EL PSC Y EL PROCESO INDEPENDENTISTA.

M-ICETA

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PSC (19 de diciembre de 2016)

El PSC no participa del proceso independentista (el procés) porque no comparte ni el objetivo de la independencia ni los medios para conseguirlo, absolutamente impregnados de los conceptos de unilateralidad, ilegalidad y desobediencia.

El estallido del proceso independentista arranca el 28 de junio de 2010 con la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que había sido aprobado por el Parlamento catalán con una mayoría de dos tercios de los diputados y diputadas, negociado en el Congreso y aprobado por las Cortes Generales por mayoría absoluta, y sometido al referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.

La Sentencia, al alterar aquello que había sido aprobado por amplias mayorías parlamentarias, negociado laboriosa mente y ratificado por el pueblo, fue considerada corno la certificación de que los anhelos catalanes de reconocimiento nacional, mayor autogobierno y mejor financiación no cabían en el marco de la Constitución española.

El 28 de noviembre de 2010 las elecciones al Parlamento de Cataluña implicaron un cambio de mayoría parlamentaria en beneficio de la coalición de CiU y de la elección de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Una elección que, aunque contó con la abstención de los y las socialistas fruto de un pacto público, dio paso a una etapa de gobierno basada fundamentalmente en un pacto CiU-PP, que se manifestó a través de la aprobación de los presupuestos, y presidida por una política de austeridad.

En este marco, CiU dio apoyo a la ley de estabilidad presupuestaria y a la reforma laboral impulsada por el gobierno del PP. CiU se planteó como gran objetivo de la legislatura el inicio de un proceso de transición nacional que tenía como primera meta un nuevo modelo de financiación basado en el concierto económico, enterrando así el modelo de financiación recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que la Sentencia del Tribunal Constitucional respetaba en términos generales (principio de ordinalidad y Consorcio Tributario incluidos).

El 20 de noviembre de 2011 se celebran elecciones generales que gana el PP por mayoría absoluta. Un gobierno que no ha ofrecido ninguna posibilidad de diálogo con el gobierno catalán desde entonces hasta ahora.

El fracaso de la negociación del pacto fiscal, la progresiva radicalización del espacio nacionalista y el éxito de la movilización de la Diada Nacional de Cataluña de 2012, llevaron al presidente Mas a convocar de forma anticipada las elecciones al Parlamento catalán con el objetivo de impulsar el denominado “derecho a decidir”, que era para los independentistas otra manera de denominar el derecho de autodeterminación.

El programa electoral del PSC de 2012 fijaba el objetivo de la reforma constitucional federal e incluía lo siguiente: “Nos comprometemos a promover las reformas necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum o consulta acordado en el marco de la legalidad”.

La insistencia socialista en la necesidad del acuerdo y de ajustarse al marco legal fue a menudo criticada por el mundo independentista que desde el primer momento consideraba que el “derecho a decidir” no requería de ningún tipo de acuerdo y no podía ser limitado por el marco legal español.

El resultado de las elecciones al Parlamento catalán del 25 de noviembre de 2012 no le dio al presidente Mas la mayoría deseada y a partir de aquel momento decidió gobernar con el apoyo de ERC aceptando el planteamiento independentista de la nueva dirección de Esquerra Republicana encabezada por Oriol Junqueras.

Así, una de las primeras decisiones de aquella legislatura fue la aprobación el 23 de enero de 2013 de la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. El PSC decidió votar en contra, aunque algunos miembros del Grupo Socialista optaron por romper la disciplina de voto, abriendo una convulsa etapa interna que acabó con la ruptura con el partido de los militantes que consideraban que la propuesta federal del socialismo catalán ya no daba respuesta a los anhelos de soberanía de amplios sectores de la sociedad catalana.

Conviene recordar la propuesta federal del socialismo catalán que fue elaborada por un grupo de trabajo de la Fundación Rafael Campalans publicada en mayo de 2013. Una propuesta que, juntamente con propuestas de análoga naturaleza hechas desde otros ámbitos del socialismo español, alimentó los acuerdos de Granada de 6 de julio de 2013 en los que el PSOE definía su propuesta de reforma constitucional federal.

Como era de esperar, el Tribunal Constitucional anuló, y lo hizo por unanimidad, la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” aprobada por el Parlamento catalán.

En el seno del Parlamento de Cataluña se creó la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir que, aunque no llegó a establecer ningún tipo de conclusión, sirvió como elemento de difusión del planteamiento soberanista que tenía también como plataforma ciudadana del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y el activismo de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural.

El 12 de diciembre de 2013 el presidente Mas convoca una reunión con los partidos que integran “el procés” para aprobar la fecha y la doble pregunta de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

El 26 de septiembre de 2014 se aprobó la “Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana”, que contó con el apoyo del PSC, aunque en todo momento advertimos que aquella ley no podía amparar la consulta que se pretendía organizar el 9 de noviembre.

A pesar de nuestra advertencia y de las decisiones del Tribunal Constitucional de anular la Ley de consultas y la convocatoria tanto de la consulta como del proceso participativo que la sustituyó, el gobierno de la Generalitat, con el apoyo de las entidades soberanistas, impulsó la votación del 9 de noviembre de 2014. De aquellos hechos se han derivado procedimientos judiciales contra el presidente Mas, la vicepresidenta Ortega, el consejero Homs y la consejera Rigau.

A partir de aquel momento, el movimiento soberanista consideró que la consulta era una “pantalla pasada” y concentró sus esfuerzos en la convocatoria de unas elecciones llamadas plebiscitarias que finalmente tuvieron lugar el 27 de diciembre de 2015. En estas elecciones, el PSC se reafirmó en su propuesta de reforma constitucional federal sin ningún tipo de mención hacia ningún otro tipo de consulta que no sea el referéndum sobre la reforma constitucional federal.

El PP, aprovechando su mayoría absoluta, aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que este adquiriera facultades sancionadoras en los supuestos de incumplimiento de sus sentencias y resoluciones. El gobierno del PP ha instado todo tipo de denuncias, recursos e incidentes de ejecución de las sentencias, judicializando una cuestión eminentemente política, al mismo tiempo que cerraba cualquier vía de diálogo.

Los partidos independentistas ganaron las elecciones pero perdieron el plebiscito en los términos en que ellos mismos lo habían planteado. De hecho, ERC y CDC se habían planteado como objetivo conseguir una mayoría absoluta en escaños de su candidatura conjunta denominada Junts pel Sí, que contaba también con el apoyo explícito de las entidades soberanistas. El primer acto de la presente legislatura fue la aprobación por parte del Parlamento catalán de la “Declaración sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales de 27 de septiembre de 2015” en el que se marca el camino hacia la independencia, a la que a veces se llama de forma eufemística “desconexión”. Esta declaración, lógicamente, primero fue suspendida y después anulada por el Tribunal Constitucional, también por unanimidad.

La CUP forzó, además, un relevo en la Presidencia de la Generalitat ejercida a partir de entonces por Carles Puigdemont. CDC se disolvió creando el nuevo partido PDeCAT.

En esta legislatura se creó una “Comisión de Estudio del Proceso Constituyente” que elevó al Pleno del Parlamento de Cataluña sus conclusiones finalmente aprobadas el 27 de julio de 2016. No hace falta decir que estas conclusiones han sido también suspendidas y anuladas por el Tribunal Constitucional, también por unanimidad.

La no aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2016, a causa del voto contrario de la CUP y porque el gobierno de Junts pel Sí no se planteó ninguna mayoría alternativa para aprobarlos, comportó la votación de una cuestión de confianza convocada por el presidente Puigdemont.

La denominada “hoja de ruta” ha sufrido diversas modificaciones y ha recuperado la celebración de un referéndum sobre la independencia previo a la celebración de unas elecciones denominadas constituyentes que debían tener lugar 18 meses después del 27 de septiembre de 2015. Este referéndum no estaba previsto en los programas electorales ni de Junts pel Sí ni de la CUP.

Así pues, hoy la hoja de ruta puede resumirse en el eslogan “O referéndum o referéndum”, que se refiere a la celebración en septiembre de 2017 de un referéndum sobre la independencia, bien acordado con el Estado o convocado de forma unilateral e ilegal por el gobierno de la Generalitat. Es obvio que este planteamiento hace imposible toda negociación y solo contempla la vía unilateral e ilegal, condenada al fracaso como ya se demostró con ocasión de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Las apelaciones voluntaristas a un pretendido carácter vinculante de un referéndum no acordado están vacías de contenido.

Hay que subrayar finalmente, y a modo de resumen, que, cinco años después de su inicio, “el procés” no ha producido ningún avance concreto en términos de autogobierno o de financiación. A partir de estas consideraciones, el PSC quiere reiterar su posición política que se resume en seis puntos:

  1. Nuestra convicción de que la solución al problema del encaje entre Cataluña y el resto de España, agudizada a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, solo puede ser política y debe venir por la vía del diálogo, la negociación y el pacto.
  2. Nuestro compromiso de continuar trabajando para romper el bloqueo forzado por dos posiciones irreconciliables: el inmovilismo y la pulsión recentralizadora del gobierno del PP, y la predisposición a la ruptura unilateral de la mayoría parlamentaria independentista y del gobierno de Junts pel Sí.
  3. Nuestra exigencia hacia el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España de revertir la dinámica de relaciones conflictivas y substituirlas por una fase de distensión, comenzando por la negociación de soluciones concretas a problemas que se van enquistando: una elevada conflictividad competencial; un modelo de financiación que aplique el principio de ordinalidad y el Consorcio Tributario, así como el resto de elementos contenidos en el Estatuto votado por los catalanes y las catalanas; el compromiso inversor del Estado en cuestiones cruciales como el servicio de cercanías y el Corredor Mediterráneo; la cooperación en materia cultural y lingüística, en primer lugar, implica la renuncia por parte del gobierno de España a utilizar la LOMCE como instrumento para erosionar la inmersión lingüística; el desarrollo estatutario; la recuperación de elementos de autogobierno erosionados por la Sentencia del Tribunal Constitucional a partir de la modificación de la legislación estatal correspondiente; y el trabajo conjunto sobre las 46 cuestiones planteadas por el presidente Puigdemont, conscientes de que la discrepancia sobre el referéndum aconseja aparcar esta cuestión.
  4. La evidencia de que la judicialización del conflicto no aportará nunca la solución. Por tanto, reclamamos al gobierno de Cataluña y a su mayoría parlamentaria que se abstengan de tomar acuerdos contrarios a la legalidad vigente, y reclamamos al gobierno de España que acepte revertir la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impuesta por su anterior mayoría absoluta tal y como proponen diversos grupos parlamentarios, y que sepa calibrar hasta qué punto su actuación está contribuyendo a mejorar o empeorar la perspectiva de una negociación que ponga punto final a la actual ausencia de diálogo entre instituciones.
  5. La necesidad de abrir la perspectiva de una reforma constitucional que transforme España en un Estado federal, que blinde los derechos sociales, que aumente la calidad de la democracia, que incorpore el compromiso europeo de España, y que pueda servir como catalizador del pacto político que resuelva el encaje entre Cataluña y el resto de España.
  6. El PSC, comprometido en la defensa de las instituciones catalanas y del autogobierno de Cataluña, defensor de la vía del diálogo, la negociación y el pacto, y de transformaciones profundas del actual estado de las cosas, no participará ni prestará apoyo a ningún tipo de iniciativa que apueste por una ruptura unilateral o por obviar los mecanismos de reforma de la ley, el Estatuto o la Constitución.

 

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