EL NACIMIENTO DE LA ERA POSMERCADO: UN SALARIO SOCIAL POR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD.

Mientras que los salarios fantasma probablemente animarían a una mayor participación en los servicios voluntarios por parte de aquellos que todavía pueden disfrutar de trabajos remunerados, los gobiernos federal y estatal también deberían considerar la posibilidad de establecer salarios sociales, como alternativa a los pagos y beneficios de la asistencia pública, para los desempleados permanentes dispuestos a ser reeducados y empleados en el tercer sector. El gobierno también debería conceder beneficios a organizaciones sin ánimo de lucro para ayudarlas a reclutar y formar a los pobres para que trabajen en sus organizaciones.

El pago de un salario social, como alternativa al pago de beneficencia, a millones de pobres del país que trabajen en el sector de voluntarios, ayudaría no sólo a los receptores de estas cantidades, sino también a las comunidades para las que estén trabajando. Forjar nuevos lazos de confianza y un sentido de compromiso con los demás y con los intereses de los vecindarios en los que prestan sus servicios, es algo absolutamente necesario si se pretenden reconstruir las comunidades y generar las bases de una sociedad caritativa. Un salario social adecuado permitiría que millones de americanos desempleados tengan la oportunidad de ayudarse a sí mismos a través de la colaboración con miles de organizaciones vecinales.

Se argumenta a menudo que el simple pago o la formación para un determinado puesto de trabajo es algo de poca ayuda, si no viene acompañado por programas concretos que ayuden a educar a los jóvenes, a restaurar la vida familiar y a construir un sentido de confianza compartida en el futuro. La extensión del salario social a millones de americanos necesitados y la provisión de fondos para las organizaciones basadas en el servicio a los vecindarios para reclutar, formar y colocar personas en tareas fundamentales de reconstrucción de barrios que puedan llevar adelante estos amplios objetivos sociales, ayudaría a la creación de un entorno necesario para lograr el cambio social. Los proyectos de obras públicas y los trabajos de baja categoría en la economía formal, en caso de que estuvieran disponibles, poco podrían hacer para la restauración de las comunidades locales.

Además de crear un salario social para los ciudadanos más pobres del país, se deberían efectuar serias consideraciones sobre un concepto ampliado de ingreso social que debería incluir salarios sociales para trabajadores especializados y también para mandos intermedios y profesionales cuyo trabajo ha dejado de tener valor o ya no resultan necesarios para la economía de mercado. Un sector de voluntarios viable requiere un amplio abanico de habilidades, desde niveles de competencia mínimos a experiencias directivas sofisticadas. Mediante la creación de un esquema de clasificación de puestos de trabajo, de un sistema de actualización y de una escala de salarios similar a la de los empleados en el sector público, las organizaciones cívicas podrían reclutar personas procedentes del desempleo, cubriendo un amplio abanico de características con el adecuado porcentaje de trabajadores no cualificados, cualificados y profesionales, lo que garantizaría el éxito de su aportación a las comunidades en las que sirven.

La idea de crear un ingreso social recibió, inicialmente, una amplia atención nacional ya en 1963, cuando el Ad Hoc Committee on the Triple Revolution defendía un proyecto de esta naturaleza, como forma para manejar la doble amenaza del desempleo tecnológico y de la creciente pobreza. Debería destacarse el hecho de que, en aquel momento, no existía ninguna intención de relacionar un ingreso social a un acuerdo recíproco para llevar adelante un servicio comunitario. Entre los defensores de la teoría del ingreso social, también conocido como ingreso anual garantizado, se hallaba W.H. Ferry del Center for the Study of Democratic Institutions, los economistas liberales Robert Theobald y Robert Heilbroner y J. Robert Oppenheimer, el director del Institute for Advanced Study de la Universidad de Princeton. Tal como se ha visto en el capítulo 6, no estaban de acuerdo con las teorías económicas ortodoxas del momento, en cuanto a que la innovación técnica y los crecimientos de la productividad garantizarían una economía con pleno empleo. Por el contrario, afirmaban que la revolución informática incrementaría la productividad, pero a expensas de sustituir cada vez más trabajadores por máquinas, dejando millones de trabajadores en el paro o en situación de subempleo, y sin el poder adquisitivo suficiente para comprar el creciente volumen de bienes y servicios producidos por las nuevas tecnologías de automatización de la producción. El estímulo de la demanda a través de sofisticados proyectos de publicidad y marketing, de menores tasas de interés, de mayores créditos y deducciones fiscales y de unos créditos al consumo más generosos poco podrían hacer para incrementar el empleo, puesto que las empresas seguirían sustituyendo máquinas por trabajadores, dado que aquellas seguirían siendo más eficientes y baratas y garantizarían un mayor amortización de la inversión.

Robert Theobald argumentaba que, dado que la automatización continuaría incrementando la productividad y sustituyendo trabajadores, era necesario romper la relación tradicional entre ingresos y trabajo. Con las máquinas realizando una mayor cantidad de trabajo, los seres humanos necesitarían tener garantizado un determinado ingreso, independiente del empleo en la economía formal, si querían sobrevivir y la economía generar el adecuado poder adquisitivo para que el público pudiese comprar los bienes y servicios producidos. Theobald, entre otros, entendía el ingreso anual garantizado como un momento crítico en la historia de las relaciones económicas, y esperaba que su posible aceptación transformase la idea de escasez del pensamiento económico tradicional en el nuevo ideal de abundancia. En este sentido escribió: «Para mí, por lo tanto, el ingreso garantizado representa la posibilidad de poner en práctica la creencia filosófica fundamental que se ha repetido constantemente en la historia del hombre, según la cual cada individuo tiene un derecho sobre una participación mínima en la producción de la sociedad. La falta perenne de casi todas las necesidades en la vida impedían la aplicación de sus creencias hasta años recientes: la llegada de una abundancia relativa en los países ricos da al hombre el poder para llegar a las metas que permitan garantizar un nivel mínimo de vida para todos». (11)

La demanda de un ingreso anual garantizado se convirtió en un inesperado estímulo político cuando el líder de la economía neoconservadora, Milton Friedman, defendió su propio modelo basado en la existencia de tasas fiscales negativas. No estaba de acuerdo con la visión liberal de que la automatización produciría una creciente y constante pérdida de puestos de trabajo, lo que finalmente conduciría a una reducción en la masa de puestos de trabajo formal, forzando a una decisión social para separar ingresos y trabajo de millones de americanos que quedarían marginados por la economía de mercado. Friedman, que actuó como asesor tanto del presidente Nixon como del presidente Reagan, estaba más interesado en lo que entendía como fallos del estado del bienestar. Argumentaba que sería mejor dar a los pobres un ingreso mínimo garantizado que continuar financiando la masa de costosa burocracia de los programas del bienestar que, a menudo, resultaban contraproducentes y que tan sólo servían para perpetuar la pobreza en lugar de aliviarla.

Bajo los planteamientos propios de un impuesto negativo sobre los ingresos, el gobierno federal podría garantizar un nivel mínimo de ingresos para cada americano y podría crear un sistema de incentivos que animaría a sus hipotéticos receptores a suplir el subsidio gubernamental con su propio trabajo. Mientras que la asignación del gobierno disminuiría a medida que los ingresos personales aumentasen, se reduciría a «una tasa menor, de forma que se preservaría el incentivo para el trabajo». (12) Friedman argumentaba que este planteamiento no era tan radical, puesto que el conjunto de medidas de asistencia y de bienestar existentes ya habían generado un «ingreso anual garantizado por el gobierno, aunque fuese sólo en substancia, y no en nombre». Apuntaba que bajo los programas entonces existentes, los ingresos percibidos implicaban pérdida de beneficios, creando con ello un desincentivo para dejar la mendicidad. «Si una persona bajo asistencia pública gana un dólar, y obedece la ley, el ingreso producido por la asistencia quedará reducido en la misma cantidad: el efecto es penalizar, bien sea la industria, bien sea la honestidad, o ambas a la vez. El programa tiende a producir gente pobre y una permanente clase necesitada, que vive de la asistencia pública.» Friedman afirmaba que estaba de acuerdo en un pago directo en metálico para los pobres de forma que pudiesen realizar sus propias decisiones de consumo personal en el mercado libre, independientemente de los dictados efectuados por los burócratas. (13)

A pesar de las divergencias entre los economistas liberales y los conservadores en las razones que les llevaban a dar soporte a un ingreso anual garantizado, la creciente tendencia a hablar de la idea básica llevó al presidente Lyndon B. Johnson a establecer la National Commission on Guaranted Incomes en 1967. Después de dos años de conversaciones y estudios, la comisión formada por líderes de empresa, por representantes sindicales y por otros americanos importantes, emitió su informe. Los miembros de la comisión apoyaban únicamente la idea del ingreso anual garantizado. El informe establecía que «el desempleo o subempleo entre los pobres se debe, a menudo, a fuerzas que no pueden ser controladas por ellos mismos. Para muchos de los pobres, el deseo de trabajar puede ser intenso pero las oportunidades de realizarlo no lo son… Incluso si se mejorasen los actuales programas de asistencia pública y de bienestar, éstos serían incapaces de garantizar que todos los americanos recibiesen un ingreso adecuado. Por ello hemos recomendado la adopción de un nuevo programa de ingresos para poder suplir las necesidades de todos los americanos». (14)

El informe fue ignorado durante mucho tiempo. Muchos americanos y la mayoría de los políticos encontraban de difícil aceptación la idea de proveer a la gente con un ingreso garantizado. A pesar de las recomendaciones de que los incentivos incluidos podían animar a los receptores a complementar sus subsidios con trabajo, un cierto número de políticos consideraban que la simple idea de garantizar un ingreso anual acabaría con la ética del trabajo y produciría una generación de americanos carentes del espíritu del trabajo. Mientras que las recomendaciones de la comisión languidecían, el gobierno federal decidió poner en marcha una serie de proyectos piloto para comprobar la viabilidad de proveer un ingreso anual garantizado. Para su propia sorpresa, el gobierno llegó a la conclusión de que no podía reducir, de forma apreciable, el incentivo a trabajar, como muchos políticos habían temido. (15)

En la actualidad, la discusión sobre los ingresos anuales garantizados ha vuelto a ponerse de moda, y está en boca de un cada vez mayor número de académicos, de políticos y de líderes sindicales y de derechos civiles, en busca de una solución para el doble problema del desempleo tecnológico a largo plazo y de los crecientes niveles de pobreza. Pero, a diferencia de los primeros programas, en los que se requería muy poco o casi ningún tipo de compensación por parte de los receptores, en la actualidad los reformadores unen la idea de un ingreso social a un acuerdo para que los desempleados realicen servicios para la comunidad en el seno del tercer sector, en efecto, adelantando la idea de un salario social como compensación por un trabajo real en el seno de la economía social. (16)

Muchos países de la Europa Occidental han legislado, en los últimos veinticinco años, diferentes programas de ingresos mínimos garantizados, con diferentes grados de éxito. El plan francés es particularmente interesante debido a que incorpora una fórmula contractual por la cual «el derecho al ingreso mínimo queda condicionado a la aceptación, por parte del beneficiario, de trabajo que pueda resultar socialmente o culturalmente útil para la comunidad o de la asistencia a cursos para la formación o reinserción en la vida activa».(17) Con una menor cantidad de puestos de trabajo disponibles en el cada vez más automatizado mundo de la economía de mercado, el plan francés, con el fin proveer un ingreso garantizado a cambio de un acuerdo para realizar servicios comunitarios, debería ser copiado por otras naciones ansiosas de solucionar, de forma simultánea, el problema de la garantía de unos determinados ingresos y el de la pérdida de importancia del papel del trabajo, como consecuencia de una menor disponibilidad de empleo formal.

En el pasado, el gobierno ha sido acusado, a menudo, de malgastar gran-des sumas de dinero en aspectos propios de la economía social, siendo incapaces de hacer llegar cantidades adecuadas a gentes y a comunidades realmente necesitadas. Buena parte del gasto implícito en los programas gubernamentales ha servido para alimentar muchos servicios sociales, quedando relativamente pocos recursos para asistir a las comunidades con problemas. Sin embargo, ha habido algunas excepciones notables. La Volunteers in Service to America (VISTA), la Student Community Service Program, el National Service Corps, el Peace Corps, el National Health Service Corps (NHSC) y, más recientemente, el America-Corps son programas federales diseñados para promover el servicio cívico individual y apoyar las actividades de los voluntarios en las diferentes comunidades de los Estados Unidos y de los países de ultramar.

VISTA, fundada en 1964, está formada por voluntarios reclutados fundamentalmente en las comunidades para las que sirven, quienes dan su tiempo y sus habilidades a organizaciones cívicas que realizan actividades comunitarias para reducir la pobreza. Como compensación por sus servicios, reciben una remuneración simbólica suficiente para cubrir sus gastos mínimos. El Student Community Service Program ayuda a promover el voluntariado entre los estudiantes de instituto y entre los de los colegios. Se han fijado ayudas para organismos sociales, escuelas y organizaciones cívicas para que puedan promocionar un amplio abanico de actividades de servicio, entre las que se incluyen centros de asistencia de día, enseñanza, prevención de la drogadicción y servicios asistenciales de salud. El National Senior Service Corps incluye el Retired Senior Volunteer Program (RSVP), el Foster Grandparent Program (FGP), y el Senior Companion Program (SCP). Los voluntarios que actúan en estos tres programas financiados con fondos federales, se hallan por encima de los sesenta años de edad y trabajan a tiempo parcial en las actividades de servicio a la comunidad. Se han creado ayudas para las organizaciones locales sin ánimo de lucro y para las financiadas públicamente que recluten, coloquen y supervisen la actividad de ciudadanos de edad avanzada. El Peace Corps tuvo su origen en 1961 y está formado por miles de jóvenes americanos que actúan como voluntarios y sirven en ultramar por periodos de hasta dos años, generalmente asistiendo a comunidades urbanas y rurales azotadas por la pobreza y ubicadas en países del tercer mundo. El National Health Service Corps (NHSC), un pro-grama del Public Health Service, recluta y destina a asistentes de salud pública a comunidades pobres, generalmente de ámbito rural, a las que les faltan los cuidados médicos básicos. El NHSC garantiza las matrículas y unos sueldos mensuales a aquellos estudiantes que acepten servir durante un plazo de dos años en una determinada comunidad, como complemento a sus estudios. El AmeriCorps, puesto en marcha por el presidente Clinton en 1993, garantiza los costes de matrícula y recursos para los gastos mensuales de miles de estudiantes americanos como contraprestación por un compromiso de servicio de dos años después de la graduación, actuando como voluntarios en las áreas de educación, medio ambiente, necesidades de las personas o de seguridad pública.(18)

Los gobiernos estatal y local también introducen programas innovado-res para ayudar a compensar las actividades realizadas por el tercer sector. En la década de los 80 el estado de Carolina del Norte puso en marcha una oficina especial gestionada por voluntarios, cuyo objetivo era el reclutamiento y la formación de personas para actuar en el servicio voluntario a comunidades. Alrededor del 70 % de los adultos del estado actuaron en un momento u otro en programas de voluntariado auspiciados por el gobierno y su do-nación se estimó en más de 300 millones de dólares. El gobernador Jim Hunt trabajó como voluntario un día a la semana, instruyendo a estudiantes de matemáticas, mientras que su esposa lo hacía en el programa Meals on Wheels. El gobernador se convirtió en un firme defensor de la ayuda gubernamental al sector del voluntariado, argumentando que «un nuevo tipo de pensamiento empieza a ser necesario entre los demócratas, según el cual el voluntariado debe ser el factor clave de la reforma social». (19)

Aunque los costes de estos programas de ayuda gubernamental a las comunidades de servicio son bajos, las compensaciones económicas para la comunidad son enormes y, a menudo, exceden en varias veces aquellos gastos. Dólar a dólar, las inversiones del gobierno en programas diseñados y auspiciados desde el sector del voluntariado han demostrado hallarse entre los medios más efectivos, en función de los recursos empleados, para ofrecer servicios sociales en las comunidades locales. Así, independientemente de los resultados de los experimentos y los programas que han tenido éxito en años recientes, los recursos asignados a este tipo de iniciativas son pocos, si se comparan con otros gastos del gobierno en lo que se refiere a la economía social.

Muchos demócratas tradicionales, así como algunos analistas de Wall Street y académicos de diferentes universidades, intentan que los programas de trabajos públicos financiados con fondos gubernamentales empleen a personas sin empleo y a las que han caído en las redes de asistencia pública, en una permanente subclase. Felix Rohatyn, el analista en inversiones que se hizo famoso por salvar a la ciudad de Nueva York de la bancarrota en la década de los años 70, aboga por un programa masivo de obras públicas para arreglar los puentes, túneles y autopistas del país, y para crear una red de trenes de alta velocidad y transporte masivo. Rohatyn afirma que el programa que tiene en mente costaría un mínimo de 250.000 millones de dólares en un periodo de diez años, pero podría generar un millón de puestos de trabajo por año. El esfuerzo podría quedar compensado mediante grandes emisiones de bonos a interés variable, garantizadas por «modestos incrementos en los impuestos sobre la gasolina». Rohatyn sugiere que los fondos de pensiones públicos y privados también podrían ser empleados para ayudar a financiar estas emisiones a largo plazo. (20) La propuesta de Rohatyn es loable, aunque podría no ser políticamente viable, debido el clamor popular por un gobierno de menor tamaño y el nuevo e importante clima de austeridad que reina en Washington y en las capitales de los diferentes estados.

Además de los programas de obra pública, la administración contempla la posibilidad de ofrecer a las empresas créditos fiscales si contratan personas sujetas a ayudas de la asistencia social. La administración y el Congreso han reservado las cantidades de 2.300 millones de dólares en créditos fiscales y de 1.000 millones en nueva financiación para incluir las Empowerment Zones en un número seleccionado de guetos urbanos. Estas áreas recibirían créditos fiscales especiales y otros tipos de beneficios gubernamentales para ayudar a atraer nuevos negocios. Las empresas que empleen residentes de una Empowerment Zone podrían llegar a ahorrarse hasta 3.000 dólares por año en impuestos sobre los salarios. A pesar de la fanfarria política que rodea el plan presidencial cuyo objetivo es la mejora de las comunidades pobres en el interior de las ciudades, pocos políticos se muestran optimistas con que nuevos negocios se ubiquen en guetos urbanos de América o que muchos nuevos puestos de trabajo del sector privado se generen a partir de tales proyectos de Washington. (21)

Al centrar demasiado la atención en los proyectos de obras públicas de financiación gubernamental y crear incentivos en el sector privado para que se contraten pobres, el gobierno actúa contra la tendencia histórica que lleva a la sociedad a apartarse del empleo en los sectores privado y público y a dirigirse hacia el trabajo en el tercer sector. Hablar de los programas masivos de obras públicas tiene poco sentido ahora que el deseo público no es el suficiente y el necesario para crear este tipo de programas a la escala requerida para afrontar la actual crisis. De igual modo, los continuos esfuerzos para encontrar trabajos inexistentes en la economía formal o trabajos que probablemente serán eliminados por la reingeniería y la automatización dentro de unos años, parece ser un camino equivocado.

Sería mejor que el gobierno federal encaminara sus esfuerzos lejos de los costosos proyectos de obras públicas y de quijotescos intentos de crear economías modélicas dentro de los núcleos urbanos pobres; en cambio, debería dirigirlos hacia programas de servicio a la comunidad en zonas necesitadas. La contratación, formación y colocación de millones de desempleados y de ciudadanos americanos que han sido golpeados por el infortunio, en organizaciones sin ánimo de lucro en sus propios vecindarios y comunidades tendrá, probablemente, un mayor impacto por dólar gastado que los programas tradicionales orientados a trabajos públicos e iniciativas orientadas al mercado.

Sara Melendez, la presidente del Independent Sector, una organización nacional que hace las funciones de «paraguas» en representación de los grupos que actúan en el tercer sector, argumenta que las comunidades sin ánimo de lucro son, a menudo, capaces de dirigir y controlar los problemas con más rapidez y eficacia a nivel local que las agencias gubernamentales. Defiende la creación de nuevas asociaciones entre los dos sectores y afirma que, al menos en algunos casos, el gobierno federal puede cumplir mejor los objetivos sociales «mediante la creación de organizaciones sin ánimo de lucro, a través de contratos y ayudas, adaptando los servicios a los diferentes grupos de población de acuerdo a su idioma, a sus antecedentes culturales y a sus necesidades locales». (22)

El gobierno federal ha intentado, a modo de prueba, garantizar ingresos y estimular la creación de ciertas formas de servicios comunitarios bajo las actuales propuestas de reforma de la asistencia pública. Ya ha asignado un crédito fiscal que puede llegar hasta 3.033 dólares por año y familia para complementar los salarios de los trabajadores pobres de la nación garantizando, esencialmente, una parte de sus ingresos. Tanto los republicanos como los demócratas han dado apoyo al plan, argumentando que el ingreso adicional garantizado crea un incentivo necesario para que las gentes sigan trabajando y se mantengan fuera de las redes de la asistencia y pedir cita. Además, en diciembre de 1993, la administración anunció que favorecería una revisión del actual sistema de bienestar social e incluiría entre sus propuestas un plan para fomentar el trabajo mediante la asignación de complementos cuando el trabajo realizado tenga una retribución menor que la asignada por el sistema de asistencia pública. La Casa Blanca también afirmó que consideraría la posibilidad de imponer un plazo de dos años a los beneficios derivados de la asistencia social, después de los cuales el afectado «se veía obligado a encontrar un empleo o realizar algún tipo de trabajo comunitario».23

Con el plan actualmente en revisión, si, después de una intensiva reeducación y formación, el afectado no fuese capaz de asegurarse un empleo en el sector privado después de dos años de obtener beneficios sociales, el propio gobierno le asignaría a trabajos públicos de interés social con un mínimo de 15 horas por semana y un salario equivalente al mínimo fijado por la ley. También, alternativamente, el afectado podría incorporarse a un «programa experimental de trabajo comunitario» con la finalidad de poder seguir recibiendo los beneficios.

Un programa de reforma del sistema de asistencia social aún más ambicioso fue anunciado por el gobernador de Massachusetts, William F. Weld, en enero de 1994. Este plan suponía que todos los cabeza de familia sujetos al Aid to Families with Dependent Children (AFDC) deberían ir a trabajar al sector privado o incorporarse a programas de servicios cívicos denominados Transitional Employment for Massachusetts Parents (TEMP) durante un año. El gobierno estatal, a su vez, sustituiría sus ayudas asistenciales por guarderías, ayuda a los niños y asistencia médica para garantizar que recibiesen la asistencia necesaria mientras los padres estuviesen trabajando. Puesto que aquellos que trabajasen en los programas de ayuda a la comunidad, formando parte de los TEMP, recibían menos del salario mínimo, el gobierno seguiría proporcionando una ayuda AFDC parcial para complementar sus ingresos. El gobernador Weld afirmó que lanzaba las nuevas reformas «para cambiar el paradigma de la asistencia social, de forma que pudiésemos disponer de un programa basado en salarios dignos y no en ayudas en metálico». (24)

Como era de esperar, las centrales sindicales de los empleados públicos de la nación ya se han manifestado respecto a las nuevas propuestas de reforma del sistema asistencial, expresando temores de que cientos de miles de sus miembros podrían ser sustituidos por gente pobre forzada a dejar la seguridad social para realizar servicios a la comunidad. Lee A. Saunders, asistente del presidente del sindicato American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME), comunicó a la White House Task Force on Welfare Reform que se deberían crear entre 1,2 y 2 millones de puestos de trabajo en programas de asistencia, bajo el plan propuesto por el presidente. «No existe ninguna forma de crear tantos puestos de trabajo sin quitarlos del sector público, incluso aunque se dictasen reglas contra el despido», afirmaba Saunders. (25)

La preocupación de las centrales sindicales de empleados públicos respecto al desempleo podría quedar parcialmente minimizada por la puesta en marcha de una legislación que redujese la semana laboral de 40 a 30 horas para todos los empleados públicos. El gobierno ha mantenido durante mucho tiempo el principio de que los empleados públicos deberían ser compensados en términos comparables a los que se producen en el sector privado. Una reducción en la semana laboral en la economía formal de mercado estaría unida a una reducción similar en las horas trabajadas en el sector público. Mediante la reducción de las horas de trabajo de los empleados públicos de 40 a 30 horas, e incrementando la compensación por hora trabajada para igualar los salarios con las ganancias en productividad, los gobiernos locales, estatales y federales podrían asegurar la permanencia de los puestos de trabajo de los actuales empleados públicos. Al mismo tiempo, una reducción del 25 % en la semana laboral de los empleados públicos crearía una demanda de trabajo que podría ser cubierta, en parte, por aquellos que realizan trabajos de servicios a la comunidad.

En el debate sobre el reparto de los beneficios de la mejora de la productividad, cada país debe esforzarse por resolver una cuestión elemental de justicia económica. En palabras otras, ¿debería cada miembro de la sociedad, incluidos los más pobres, tener derecho a participar en los beneficios del incremento de la productividad derivados de la aplicación de las revoluciones tecnológicas de la información y las comunicaciones? Si la respuesta es afirmativa, entonces deberá diseñarse alguna forma de compensación para el creciente número de desempleados cuyo trabajo ya no será necesario en el nuevo mundo regido por la automatización que se nos avecina en el siglo XXI. Dado que los adelantos en las tecnologías significarán cada vez menos puestos de trabajo en la economía de mercado, la única forma efectiva para garantizar a estas personas, permanentemente desplazadas por la maquinaria, los beneficios de los incrementos en productividad será a través de algún tipo de ingreso garantizado por el gobierno. Ligar el ingreso con algún tipo de ayuda social a la comunidad ayudaría al crecimiento y al desarrollo de la economía social y facilitaría la transición, a largo plazo, hacia una cultura orientada a servir a la comunidad.

 

NOTAS A PIE DE PÁGINA

  1. Theobald, Robert, The Guaranteed Income, Nueva York, Anchor Books, 1967, pág. 19.
  2. «A Minimum Guaranteed Income: Experiments and Proposals», International Labour Review, mayo-junio de 1987, pág. 263.
  3. Friedman, Milton, «The Case for the Negative Income Tax», National Review, 7 de marzo de 1967, pág. 239; «PRO and CON Discussion: Should the Federal Government Guarantee a Minimum Annual Income for All US Citizens? », Congressional Digest, octubre de 1967, pág. 242.
  4. «Guaranteed Annual Income: A Hope and Question Mark», America, 11 de diciembre de 1971, pág. 503.
  5. Hum, Derek, y Simpson, Wayne, «Economic Response to a Guaranteed Annual Income: Experience from Canada and the United States», Journal of Labor Economics, enero de 1993, parte 2, págs. 52-80, S287.
  6. Entrevista del 23 de marzo de 1994. En ella, Don Kennedy advierte que los proveedores no tienen en cuenta el tema de la demanda agregada. Se pregunta: « ¿Qué ocurre cuando se fabrican los mejores productos del mundo, al menor coste y con la mejor calidad, y nadie puede comprarlo?». Dado que «la demanda depende de los ingresos», afirma Kennedy, «debemos pensar en la distribución de los ingresos, y no sólo en el recorte de los costes a través del recorte de gastos de mano de obra». El problema radica en «ver cómo dar ingresos a las personas que no pueden encontrar trabajos remunerados… Si la tecnología de automatización produce una sociedad más rica, deberemos imaginar una forma totalmente distinta de repartir esta riqueza, en lugar de modificar el sistema de salarios».
  7. «Minimum Guaranteed Income», pág. 271.
  8. «Federal Volunteer Programs», Congressional Digest, mayo de 1990, pág. 132; Seasons of Service, Washington, DC, Corporation for National Servi 1994.
  9. Entrevista del 13 de abril de 1994, con la Governor’s Office of Citizens’ Affairs del estado de Carolina del Norte.
  10. «The American Economy and the Rest of the World: Two Sides of the Same Coin», dirigido por Felix G. Rohatyn a la John E Kennedy School of Government, Universidad de Harvard, 1993, Albert H. Gordon Lecture on Finance and Public Policy, 30 de noviembre de 1993.
  11. «Too Few Good Entreprise Zones», Nation’s Business, octubre de 1993, pág. 30.
  12. Entrevista de 18 de marzo de 1994, con Sara Melendez, presidente del Independent Sector.
  13. «US Is Paying More LowEarners for Working, IRS Survey Finds», New York Times, 17 de abril de 1994, pág. 23; «Hill to Get Welfare Bill, Clinton Officials Predict», Washington Post, 27 de diciembre de 1993, pág. A-8.
  14. «Weld, Celucci File Plan to Replace Welfare with Work Benefits», nota de prensa de la Commonwealth of Massachusetts, Executive Department, State House, Boston, 14 de enero de 1994; «Massachusetts Welfare Reform Would Drop Cash Benefits, Require Work», Washington Post, 15 de enero de 1994, pág. A-6.
  15. «Unions Fear Job Losses in Welfare Reform», Washington Post, 6 de enero de 1994.

 

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