EUROPA EN CRISIS – LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD.

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Mientras los políticos se esforzaban por superar los enormes desafíos económicos y sociales de la recesión, la política se volvía más volátil. El panorama político empezó a transformarse. Como de costumbre, la suerte de los políticos dependía en cada país de infinidad de cuestiones nacionales, pero en casi todas partes una de ellas fue el modo de gestionar la recesión. Surgieron tres tendencias generales, si bien con excepciones. La primera consistía en la posibilidad de que en las siguientes elecciones, como consecuencia de la recesión, el partido político en el poder, ya fuera de izquierdas o de derechas, sufriera una derrota. La segunda era la probabilidad de que los movimientos de protesta ajenos al «sistema» ganaran apoyos a medida que la confianza en el sistema político se erosionara; fueron millones las personas que sintieron una ira intensa por la mala gestión de la economía llevada a cabo por sus gobiernos, pero también por el poder sin rostro del capitalismo financiero globalizado que les había causado tanto sufrimiento. Como tantas veces, esto se manifestó en la búsqueda de chivos expiatorios, por lo general los inmigrantes, y en un nacionalismo que ofrecía un sentimiento de identidad y la creencia en la capacidad de recuperar el control que se había entregado a organismos internacionales. Una tercera tendencia común fue que, salvo con unas pocas excepciones, los gobiernos, fueran del color que fueran, adoptaran medidas de austeridad. La autonomía de los gobiernos respecto a la economía de un país estaba severamente limitada y parecía que el auténtico poder residía no tanto en los estados individuales como en los anónimos manipuladores de las finanzas internacionales, en los tenedores de bonos del Estado, en las agencias de calificación crediticia y en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que determinaban los niveles y las condiciones de la ayuda a las economías en dificultades.

Pese a que la crisis económica afectó a todos los países de Europa, por lo general aquellos que ya poseían estructuras económicas sólidas y sistemas políticos estables salieron de la recesión con mayor rapidez y sin convulsiones políticas (aunque la enorme dependencia de Gran Bretaña de su defectuoso sistema bancario fue su talón de Aquiles). Este fue el caso de Alemania, Austria, Suiza, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia y, entre los países recientemente incorporados a la Unión Europea, Polonia y Eslovaquia. Aunque, como es natural, también en estos países las turbulencias económicas contribuyeran a influir en las preferencias electorales, figuraban entre otros diversos factores y no fueron decisivas. En realidad, allí donde los gobiernos ya habían obtenido antes de la recesión cierta aprobación por su gestión de la economía, grandes sectores de la población consideraban a los dirigentes como la mejor garantía contra graves perturbaciones. Un ejemplo de ello era el constante apoyo popular que en Alemania, la economía más importante de Europa, tenía la canciller Ángela Merkel, que transmitía una fuerte impresión de control sereno y firme seguridad, y su competente aunque rígido ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que simbolizaba la soIidez económica. No solo los partidos conservadores, como la Unión Cristiana de Alemania, continuaron en el poder; en Noruega, por ejemplo, el Partido Laborista se mantuvo como la fuerza política dominante.

Sin embargo, incluso allí donde prevaleció la estabilidad política, los nuevos partidos políticos o los viejos partidos radicales que hasta entonces habían sido marginales lograron una mayor popularidad. Hubo quienes se sintieron traicionados por la adopción por parte de los socialdemócratas de políticas económicas que asociaban con las ideas neoliberales del conservadurismo y optaron por la izquierda más radical; pero los principales favorecidos fueron los movimientos populistas de derechas. En Alemania, la impopularidad de las reformas de Schrüder siguió afectando a los socialdemócratas, cuya pérdida de votos benefició al partido izquierdista más radical Die Linke, mientras que Alternative für Deutschland, un nuevo partido derechista contrario al euro y a los rescates de Grecia, empezó a ganar un apoyo visible. En Finlandia, la peculiaridad de las elecciones de 2011 fue el avance de los Verdaderos Finlandeses, un partido nacionalista que ganó votos gracias a su oposición al rescate de Portugal y a su intento de combatir la perniciosa globalización, que atribuía en buena medida a las políticas de la Unión Europea. La crisis financiera en Islandia desencadenó amplias protestas populares, que hicieron que en las elecciones de 2009 el Partido de la Independencia, liberal conservador, perdiera una tercera parte de los votos y el poder tras dieciocho años en el gobierno. En Bélgica, la recesión económica exacerbó las antiguas diferencias lingüísticas y culturales, cada vez más profundas, entre la región flamenca, más rica, y la antigua región industrial francófona de Valonia, más pobre, lo que se tradujo en una mayor fragmentación política y en la incapacidad durante casi un año, en 2010-2011, de formar siquiera un gobierno nacional.

En algunos de los más recientes estados miembros de la Unión Europea en Europa central, la recesión propició una vuelta a formas de autoritarismo, ya fuera de derechas o de izquierdas. En Hungría, el Partido Socialista sufrió grandes pérdidas en las elecciones de abril de 2010. El partido conservador de Viktor Orbán, Fidesz, regresó al poder con una mayoría parlamentaria lo bastante amplia como para imponer un programa nacionalista y cambios constitucionales que afianzaran la permanencia en el poder de Orbán, restringiendo varias libertades y cercenando la independencia de la judicatura. Un hecho alarmante fue el aumento hasta casi el 17 % de los votos a Jobbik, un partido de extrema derecha con fuertes resonancias del pasado fascista por su antisemitismo y su hostilidad hacia los romaníes.

También Polonia se encaminaba hacia el autoritarismo de la derecha nacional-conservadora. La crisis en Europa dio un nuevo impulso a viejas rivalidades políticas que se remontaban a la transición poscomunista. Dos partidos nuevos fundados en 2001, Plataforma Cívica y Ley y Justicia, habían surgido del legado de Solidaridad, aunque con programas muy diferentes. Plataforma Cívica, liberal, orientado al mercado y muy europeísta, había conseguido la mayoría de los votos en las elecciones de 2001 y de 2007, pero en 2011 su duro rival, el Partido Ley y Justicia, firmemente nacional-conservador, antiliberal y dominado por los gemelos Lech y Jaroslaw Kaczyñsky, amplió la base de apoyo inicial (extensa sobre todo en el este de Polonia) a su programa social reaccionario y en las elecciones generales de 2015 acabó por alzarse con la victoria. Beata Szydlo se convirtió en la nueva primera ministra.

Las teorías conspirativas contribuyeron al éxito del partido. En abril de 2010, Lech Kaczyñsky, el entonces presidente de Polonia, había muerto en un accidente aéreo mientras volaba a Smolensk, en el oeste de Rusia, para la conmemoración de la matanza de más de veinte mil oficiales polacos a manos de la policía secreta soviética setenta años antes. Las malas condiciones meteorológicas y un error del piloto fueron la causa del desastre, pero Ley y Justicia continuaron afirmando que el presidente había sido asesinado por las nebulosas fuerzas del liberalismo, del comunismo o de una extraña amalgama de ambos. Este argumento se incorporó al creciente ataque del partido contra los liberales de Polonia, la hostilidad hacia el capitalismo de libre mercado y una actitud más crítica respecto a la Unión Europea, todo ello como parte de una fuerte insistencia en los «verdaderos» valores polacos. La crisis migratoria encajaba bien en este nuevo clima. El gemelo que sobrevivió, Jaroslaw Kaczyñsky, el hombre fuerte de Ley y Justicia, antes de las elecciones de 2015 habló del peligro de que los migrantes trajeran el cólera a Europa y propagaran «varios parásitos». Las tendencias autoritarias eran inconfundibles. Desde que se convirtió en el partido gobernante, Ley y Justicia adoptó medidas para cercenar la libertad de los medios de comunicación, limitar los derechos de los homosexuales y aumentar el control político de la judicatura.

En Rumania, tras las grandes protestas contra las políticas de austeridad y la caída del gobierno conservador considerado responsable de las mismas, la tendencia dominante fue también hacia un gobierno más autoritario, aunque en este caso de izquierdas, con un primer ministro nominalmente socialdemócrata, Víctor Ponta. Bajo su égida, disminuyeron las atribuciones del Tribunal Constitucional, el sistema legal estuvo sujeto a una mayor influencia política, antiguos miembros de los servicios de seguridad conservaron cargos importantes y la corrupción siguió campando sin freno. En cambio, el problema principal en Bulgaria no era el autoritarismo, sino la debilidad del gobierno, con manifestaciones masivas generalizadas contra las políticas de austeridad y contra una constante corrupción y delincuencia organizada descontroladas.

Los partidos a cargo de las políticas de austeridad en los países más grandes de la Unión Europea también podían prever el rechazo en las urnas. En Italia, el gobierno de Silvio Berlusconi aplicó en el otoño de 2011 recortes del gasto público, pero demostró ser incapaz de ofrecer algo parecido a un programa de recuperación coherente. Berlusconi dimitió en noviembre y fue sustituido por un gobierno «tecnocrático» encabezado por Mario Monti, un experto en finanzas y antiguo comisario de la Unión Europea, que introdujo más recortes drásticos del gasto y subidas de impuestos. El estado de la economía empeoró, aumentaron las protestas masivas (inspiradas en el movimiento Occupy Wall Street surgido en Estados Unidos como protesta contra la crisis financiera) y Berlusconi anunció su regreso a la política. Monti solo duró un año antes de dimitir en diciembre de 2012. Había contado con el respaldo de los líderes de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, y también el gobierno alemán, el actor clave de la Unión Europea, había apoyado firmemente a Monti. La población italiana era otra historia. Se había convencido a Monti para que se presentara al frente de un nuevo partido, Elección Cívica, pero en las elecciones de febrero de 2013 solo consiguió el 10 % de los votos. Esto puso fin a su breve etapa en primera línea.

Las elecciones provocaron un estancamiento político, lo que llevó a algunos analistas italianos a señalar que el país era ingobernable. Su característica más llamativa fue el repentino ascenso, hasta obtener una cuarta parte de los votos, de un partido de protesta completamente nuevo encabezado por el cómico Beppe Grillo. El hecho de que un cómico alcanzara semejante prominencia política parecía un comentario adecuado para la política italiana. Tras unas largas negociaciones, finalmente se formó una inestable coalición presidida por Enrico Letta, del Partido Demócrata, que prometió poner fin a la austeridad y optar por políticas de crecimiento. Los disparos contra la sede del Ejecutivo el día en que el gobierno tomaba posesión no auguraban nada bueno. El partido de Silvio Berlusconi, el Pueblo de la Libertad, perdió muchos votos en comparación con las elecciones de 2008, pero aun así se hizo con casi una tercera parte de los escaños de ambas cámaras del Parlamento. Sin embargo, en esta ocasión no se produjo un regreso del gran superviviente, pues si bien la avanzada edad de Berlusconi (setenta y cinco años por entonces) le libró de ir a la cárcel por su condena por fraude fiscal en agosto de 2013, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y expulsado del Senado.

Francia no fue una excepción a la norma de políticos considerados responsables de la crisis desalojados del poder. Entre 2008 y 2012 el desempleo aumentó hasta alcanzar niveles preocupantes, creció la pobreza y tanto la deuda como el déficit comercial se dispararon sin freno, mientras que el crecimiento apenas pasó de cero, cayó el consumo y disminuyeron los ingresos fiscales. El fracaso a la hora de poner fin al malestar económico fue la principal razón de la ajustada derrota en las elecciones presidenciales de 2012 del presidente Nicholas Sarkozy, un personaje cada vez más controvertido, descartado después de un único mandato tras haber sido elegido en 2007.

La victoria en las elecciones presidenciales de 2012 de Fran9ois Hollande, líder del Partido Socialista, estuvo acompañada de optimismo y el 52% de los electores que le había apoyado en la segunda vuelta de las votaciones, celebradas el 6 de mayo de 2012, confiaba en que revitalizaría la economía. Cuando en las elecciones parlamentarias celebradas un mes más tarde el Partido Socialista consiguió 94 escaños en la Asamblea Nacional, parecía seguro un nuevo enfoque de la crisis. Sin embargo, la modesta intervención estatal para intentar estimular la economía no consiguió disipar el creciente malestar. Un superimpuesto del 75 % para los ingresos superiores al millón de euros anuales fue suprimido al cabo de dos años, pues había recaudado demasiado poco como para afectar a la economía, pero en cambio fue criticado por alejar a los innovadores y emprendedores de primera fila que Francia necesitaba. Emmanuel Macron, que más adelante seria ministro de Economía de Hollande (y en 2017 se convertiría en presidente), advirtió de que transformaría a Francia en «Cuba sin el sol».

Para entonces, de un modo muy similar a lo que había hecho su predecesor socialista François Mitterrand a principios de los años ochenta, Hollande había invertido eficazmente su estrategia económica, optando en enero de 2014 por un programa parcialmente neoliberal y más favorable para las empresas consistente en reducir los costes laborales y recortar el gasto público. Aun así, Hollande no fue capaz ni de mejorar su menguante popularidad ni de cambiar la suerte de una economía que continuaba empeorando. A medida que se prolongaba su desafortunada presidencia y aumentaba la indignación por la falta de mejoría de la situación del país, Hollande se convirtió en el presidente más impopular de la historia de la Quinta República. En noviembre de 2016, sus índices de aprobación batieron un mínimo histórico del 4 %. El 1 de diciembre se convirtió en el primer presidente francés en anunciar que no se presentaría a la reelección.

Mientras tanto, en las antiguas regiones industriales del norte y del este de Francia, ahora degradadas, y en las zonas pobres del sur, muchos votantes se sentían cada vez más atraídos por el mensaje nacionalista y anti-Bruselas de Marine Le Pen, que intentaba con cierto éxito limpiar la imagen racista y neofascista de su padre, Jean-Marie. Su partido, el Frente Nacional, obtuvo el mayor porcentaje de los votos, casi el 25 %, de todos los partidos que concurrieron a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014. Era una señal de que la política francesa continuaría siendo profundamente inestable.

En Gran Bretaña, el Partido Laborista, en el poder desde 1997, pagó el precio de gobernar durante la debacle bancaria. Cuando se volvieron evidentes las duraderas consecuencias de la crisis y Gran Bretaña se enfrentó a largos años de recuperación de una recesión económica tan severa, los conservadores sacaron rédito político culpando a los laboristas de la crisis, aunque obviamente fuera global y no nacional en sus causas. Aun cuando tanto la deuda pública como el déficit debido al gasto habían estado en niveles aceptables antes de la crisis, la acusación caló. Otra crítica eficaz fue que los laboristas no habían logrado imponer suficientes regulaciones a los bancos, estimulando con ello la burbuja especulativa que desencadenó la crisis. Esta acusación tenía más fundamento. Sin embargo, los conservadores eran aún más partidarios de la desregulación que el gobierno laborista y ellos mismos habían desregulado abruptamente los mercados financieros en el llamado «Big Bang» de 1986, que había convertido la City en un centro tan vital de las finanzas mundiales. Y, como los laboristas, los conservadores se habían visto obligados a rescatar a los bancos para proteger a los ahorradores.

No obstante, la innegable realidad era que la crisis se había producido mientras gobernaban los laboristas y que desde la quiebra financiera inicial, el déficit presupuestario se había duplicado mientras el nivel de deuda pública también había aumentado drásticamente. El gobierno laborista de Gordon Brown, cada vez más acosado, fue derrotado en las elecciones generales celebradas el 6 de mayo de 2010 y, tras una ausencia de trece años, el Partido Conservador, con David Cameron como primer ministro, volvió al poder, aunque solo como la fuerza principal en una coalición con Partido Liberal Democrático y su líder, Nick Clegg. Bajo la dirección del ministro de Economía George Osborne, el nuevo gobierno emprendió enseguida el camino de la austeridad para controlar el déficit y la deuda pública. El déficit cayó gradual y continuamente durante los cuatro años siguientes, del 10,8% al 5,1% del producto interior bruto, aunque aún estuviera muy por encima de lo estipulado por las directivas de Maastricht. Por otra parte, entre 2010 y 2015 la deuda pública aumentó todos los años hasta situarse en el 87,5 % del producto interior bruto.

La recuperación económica fue dolorosamente lenta. Gran Bretaña, sumida en la recesión, estaba pagando el precio de haber optado desde los años ochenta por las finanzas en detrimento de la industria. A diferencia de los países de la zona del euro, Gran Bretaña tenía control sobre su propia moneda, así que recurrió enseguida a la flexibilización monetaria. Sin embargo, y pese a la caída del valor de la libra esterlina (en torno a una cuarta parte del mismo entre 2009 y 2013), el crecimiento de las exportaciones continuó siendo lento y los niveles de inversión, bajos. El desempleo se redujo, pero muchos de los puestos de trabajo disponibles estaban mal pagados y eran precarios. Gran Bretaña había aplicado después de 2010 una consolidación fiscal más severa que ninguna de las grandes economías avanzadas, pero tardó más en recuperarse que cualquiera de ellas, a excepción de Italia. Cuando finalmente en 2013 comenzó a registrarse un ligero crecimiento, dependió en buena medida del boyante mercado inmobiliario, del gasto de los consumidores (mucho de ello incrementó la deuda privada) y del gasto público que, pese a la austeridad, había resultado imposible de recortar tanto como el gobierno pretendía inicialmente.

El coste social de las políticas de austeridad fue muy elevado. La mayor parte del mismo recayó en los sectores más pobres de la sociedad. Los recortes en los servicios públicos, traspasados sobre todo a las administraciones locales, provocaron el cierre de servicios para la juventud, centros infantiles, bibliotecas y otras importantes instalaciones que mantenían la cohesión social. La recesión agravó las divisiones sociales. El hecho de que varios miembros del Consejo de Ministros, incluidos David Cameron y Georgc Osborne, se hubieran educado en algunos de los colegios privados más caros de Inglaterra bruñó la imagen de una élite política que estaba completamente desconectada de las personas corrientes, muchas de las cuales tuvieron graves dificultades para llegar a fin de mes cuando la austeridad empezó a hacerse sentir. La brecha en los ingresos y la riqueza aumentó; en torno al 13 % de los ingresos totales iban a parar al 1 % de la población, el doble que en los Países Bajos, por ejemplo. En 1998, los altos ejecutivos habían ganado cuarenta y siete veces el salario medio de su personal; en 2014 esta cifra había aumentado a 143 veces. Además, sus remuneraciones crecían a una velocidad de más de cuatro veces mayor que la del asalariado medio. La remuneración media de los altos ejecutivos era por entonces de 4,4 millones de libras al año, mientras que los ingresos medios de la población eran de 26.000 libras anuales. En 2013 los ingresos familiares medidos con arreglo a lo que se podía comprar eran casi un 6% más bajos que en 2010. Los ingresos medios del 20 % de los hogares más desfavorecidos eran muy inferiores a los niveles de los Países Bajos, Francia y Alemania. Sin embargo, en las zonas más codiciadas de Londres, el valor de los inmuebles estaba aumentando más de un 20 % al año y la renta semanal de una casa de lujo en el opulento Mayfair podía costar más de lo que muchas personas ganaban en un año.

Cada vez menos personas podían comprarse una casa propia y a menudo se veían obligadas a vivir en inmuebles de alquiler, en muchos casos de mala calidad y sin apenas protección frente a caseros sin escrúpulos. El abandono de la construcción de viviendas por los sucesivos gobiernos durante muchos años, así como la inexistencia de un programa de vivienda social para reponer las existencias vendidas desde la época de Thatcher, se dejaron sentir intensamente durante la recesión. Gran Bretaña era uno de los países más ricos del mundo, pero cada vez eran más los ciudadanos que ni siquiera tenían un techo sobre sus cabezas. Entre 2010 y 2017 el número de personas obligadas a dormir en la calle se multiplicó por más de dos en Londres y aumentó considerablemente en otras grandes ciudades. En ese mismo período, el uso de los bancos de alimentos para proporcionar comida a los indigentes se incrementó un 1.642 %.

En el año 2011 los disturbios en algunas ciudades pusieron de manifiesto la indignación y la frustración, así como el oportunismo delictivo, existentes en algunos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, incluidos muchos jóvenes de familias inmigrantes, que vivían en bloques de viviendas desoladores y no veían perspectivas de futuro para ellos. Se encontraban en los extremos sociales. Cuando las condiciones económicas empeoraron, las actitudes se volvieron más duras. Buscaron chivos expiatorios; los inmigrantes y la Unión Europea solo eran algunos de ellos. Se combinaban perfectamente para ofrecer un mensaje básico al creciente número de personas que estaban optando por el UKIP, el Partido de la Independencia del Reino, en esencia la variante británica (en realidad en su mayor parte inglesa) de un partido nacionalista antiglobalización del que se podían encontrar versiones en muchas partes de Europa. «Se han mudado polacos y nigerianos a esta calle. Buena gente, trabaja mucho, compra sus casas. Pero ¿por qué tienen que estar aquí cuando necesitamos las casas y los puestos de trabajo? Si estuviéramos fuera de Europa, podríamos poner fin a esto», afirmaba una mujer, supervisora en un supermercado de Londres con unos ingresos muy modestos, pero con una vivienda cuyo precio casi se había cuadriplicado desde que en 1997 ella y su marido la habían comprado. Este era el germen de la creciente hostilidad hacia la Unión Europea: el «euroescepticismo», todavía una visión minoritaria en 2005, se estaba transformando en abierta «eurofobia» y se extendía.

En los países más afectados por la gran recesión (Portugal, España, Irlanda y, sobre todo, Grecia), los partidos tradicionales tuvieron dificultades mientras afrontaban la grave y creciente crisis económica. En Portugal, los socialistas, que habían propuesto recortes del gasto y buscaban un rescate, fueron desalojados en 2011 del gobierno en medio de una indignación generalizada y de manifestaciones masivas. El gobierno que lo sustituyó, encabezado por los socialdemócratas de centroderecha, impuso sus propias y severas medidas de austeridad mientras la situación de Portugal iba de mal en peor. También pagó el precio en las elecciones de octubre de 2015, cuando los socialistas regresaron para presidir un gobierno en minoría inestable. En España, el Partido Socialista, obligado por la crisis cada vez más grave a aplicar políticas de austeridad pese a su intención inicial de optar por los estímulos financieros, en las elecciones celebradas en noviembre de 2011 perdió casi cuatro quintas partes de los votos. El gobierno conservador que lo sucedió, tras imponer una austeridad aún más severa y acosado, también, por los escándalos de corrupción, pagó el precio en las elecciones de 2015, en las que perdió una tercera parte de sus escaños parlamentarios. Sin embargo, también los socialistas fueron rechazados por el electorado. Dos nuevos actores, el movimiento izquierdista Podemos y el partido centrista Ciudadanos, consiguieron en total una tercera parte de los votos, una señal de la indignación suscitada por las políticas de austeridad, que habían minado a los dos principales partidos de España. Irlanda se enfrentó a su propio terremoto político cuando, en las elecciones generales de febrero de 2011, el partido dominante de centroderecha, Fianna Fáil, al que se consideraba responsable de la dificil situación financiera del país, sufrió su peor derrota desde los años veinte. Su principal rival, el liberal conservador Fine Gael, por primera vez en sus ochenta años de historia se convirtió en el partido con mayor representación en el Parlamento. Un indicador de que la larga supremacía de estos dos partidos estaba gravemente debilitada fue el significativo avance del Partido Laborista irlandés y del nacionalista Sinn Féin.

El nivel de inestabilidad gubernamental en Grecia fue excepcional. Las elecciones de 2009, con la economía experimentando ya una fuerte contracción, se saldaron con la derrota del partido conservador gobernante, Nueva Democracia. Al cabo de unas semanas, el nuevo gobierno socialista del PASOK, con George Papandreou al frente, anunció que la deuda pública de Grecia era mucho más elevada de lo que hasta entonces se había admitido. El país no disponía de los recursos necesarios para reembolsar los préstamos que estaban venciendo. Las agencias de calificación crediticia rebajaron mucho la solvencia de Grecia, encareciendo los préstamos, si acaso podían encontrarse prestamistas. El gobierno respondió adoptando medidas de austeridad draconianas. Bajó los salarios de los funcionarios, congeló las pensiones públicas y subió los impuestos. No fue suficiente. En abril de 2010, Papandreou solicitó un rescate internacional que resultaría ser el primero de una serie de ellos. La troika (como se llegó a conocer a los representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) acordó en un mes conceder un préstamo de 110.000 millones de euros, aunque con la condición de que se adoptaran más medidas de austeridad y se reestructuraran las finanzas del país. El Parlamento accedió con reticencia a estas exigencias.

La indignación popular que esto generó se puso de manifiesto en manifestaciones multitudinarias en las calles de Atenas. En menos de un año las protestas se incrementaron, organizadas tanto en la capital como en otras ciudades griegas por el movimiento antiausteridad de los Indignados. Aumentaron los enfrentamientos violentos con la policía, que respondió a las manifestaciones con brutales demostraciones de fuerza. Parte de la ira estaba dirigida contra Alemania, a la que se consideraba el poder detrás de la troika. Los carteles de la canciller alemana, Ángela Merkel, con un bigote hitleriano era una señal visible de ese antagonismo, por absurdos que fueran.

El apoyo a los principales partidos políticos se redujo. En noviembre de 2011 Papandreou tuvo que dimitir y le sucedió una coalición inestable e ineficaz. Las elecciones de mayo de 2012 no fueron concluyentes y hubo que celebrar nuevas elecciones solo un mes más tarde, en las que el PASOK, el partido dominante en Grecia desde los años setenta, solo consiguió el tercer lugar; el segundo, detrás de Nueva Democracia (que encabezaba el nuevo gobierno de coalición) lo ocupaba ahora SYRIZA, un partido de izquierda radical presidido por el carismático Alexis Tsipras. Resultaba inquietante que, en la extrema derecha, el partido neofascista Amanecer Dorado obtuviera veintiún escaños en el Parlamento. Mientras algunos sectores de la población buscaban chivos expiatorios para su desgracia, Amanecer Dorado consiguió avivar el resentimiento contra el creciente número de inmigrantes, muchos de ellos irregulares, que desde mediados de la década habían estado llegando principalmente de África y de Oriente Medio.

Los despiadados recortes de los niveles de vida, que afectaron sobre todo a los más pobres, continuaron después de que en febrero de 2012 se acordara un segundo rescate de 130.000 millones de euros. El presupuesto de sanidad se redujo un 21,7% (lo que contribuyó a que se registrara un pronunciado aumento de la mortalidad infantil); el de educación fue recortado más de una tercera parte con respecto a su nivel antes de la crisis. Aun con la ayuda exterior, en marzo de 2012 Grecia incumplió los pagos de la deuda. Se reestructuró la deuda nacional y se condonaron 107.000 millones de euros, pero apenas fue un alivio. En realidad, casi la totalidad de los fondos del rescate debían destinarse a pagar los intereses de la deuda, por lo que se contraían nuevas deudas. Años de implacable y creciente austeridad acabaron generando una montaña de deuda que era mayor que cuando comenzó la crisis.

Los ciudadanos estaban pagando un alto precio por décadas de mala gestión gubernamental. Grecia siempre había tenido un sector público sobredimensionado, su burocracia era muy ineficaz y la evasión de impuestos era casi un deporte nacional. El fraude relacionado con las prestaciones era endémico y miles de griegos conseguían cobrar las pensiones de sus parientes muertos. Los restaurantes solo aceptaban el pago en efectivo; los médicos no declaraban buena parte de sus ingresos; era habitual ocultar bienes. Se calculaba que casi una tercera parte del producto interior bruto provenía de la economía sumergida, mientras que el gasto de Grecia en pensiones, que aumentaba a un ritmo más de dos veces superior al de Alemania o Italia y permitía a la mayoría de los griegos optar por la jubilación anticipada, estaba fuera de control. Sin duda, Grecia tenía que poner en orden su casa, pero la rapidez y la severidad de la austeridad eran política y socialmente muy difíciles de soportar.

Aun así, en 2013 se aplicaron nuevas medidas de austeridad. Ese año se eliminaron miles de empleos del sector público y se realizaron nuevos recortes salariales. A principios de 2014, el gobierno pudo anunciar que, por primera vez en muchos años, el presupuesto tenía superávit, pero la noticia no fue un gran consuelo para los ciudadanos griegos. En las elecciones celebradas en enero de 2015, volvieron a desalojar al gobierno. El otrora poderoso PASOK solo obtuvo el 4,7 % de los votos y un gran giro hacia una izquierda más radical dio la victoria a SYRIZA. Tsipras presidió el nuevo gobierno (aunque necesitó el apoyo del pequeño partido nacionalista de los Griegos Independientes). Su programa ganador se había basado en rechazar categóricamente un tercer rescate, que entrañaba nuevos recortes y que la troika consideraba imprescindibles aunque se habían registrado ligeras señales de una incipiente recuperación. Abogaba por una reestructuración a fondo de la deuda griega y por poner fin a las políticas de austeridad. Su recomendación de rechazar un nuevo rescate fue respaldada por los votantes en un referéndum celebrado en julio de 2015.

Su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, cuya personalidad extrovertida hizo que pronto fuera conocido por los espectadores de televisión de toda Europa, defendía con vehemencia una nueva política de reestructuración de la deuda, lo que en la práctica significaba el alivio de la deuda para Grecia y un alejamiento de lo que, con cierta razón, consideraba un ciclo de austeridad contraproducente. Sin embargo, poco después del referéndum Tsipras cambió de postura y aceptó con reticencia las condiciones de un tercer rescate, un préstamo de entre 82.000 y 86.000 millones de euros que se pagaría a plazos hasta 2018. Consideró que era el mejor acuerdo que Grecia podía conseguir. Sostenía que cualquier alternativa habría sido un «suicidio». Varoufakis, incapaz de poner en práctica los cambios que consideraba indispensables, ya había dimitido en julio. Le seguiría en agosto la dimisión de Tsipras, con su popularidad en caída libre y expuesto a rebeliones dentro de su propio partido.

Un mes más tarde, después de que resultara imposible formar un gobierno alternativo, se celebraron de nuevo elecciones, pero no supusieron ningún cambio sustancial en la composición del Parlamento y se encomendó a Tsipras volver a presidir el gobierno. En mayo de 2016, el primer ministro, inicialmente contrario a la austeridad, se vio obligado a adoptar nuevas medidas de austeridad. Grecia puso fin oficialmente a los años de recesión en 2014, pero en realidad las desgracias del país iban a continuar.

Si hubiera existido un camino fácil para salir de la situación nada envidiable de Grecia, se habría tomado. Tal como estaban las cosas, todas las vías de salida estaban bloqueadas. Como descubrió Varoufakis, el alivio de la deuda, sin duda necesario para una eventual recuperación de Grecia, topó con la oposición de los acreedores que, como en Estados Unidos y el resto de Europa, se exoneraban a sí mismos de cualquier responsabilidad en la concesión de los créditos. La mutualización de la deuda mediante la creación de «eurobonos» fue rotundamente rechazada por Alemania y varios otros países. Los ahorradores alemanes no habrían tolerado semejante idea y, en cualquier caso, podría considerarse incompatible con la Constitución alemana. Mientras la deuda siguiera siendo tan elevada y el crédito tan caro era imposible un gasto público de estilo keynesiano, destinado a estimular el crecimiento. Por otra parte, el impago de la deuda ordenado para abandonar la zona del euro y recuperar la antigua moneda nacional, el dracma, pese a que algunos economistas lo defendían, podía tener consecuencias políticas y económicas devastadoras, al menos a corto plazo. Los sondeos de opinión mostraron que los griegos querían conservar el euro. Casi con toda seguridad, el motivo no era tanto su apego a la nueva moneda que, tras unos primeros años de abundancia, se había convertido en sinónimo de la enorme desgracia nacional, sino el temor a lo que pudiera significar la alternativa.

Ocho años después del inicio de los infortunios de Grecia, en junio de 2017, tras más de seis meses de discusiones sobre las condiciones, el gobierno griego aceptó un nuevo rescate de 8.500 millones de euros para evitar el impago de la deuda. Entre las condiciones figuraba la adopción de algunas reformas de mercado liberales, pero a quienes más perjudicaba el acuerdo era a los pensionistas más pobres. Estaba previsto un recorte de las pensiones, que desde el comienzo de la crisis ya se habían reducido doce veces, desde 2011 un 40 % y en 2019 otro 18 %. La expectativa era que se produjeran huelgas, manifestaciones y turbulencias políticas. La única luz al final de un túnel largo y oscuro era que, por fin, los acreedores habían expresado su disposición a adoptar las medidas necesarias para reducir la montaña de deuda de Grecia y garantizar que fuera sostenible en el futuro. Solo entonces podría el país empezar a mirar al futuro con cierta serenidad.

La peor recesión en ochenta años había destruido economías, derribado gobiernos y causado turbulencias en el continente europeo, pero Europa, aunque pagando un gran precio, con mucha dificultad y con cierta fragilidad duradera, había sobrevivido . No se había producido un colapso de la democracia, ni un acercamiento al fascismo y el autoritarismo (si bien algunas de las tendencias en Europa central eran motivo de gran preocupación, y el apoyo en muchos países a partidos populistas antisistema, en su mayoría de la derecha nacionalista y xenófoba, se pondría de manifiesto en los años siguientes). La sociedad civil, pese a los traumas, había demostrado ser resistente; e independientemente de las debilidades y los fracasos de las políticas, había existido una voluntad de cooperar para abordar los problemas de las economías en apuros de un modo que no había existido en los años treinta. Obviamente, no había motivos para el triunfalismo, pero, en términos económicos, comenzaba a haber tímidas razones para el optimismo. En el plano político, la volatilidad iba a permanecer, y antes de que se hubiera superado la crisis económica, o siquiera contenido, Europa se enfrentó a otra serie de crisis, en esta ocasión derivadas del desastroso rumbo de los acontecimientos en Oriente Medio. Aquí se alcanzaron enseguida los límites de la cooperación transnacional en Europa: los países actuaron casi en su totalidad pensando en su propio interés nacional.

 

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