcelona. Al cabo de dos días, tanto Torres como Urdangarín fueron acusados de falsificación documental, fraude y malversación de caudales públicos.
En abril de 2012, después de que Urdangarín rechazara participar en una estrategia común de defensa, el desairado Torres comenzó a publicar correos electrónicos comprometedores de su exsocio. Dichos correos, publicados a lo largo de los meses siguientes, insinuaban que el rey había ayudado a Urdangarín a conseguir contratos y revelaban que Corinna zu SaynWittgenstein estaba involucrada en la organización de los Valencia Summit.
En una célebre entrevista con a periodista Ana Romero, Corinna negó estar involucrada en Nóos, pero reconoció que el rey le había pedido que le consiguiera trabajo a Urdangarín en el mundo del patrocinio deportivo internacional en el que ella se movía.
Cuando se imputó a la infanta Cristina, la Casa Real decidió dejar que Urdangarín se defendiera por su cuenta. La estrategia de la defensa de Cristina fue que ella no sabía nada y que había actuado cegada por el amor por su marido.
La inquietud que todo esto provocó al rey se puso de manifiesto en su mensaje de Navidad de 2011. En respuesta a las recientes críticas de la izquierda y de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos habló de corrupción, sin mencionar a Urdangarín, y afirmó que la justicia era igual para todos.
El 29 de diciembre de 2011, Urdangarín fue acusado formalmente de prevaricación, malversación de fondos, fraude a la Administración y evasión fiscal. En junio de 2018, fue condenado cinco años y diez meses de cárcel.
El daño a la Corona fue inmenso.
El rey tuvo que consentir que acusaran a su hija en aras de la supervivencia de la monarquía.
Cada vez parecía más evidente que el monarca había dilapidado el enorme capital político que había acumulado entre 1975 y 1982. El sentimiento republicano iba en aumento, sobre todo entre los menores de 35. Años.
Sin embargo, en la primavera de 2012, pareció que la reacción firme, aunque tardía, al caso Urdangarín empezaba a remediar la situación Irónicamente, el 14 de abril, en el 81. ° aniversario de la proclamación de la Segunda República, estalló la mencionada crisis en la que el rey tuvo que ser operado de una triple fractura de fémur con implante de prótesis de cadera derecha como resultado de su caída en Botsuana.
Sus actividades cinegéticas ya habían provocado la indignación de los animalistas, así como preguntas de los diputados del PNV y del ERC por su elevado coste, en un momento de recortes en los presupuestos de salud y de educación.
En realidad, los 750.000 euros que había costado la cacería de Botsuana los pagó un amigo saudí del monarca, aunque esta información carácter relativamente positivo quedó eclipsada por la revelación de la acompañante de Juan Carlos. Cuando se conocieron, Corinna trabajaba para Boss & Co, fabricantes de armas a medida de Londres, organizando safaris de lujo para clientes ricos.
En 2006, Corinna abrió su propia empresa de consultoría, Apollonia Associates, que organizaba el patrocinio de acontecimientos deportivos de alto nivel. Los elefantes y la princesa alemana se conjuraron para reventar el dique mediático que había protegido hasta entonces la vida privada del rey.
Durante años, los rumores sobre las dificultades de su matrimonio con la reina Sofía habían ido erosionando la popularidad de la monarquía. A medida que el rey estrechaba su relación con Corinna, su trato hacia Sofía se volvía más hostil, hasta a punto de que, al parecer, oyeron al monarca decir, refiriéndose a su esposa: «No puedo soportarla. La odio».
El doble escándalo de la cacería Botsuana y el adulterio intensificaron las críticas. El presidente del PNV Iñigo Urkullu, declaró que estaba «estupefacto y abochornado» por comportamiento del rey y denunció la cacería de Botsuana como frivolidad absoluta».
La UGT y Comisiones Obreras calificaron el viaje de inoportuno y exigieron explicaciones. El 30 de mayo de 2012, la ERC y BNG se unieron en las Cortes para pedir una comisión de investigación que estableciera mecanismos de control parlamentario y trasparencia sobre las actividades públicas del rey y la familia real.
Junto con las críticas a la irresponsabilidad de la aventura de Botsuana y de Urdangarín, circulaban chismes y cotilleos sobre el deterioro de la situación matrimonial del monarca.
Los reproches más ásperos concernían a la relación de Juan Carlos con Corinna y al hecho de que ella lo acompañara menudo en viajes al extranjero, en los que a veces asumía funciones oficiales e incluso estaba en posesión de un pasaporte diplomático.
Durante su estancia en el hospital, el rey y sus asesores se vieron muy afectados por la ola de críticas públicas y estos últimos aconsejaron al monarca que se dirigiera a la nación. Así pues, cuando Juan Carlos salió de la clínica, las cámaras de televisión le esperaban.
Pronunció unas palabras jamás oídas de los labios de cualquier jefe de Estado español, real o republicano: «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir».
Su arrepentimiento facilitó que el Gobierno, el PP, el PSOE y CiU le manifestaran su apoyo.
La primera vez que se mencionó oficialmente a Corina fue cuando se dijo a los periodistas: «Don Juan Carlos mantendrá a partir de ahora una mayor discreción con respecto a las amistades personales que le acompañan en sus actividades particulares y desplazamientos.
No obstante, añaden fuentes oficiales, el rey no renunciará a esas amistades, que incluyen la estrecha relación que desde hace años mantiene con la princesa alemana Corinna zu SaynWittgenstein, empresaria y organizadora de safaris, que también acompañaba al Monarca en la cacería de Botsuana».
En septiembre de 2013, Corinna declaró a un periodista estadounidense que el rey y ella habían sido amantes, pero ahora eran «amigos íntimos.
Algunas personas no entienden que en un momento dado meden suceder cosas que luego se acaban, pero la amistad no se acaba».
En paralelo a su popularidad, la salud de Juan Carlos también se deterioraba. En noviembre de 2012, le implantaron una prótesis en la cadera izquierda; en marzo de 2013, sufrió una hernia de disco y a los seis meses volvió a ingresar en el hospital cuando se le infectó la prótesis de la cadera izquierda.
Se desataron las especulaciones sobre la necesidad de que el rey abdicara no solo por sus problemas de salud, sino también porque la crisis económica se consideraba una prueba de la incompetencia y corrupción de la clase política de la que Juan Carlos era la piedra angular.
El 5 de enero de 2014, cuando el rey cumplía setenta y seis años, El Mundo publicó una encuesta que indicaba que el 62 por ciento de la población estaba a favor de que abdicase. El 6 de enero, posiblemente con resaca después de un viaje a Londres, que apenas pudo completar su discurso en la celebración anual de la Pascua Militar.
Al día siguiente, 7 de enero, Cristina fue imputada. Ante esta sucesión de desastres mediáticos, Juan Calos comenzó a sopesar la abdicación y se dejó aconsejar por Felipe González.
Había cierta inquietud, porque solía decirse que España era más juancarlista que monárquica, y se temía que su marcha supusiera el fin de la monarquía.
Un artículo de Santos Juliá en El País tuvo una gran influencia tanto en la opinión pública como en el propio rey.
Convencido de que tenía pocas posibilidades de recuperar la popularidad que debía ser la base de la supervivencia de la Corona, o simplemente demasiado cansado como para intentarlo, Juan Carlos decidió pasar página y dar a su hijo Felipe VI la mejor oportunidad de permanecer en el trono durante mucho tiempo: abdicó el 2 de junio de 2014.
Posteriormente, su imagen se vio aún más empañada por la publicación julio de 2018 de grabaciones de una conversación que había tenido en Londres en 2015 entre Corinna, Juan Villalonga y el siniestro expolicía José Manuel Villarejo.
El corrupto Villarejo había amasado una fortuna con el blanqueo de capitales y el chantaje, en el curso de operaciones turbias para clientes privados y públicos. Corinna, que luego afirmó que no sabía que la estaban grabando, dijo que Juan Carlos le había pedido que se casara con él. También hizo revelaciones comprometedoras sobre los negocios del monarca. Corinna afirmó que este había fomentado las actividades de Urdangarín en el Instituto Nóos, que tenía cuentas bancarias secretas en Suiza, que había puesto propiedades a nombre de ella en Mónaco y que había ganado una fortuna en comisiones por negocios varios en Arabia Saudita, incluida la construcción de la línea do tren de alta velocidad entre La Meca y Medina.
El consiguiente deterioro de la imagen de la monarquía no fue único problema que Juan Carlos legó a su hijo.
Si en 2014 aún no evidente, en 2018 se vio con claridad meridiana que Felipe VI había heredado el trono de un país encarnizadamente dividido, con un sistema político averiado, fruto de la corrupción y la incompetencia política.
Incluso antes del desgaste final de la posición de su padre, la indignación por la corrupción generalizada de la clase política había empezado a pesar en la opinión pública.
El resultado pudo comprobarse en 2015 con el ascenso de los populistas de izquierdas de Podemos.
En las elecciones generales del 20 de diciembre de ese año, los votos sumados del PSOE y del PP cayeron a un mínimo histórico del 51 por ciento. El PP consiguió 123 de los 350 escaños del Congreso (63 menos que en la legislatura anterior) y el PSOE 90 (20 menos). Su hegemonía en las Cortes fue puesta en entredicho por Podemos, con 42 escaños, y por el partido de centroderecha Ciudadanos, con 40.
Las Cortes quedaron bloqueadas y no se llegó a un acuerdo sobre la formación de gobierno. Rajoy continuó ejerciendo de presidente del Ejecutivo en funciones hasta que el 26 de junio se celebraron nuevos comicios.'» El PP volvió a ganarlos, pero con solo 137 escaños se situó lejos de la mayoría absoluta. Los socialistas quedaron en segundo lugar, aunque habían perdido cinco escaños. El frente anticorrupción Unidos Podemos, integrado por Podemos, Izquierda Unida y varias formaciones regionalistas, tenía 71 escaños.
La debilidad del Gobierno de Madrid, fruto de la corrupción, dio alas al independentismo en Cataluña, donde el apoyo a un Estado totalmente independiente se elevó al 47 por ciento.
Empujada por la CUP, en julio de 2016, la coalición nacionalista de Puigdemont intentó aprovechar la endeblez del Gobierno central para impulsar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, que ya había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.
Se abría así la vía a un proceso calamitoso de enfrentamiento entre Madrid y Barcelona, cuyas ramificaciones dividirían no solo a España, sino también a Cataluña.
La pésima gestión del problema catalán tanto por parte de Rajoy como de Puigdemont solo podía llevar al desastre. La temeridad de este último permitió a Rajoy reforzar su posición adoptando una actitud firmemente anticatalana en lugar de apelar a la mayoría de los catalanes que no habían abrazado la causa del separatismo. Rajoy inicialmente pensó en explotar el anticatalanismo que había fomentado en España a lo largo de la década precedente, calculando que una actitud intransigente reforzaría la popularidad del PP en el resto del Estado.
Para cuando se dio cuenta de que esa actitud ya no le favorecía, era demasiado tarde. Con su proceder, hizo caso omiso de una constante de los últimos cien años de historia de España: que el separatismo catalán se alimenta de la intransigencia centralista de Madrid.
Tras un polémico referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y la desafortunada actuación de la policía española para intentar impedirlo, la crisis catalana alcanzó su punto de ebullición. Aunque votó un porcentaje muy reducido del censo, y no había ningún sistema de control fiable, el resultado fue mayoritariamente partidario de la independencia.
El estado de incertidumbre y tensión llevó al rey Felipe VI a pronunciar un discurso televisado el 3 de octubre para manifestar su apoyo a los catalanes no independentistas y a la unidad del país. Eventualmente, el Gobierno activó el artículo 155 de la Constitución, cesó al gobierno catalán y convocó elecciones en el plazo más breve.
A finales de 2017, después que la fiscalía acusara al gobierno de la Generalitat de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, Puigdemont y cuatro de sus consellers huyeron al extranjero, mientras que otros miembros del gabinete carel fueron detenidos y se enfrentaron a cargos que podían conllevar penar treinta años de cárcel Después de las elecciones al Parlamento de catalunya de diciembre de 2017, ganadas por Ciudadanos, y de tortuosas negociaciones, en mayo de 2018 fue investido presidente de la Generalitat un independentista ,Joaquim Torra, quien rechazó todo compromiso con Madrid y se mostró decididamente partidario de la plena independencia.
El PP se aferró al poder en Madrid con el apoyo de Ciudadanos hasta mayo de 2018, cuando el comentario del juez del caso Gürtel de que el testimonio de Rajoy no era «suficientemente creíble» justificó la maniobra de Pedro Sánchez de presentar una moción de censura el 1 de, junio.
La posición de Rajoy ya se había debilitado por su mala gestión de la crisis catalana y las encuestas de opinión mostraban que el PP se estaba desplomando.Y el presidente perdió la moción de censura.
Al final Gürtel había acabado con la indiferencia hacia la corrupción hasta punto de minar gravemente la confianza en las instituciones públicas y la clase política, lo que dio pie al éxito electoral, por primera vez desde el restablecimiento de la democracia, de la extrema derecha.
En las elecciones generales del 28 de abril de 2019, un partido de ultraderecha relativamente nuevo, Vox, se benefició de la espectacular pérdida de 71 escaños del PP. Vox obtuvo el 10,6 por ciento de los votos y 24 diputados después de una campaña basada en el anticatalanismo y el antifeminismo radicales y en una actitud contraria a la inmigración.
El PSOE volvió al poder, aunque sin mayoría absoluta, en unas Cortes que volvían a estar bloqueadas.
Habían cambiado muchas cosas desde 1982. Juan Carlos de Borbón ya no era un héroe nacional.
El Partido Popular ya no era el partido que se había alternado en el poder con el PSOE durante casi cuarenta años. El PSOE había recuperado el poder de forma más que precaria. Ambas formaciones habían sucumbido a una mezcla de corrupción y arrogancia.
La falta de una separación clara entre la élite política y el poder judicial —que, por supuesto, había sido especialmente escandalosa durante Ios años del franquismo— fomentó una sensación de invulnerabilidad y el arrogante convencimiento de que, tras la corrupción institucionalizada de la dictadura franquista, ahora les tocaba a ellos sacar tajada del poder.
En cierto sentido, la cultura del pelotazo fue una reacción al pillaje del que se había beneficiado la élite del franquismo.
Después de la Transición, el enorme crecimiento económico de la etapa de gobierno del PSOE, impulsado por la entrada en la CEE, facilitó una considerable inversión Interna. Se gastaron cantidades ingentes de dinero negro en especulación, que se vio favorecida por las medidas de desregulación financiera derivadas de la entrada de España en la Comunidad Europea.
La corrupción fue también una respuesta al hecho de que la política democrática en la era de la televisión y los medios de comunicación de masas es enormemente cara. Algunos de los primeros y más notorios escándalos de corrupción —como los casos Filesa y Naseiro— se debieron originariamente a las necesidades de financiación electoral de los partidos políticos.
Por supuesto, en cuanto el dinero empezó a circular, una parte fue desviada a bolsillos de particulares de todos los escalafones de la pirámide política, desde el trono hasta el ayuntamiento más humilde.
Y aunque con una lentitud exasperante el poder judicial se ha enfrentado al problema de la corrupción, está por ver si alguien consigue solucionar el mal endémico de la incompetencia política. Hasta que se resuelvan ambos, sus consecuencias sociales seguirán dividiendo la política española.
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