Por: Corine Chabaud. Periodista

Las revoluciones árabes de principios de 2011 han hecho temer a Francia un tsunami humano. En consecuencia, el país de los derechos humanos ha establecido una política de acogida aún más restrictiva.

La medida creó poco revuelo. En junio de 2011, los medios de comunicación revelaron que la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) había decidido unilateralmente reducir la «ayuda de retorno voluntario» a los tunecinos: 300 euros, en lugar de los 2 000 fijados en un acuerdo bilateral firmado en 2008.

No hay por qué reembolsar a los harragas, esos jóvenes dispuestos a todo por alcanzar «El Dorado» europeo, el elevado coste de un viaje tan arriesgado.

Un viaje que comienza con la travesía del Mediterráneo hasta Lampedusa en embarcaciones improvisadas y que a menudo tiene un coste de 1 500 euros.

En el curso de esta travesía al menos 1 800 personas han perecido ahogadas en 2011. Esto se debe a que tras la caída de Ben Ali, alrededor de 25 000 jóvenes emprendieron la huida de Túnez.

De todos ellos, una buena tercera parte, provista de un permiso de trabajo de seis meses expedido por Italia, ha llegado a la mal llamada «patria de los Derechos Humanos». Muchos han sufrido en ella un destino terrible.

Hasta tal punto que, a principios de junio de 2011, la Liga de los Derechos Humanos ha exigido del Gobierno francés «el fin de la campaña de represión, de hostigamiento y de estigmatización». Desde el advenimiento de las revoluciones árabes, jamás la política de acogida del Hexágono había sido tan restrictiva.

El país tuvo a bien aplaudir tardíamente los progresos de la libertad en Túnez y El Cairo, después en Damasco y Sanaa, o incluso lanzarse con la OTAN a una operación militar en Libia para derribar a Gadafi, pero al principio daba la impresión de temer un tsunami humano.

Cuando Roma predijo un «éxodo bíblico», el 27 de febrero de 2011, Nicolás Sarkozy, se inquietó por las «consecuencias de tales tragedias sobre flujos migratorios incontrolables y sobre el terrorismo». «Lo que importa al Gobierno no es la democracia, sino, ante todo, la circulación de las personas: teme una demanda migratoria más importante», considera Pierre Henry, director de France-Terre d’asile (Francia Tierra de asilo).

Geografía de los inmigrantes franceses.

En un informe publicado a finales de junio de 2011 y titulado «Europa duda bajo el fantasma de la invasión», Gisti y Anafé, asociaciones de apoyo jurídico a los inmigrantes, han subrayado los «controles discriminatorios» sufridos por los tunecinos, así como «el restablecimiento abusivo de los controles en las fronteras». ¿No han solicitado (y obtenido) de la Comisión Europea Francia e Italia la suspensión temporal de los acuerdos de Schengen, que, desde 1985, suprimen los controles en las fronteras interiores de 25 países de Europa? «Esta cláusula de suspensión existía ya en caso de disturbios de orden público.

A partir de este momento, si un país estima que tiene necesidad de vigilancia en las fronteras, puede conseguir establecerla», explica Eric L’Helgoualc’h, autor de Panique aux frontiéres. Enquéte sur cette Europe qui se ferme (Max Milo, 2011). Cierre y firmeza se han convertido en las palabras clave de la política del Hexágono, incluidas las políticas en materia de asilo.

El contexto electoral y el ascenso del Frente Nacional no son baladíes. La tendencia es antigua. Desde 1986, fecha del restablecimiento generalizado de los visados, hasta 2009, el número de visados facilitados al año por Francia ha caído de 5,6 a 1,64 millones.

Y, como subraya una vez más Pierre Henry, «con un 15 % de rechazo de visados de larga duración, nuestro país tiene la tasa de rechazo más elevada del espacio Schengen». Ahora bien, la crisis y la guerra al otro lado del Mediterráneo no han empujado a la solidaridad. El 15 de junio, el ministro del Interior, Claude Guéant, anunció que Francia cerraría la puerta a cualquier asentamiento de refugiados proveniente de Libia, «habida cuenta de […] la saturación de nuestras capacidades de acogida».

Y no es cuestión de aplicar la directiva europea de protección temporal, adoptada por Bruselas en 2001. «Existen, sin embargo, situaciones excepcionales, como las que hemos conocido con los «boat people» vietnamitas y la guerra en la antigua Yugoslavia, que reclaman dispositivos específicos y en principio transitorios», estima Maryse Tripier, profesora de Sociología en la Universidad París-Diderot.

Hasta la inmigración legal está en el punto de mira: Claude Guéant desea reducir en un 10% los 200 000 permisos de residencia acordados cada año a título profesional. «Francia no tiene necesidad de albañiles y camareros» extranjeros, según el ministro.

Sin embargo, en estos sectores, hay cerca de 500 000 empleos que quedan vacantes. El movimiento comenzó antes de 2011: sólo 2 000 tunecinos fueron acogidos legalmente en 2010, en lugar de los 9 000 previstos por el acuerdo bilateral.

Sin embargo, los expertos opinan que «los flujos Sur Norte son débiles en comparación con los flujos Sur Sur». De hecho, en 2011, de los 780 000 inmigrantes que vivían en Libia, originarios del Magreb y del África subsahariana, una parte ha vuelto a casa, un número ínfimo ha ido a Francia y 500 000 han encontrado refugio en campamentos de Túnez.

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