ESPAÑA, UN REGIONALISMO CONSTITUCIONAL.

POR. CÉCILE CHAMBRAUD.

Periodista

 Vascos, catalanes, gallegos… Las identidades territoriales son muy fuertes en España, donde cada una de las 17 comunidades autónomas posee sus propias instituciones.  

¿Existen minorías en España? Si bien los 700 000 gitanos que aproximadamente viven en el país pueden concebirse como tal, a ninguna persona catalana, vasca, gallega, valenciana o balear se le ocurriría sin duda clasificarse espontáneamente con este vocablo.

Ya sean “españolistas”, regionalistas, independentistas o se sientan ajenos al debate interminable sobre la organización territorial que ha recorrido la historia española, los ciudadanos que habitan dentro o fuera de una de las comunidades autónomas denominadas “históricas” no se sienten como miembros de una minoría, ya que la diversidad está inscrita en la organización política de la España postfranquista.

 Para formarse una idea: la “España de las autonomías” concebida por la Constitución de 1978 agrupa a 17 regiones y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla, enclavadas en la costa de Marruecos), dirigidas por gobiernos y Parlamentos regionales.

 No todas tienen las mismas prerrogativas. Entre alzo las más autónomas, el País Vasco (2,2 millones de habitantes de 47 millones) tiene el control de sus impuestos y, del mismo modo que Cataluña (7,5 millones), su propia policía. Sus relaciones con Madrid están reguladas por tantos estatutos como entidades regionales existen en el país. Las comunidades autónomas se constituyeron tras la muerte de Franco y se concibieron como una respuesta a la constante tensión en la historia española entre un centro Madrid dedicado a afianzar su dominación política sobre una periferia celosa de sus instituciones locales, su dinamismo económico, su lengua y su cultura, o de todos a la vez.

 El periodo franquista asoció de forma duradera la voluntad hegemónica castellana a la derecha, estando la izquierda más abierta a la pluralidad sus bastiones, en el periodo reciente, se encuentran especialmente en Andalucía y Cataluña. Bajo la dictadura de Franco, el uso de las lenguas catalana, vasca, gallega y valenciana estaba reprimido. Las instituciones locales habían sido despojadas de sus poderes.

 El compromiso institucional negociado en 1978 por la derecha y la izquierda, por el centro y las periferias, significó un renacimiento para las regiones “con cultura propia”. La historia de las lenguas locales, que pasaron a ser “cooficiales” en las respectivas regiones, es un buen ejemplo de ello.

En Cataluña, el uso del catalán se mantuvo vivo y se extendió. Desde los años 1980, la Generalitat (el gobierno de Cataluña) reemplazó el castellano por el catalán en la enseñanza escolar, convirtiéndose el castellano en una asignatura aparte. Para enseñar el catalán a numerosos “inmigrados” que, desde los años 1960, llegaron de Andalucía y Extremadura para contribuir a la vigorosa economía catalana, las nuevas elites nacionalistas que asumieron el poder en Barcelona a finales de 1970 encontraron en los medios audiovisuales públicos una herramienta sin igual. “Fuimos los primeros en adquirir los derechos de la serie Dallas, y la emitimos doblada en catalán.

La España Regional

 Para poder seguirla, el público hizo rápidamente progresos en nuestra lengua”, explica Imma Tubella, antigua responsable de la televisión pública, actualmente rectora de la Universitat Oberta de Catalunya.

 En el País Vasco, la batalla fue más dura, puesto que el dominio del euskera estaba menos extendido. Para escolarizar a los niños, se puede elegir entre una enseñanza únicamente en vasco, únicamente en castellano o mixta. En el transcurso de los años, una política con voluntad de cambio ha dado un nuevo impulso a la práctica del vasco. Sin embargo, el compromiso de 1978 no puso fin a las tensiones.

 En los últimos años, la presión se ha incrementado en Cataluña debido al estatuto de autonomía. La mayoría de los partidos políticos catalanes querían reformarlo para ampliar sus competencias. Previamente a su acceso al poder en 2004, José Luis Rodríguez Zapatero había prometido a los catalanes que, una vez electo, aceptaría el proyecto de nuevo estatuto que el Parlamento regional adoptara.

Pero una vez aprobado el texto, fue censurado por el Tribunal Constitucional y rechazado por los conservadores, que veían en él el inicio de la partición del país. A partir de ese momento, la irritación de un sector de los catalanes respecto a Madrid hizo aumentar notablemente el sentimiento independentista.

En el País Vasco, la cuestión de la relación con Madrid ha sido esterilizada durante décadas por el terrorismo de la organización separatista ETA. Si se confirma que el fin de ETA es una perspectiva plausible, la cuestión de una independencia política, libre de violencia, podría plantearse desde un nuevo punto de vista en los próximos años. El vocabulario político refleja estas dudas.

 La Constitución sigue siendo deliberadamente equívoca. En su preámbulo, hace referencia a “la nación española”, “el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la componen”, “los pueblos de España” y “el pueblo español”. El “país”, para un catalán, un vasco, un valenciano o un gallego, es Cataluña, el País Vasco, la Comunidad Valenciana o Galicia. España como sujeto del derecho internacional es designada como “el Estado español”.

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