EL AUTORITARISMO DIGITAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

ANTONIO CALLEJA-LÓPEZ. COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TECNOPOLITICA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN COMMUNICATION NETWORKS AND SOCIAL CHANGE DEL INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE INTERNET DE LA UOC

Sin embargo, como ha sugerido Marlies Glasius, hoy resulta más productivo atender a las “prácticas autoritarias e iliberales” desplegadas también por actores no estatales y estados no considerados autoritarios. Las prácticas autoritarias se caracterizarían por el sabotaje a la rendición de cuentas por parte de la autoridad mediante estrategias como el desmantelamiento del acceso a la información (p.ej.: la desinformación), mientras que las prácticas iliberales estarían definidas por la violación de la autonomía y la dignidad personal (p.ej.: la vigilancia arbitraria).

 Casos como el ataque a la libre expresión (p.ej.: la censura) serían una combinación de ambos tipos. La digitalización da nuevos medios y formas a estas prácticas. A la hora de abordarlas, es importante distinguir dos momentos en la relación entre política y tecnología. Al hablar del autoritarismo digital suele subrayarse el momento del uso, pero uno previo e igualmente importante es el de construcción de las tecnologías.

La construcción de la tecnología en la era de la Covid-19

 Para explorar la construcción de tecnologías puede tomarse un caso característico de la era Covid-19: el de las aplicaciones de rastreo de contactos. Diferentes paradigmas compiten para diseñar estas tecnologías, usadas para identificar personas que hayan estado en contacto con un caso positivo. Por un lado existe una propuesta, la DP3T (Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing), que usa el bluetooth del móvil siguiendo un protocolo descentralizado: los terminales almacenan códigos encriptados de las personas usuarias con las que se entra en cercanía física.

 Cuando una persona se declara positiva, el terminal envía un código a un servidor central, que a su vez envía una notificación al resto de terminales, los cuales comprueban autónomamente si el código está en su listado. Este protocolo es software libre, minimiza los datos recabados (p.ej.: no recoge la identidad de los sujetos ni su geolocalización) y los almacena en el propio móvil. Por el contrario, otros modelos usan GPS, almacenan datos de diverso tipo, se apoyan en servicios digitales o de telecomunicaciones, o, como mínimo, almacenan listados de contactos completos en servidores centrales.

El modelo DP3T trata de maximizar la privacidad mientras que el resto ofrece más información a las autoridades, e incluso terceros, algo potencialmente útil en términos sanitarios pero también de vigilancia, represión, discriminación o explotación mercantil. El estudio Covid-19 dlgGtal rights tracker muestra que, a 7 de octubre, la apuesta de Google y Apple por un protocolo inspirado en DP3T lo ha hecho llegar (al menos) a un 37,5% del total de aplicaciones de rastreo. Más allá, una mayoría de ellas muestra deficiencias en sus políticas de datos y privacidad.

 La GDPR (General Data Protection Regulation), la ley europea de protección de datos, una de las contribuciones clave del Viejo Continente a la geopolitica de la tecnología, ha servido como referente para DP3T. Pero más allá de las aplicaciones de rastreo, la geopolítica de la tecnología tiene hoy otros protagonistas. EE.UU. y China compiten por la hegemonía en el desarrollo y despliegue global de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el 5G o la vigilancia masiva. El Partido Comunista chino ha lanzado el programa China Standards 2035 para impulsar sus estándares.

MORTALIDAD EN PANDEMIA

 Mientras, EE.UU. ha tomado una posición errática a la hora de definirlos. Quizá como síntoma, frente al discurso del internet abierto y el tecnoglobalismo de las últimas décadas, el bloqueo frontal a Huawei, TikTok, y WeChat en EE.UU. la abolición del principio de neutralidad de internet (por el cual proveedores de servicios de internet y gobiernos deben tratar todo tráfico de datos de igual forma), denotan un tecnonacionalismo corporativo e intervencionista en auge.

 Por su parte, países como Rusia o Irán impulsan una cibersoberanía entendida como construcción y control autoritario de internets nacionales. Enlazando geopolítica y economía, debe recordarse que los actores en estas disputas no son solo estados sino también corporaciones. Las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), entre las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, han instaurado su modelo durante las últimas décadas.

 Al implantar sus prácticas, amparadas por el marco regulatorio estadounidense, en todo el mundo, han ejercido una forma de colonialismo digital. Han extendido lo que la socióloga Shoshana Zuboff denomina “capitalismo de la vigilancia”, una variación del capitalismo centrada en la extracción, procesado y uso de datos (y metadatos) personales a escala masiva a fin de analizar y orientar el comportamiento, en términos alineados con la maximización del beneficio privado, o lo que el filósofo Nicle Srniceck define como “capitalismo de plataforma”, subrayando el despliegue corporativo de infraestructuras tecnológicas que operan como mediadoras y explotadoras de los recursos y actividades de otros actores sociales.

 Este modelo, extendido en transporte, alquiler de vivienda, entrega a domicilio o entretenimiento, parece ampliarse con la pandemia a ámbitos como la educación o la salud. Las corporaciones tecnológicas se ofrecen (en partenariados público-privados) como solución a los problemas del mundo de la pandemia y la pospandemia, algo que está incrementando sus cotizaciones bursátiles. Las Big Tech chinas, como Alibaba, Baidu, Tencent, Xiaomi o Huawei, operan según lógicas similares.

 La prevista extensión del internet de las cosas de la mano del 5G implicará un mayor entrelazamiento de lo digital y lo analógico y, posiblemente, una profundización de estas lógicas algorítmicas y económicas en la vida cotidiana. Estos procesos son útiles, también, para las prácticas autoritarias. Más allá de este marco general, el autoritarismo digital encuentra proveedores tecnológicos específicos (cuando no promotores geopolíticos) entre las empresas y los estados de la OTAN, China, Rusia, e Israel.

Usos de la tecnología: vigilancia, censura, manipulación

 Tras la construcción de tecnologías vienen sus usos. Entre las prácticas que definen el kit del autoritarismo digital destacan la vigilancia, la censura y la manipulación. Ligadas a ellas suelen ir otras como los ciberataques, la persecución y el acoso o los cortes de internet. Estas prácticas suelen combinarse entre sí y con estrategias analógicas como las iniciativas legales y la represión en las calles.

Una primera práctica, la vigilancia digital, se ha apoyado a menudo en aplicaciones y plataformas digitales mainstream. Sobre su base han crecido sistemas de vigilancia estatal tanto en EE.UU. como en China. Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo diferentes programas de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. y la CIA analizaban digitalmente la actividad de millones de personas. Por su parte, la regulación china de protección de datos ofrece amplios márgenes al Gobierno para recabar información o solicitarla a las empresas digitales del país.

 Además, durante la pandemia, la vigilancia digital se ha adentrado en lo analógico y lo biométrico. La estrategia china es un ejemplo del potencial de los sistemas de vigilancia híbridos para afrontar la crisis sanitaria, sistemas que incluyen tecnologías de grabación, biometría, IA, drones y aplicaciones móviles, junto a estrategias analógicas (p.ej.: fuerzas de seguridad). Pero el uso de estos sistemas (a menor escala) no es exclusivo. Otros países como Israel o Corea del Sur han usado una combinación de datos de geolocalización, grabación de videocámara o información de tarjetas de crédito, con flagrantes invasiones de la privacidad.

 Por su parte, la censura en internet ha seguido en alza tras la llegada de la Covid19. Según muestra FN2020, los gobiernos de al menos 28 países censuraron sitios y publicaciones en redes para ocultar acusaciones de corrupción y contenidos críticos ligados a la Covid19. En 45 países activistas, periodistas o ciudadanía fueron arrestados o acusados de delitos penales por causas similares. En todo el mundo, los cortes de internet aumentaron de 111 a 213 entre el 2011 y el 2019.

 Se dan, también, situaciones paradójicas: empresas como Facebook, que ha rehuido toda supervisión y ha sido criticada por sus filtrados de contenidos, son llamadas a arbitrar y asumir más responsabilidades ante la proliferación de noticias falsas y desinformación entre el 2016 y el 2020. Una tercera práctica del autoritarismo digital es la manipulación, entendida como desinformación/conformación. Aquí se sitúan casos como el de Cambridge Analytica, las operaciones de desinformación de Rusia, o de figuras como Steve Bannon, impulsor global del nacionalismo autoritario.

 La infodemia ha acompañado a la pandemia, impulsada por actores locales y globales. En países como India, Brasil o Filipinas, los partidos en el gobierno han usado las redes para desviar la atención de los errores en sus políticas sanitarias y lanzar a sus seguidores contra minorías u opositores. Por otro lado, iniciativas como el crédito social chino enlazan Estado y plataformas en un sistema de orientación del comportamiento que podría marcar el postCovid19. El debate sobre la realidad e impacto de estas prácticas subraya la necesidad de analizarlas.

Contra el autoritarismo digital

 En este contexto ¿hay resistencias o alternativas? Recientes encuestas como las del Pew Research Center, el Eurobarómetrol y el European Tech Insights, o productos culturales como los documentales El gran hackeo y El dilema de las redes sociales, han mostrado y estimulado la creciente conciencia y preocupación pública en torno a estos asuntos.

Sin embargo, la pandemia parece haberlas relegado frente a otras variables como la salud. En todo caso, ante el autoritarismo digital se vienen ensayando formas de resistencia, contra ataque y alternativas impulsadas por la sociedad civil y algunas instituciones públicas. Las estrategias digitales de países como Islandia o Estonia, la ley de protección de datos europea, las iniciativas para regular las Big Tech en EE.UU., o redes como la Internet Freedom Coalition o la de Cities For Digital Rights, son pasos en positivo.

 Más allá, la sociedad civil está en el centro de la batalla. En el plano de la construcción de tecnologías, la intervención de organizaciones activistas y académicas en los debates sobre las aplicaciones de rastreo de contactos ha mostrado la flexibilidad del diseño y la relevancia de la ética de la tecnología frente al tecno-determinismo o el tecno-centrismo. En esta dirección, nacen organizaciones de auditoría algorítmica y de justicia en el diseño tecnológico.

En perspectiva geopolítica, desde la sociedad civil surgen narrativas y prácticas alternativas de soberanía tecnológica, que impulsan de infraestructuras abiertas, democráticas y garantistas de los derechos digitales y que en ocasiones enlazan con instituciones oficiales en parternariados público-comunes?

Proyectos de hardware libre como Arduino, servicios de internet como Guifinet, redes sociales como Mastodon, o redes políticas como Decidim, tratan no tanto de contrarrestar el autoritarismo digital cuanto de construir formas alternativas y más democráticas. En el ámbito económico, la economía social y solidaria explora el cooperativismo de plataforma y los procomunes de datos como alternativas incipientes al capitalismo de plataforma. Investigadoras y activistas de todo el mundo, del Berkman Klein Center a la Mozilla Foundation, debaten y promueven estándares globales en esta línea.

 El propio FN2020 reclama a los gobiernos restringir tanto la exportación de tecnologías de censura y vigilancia como el desarrollo de sistemas integrados de biometría e IA. Frente a los usos tecnológicos autoritarios surgen también diversas respuestas. Contra la vigilancia, son recursos usados por activistas las redes VPN o navegadores como Tor, las técnicas de encriptación fácil o los dispositivos para bloquear cámaras .

 En términos de contraataque, las prácticas de vigilancia desde abajo (la sousveillance opuesta a la surveillance) incluyen el uso de móviles para grabar actuaciones de las fuerzas de seguridad estatal, las filtraciones de informantes o las denuncias de organizaciones de derechos humanos. Ante a la censura, además de las prácticas mencionadas, la sociedad civil ha seguido recurriendo a las redes sociales, en el caso de activistas chinos, usando el humor o los emojis para circular sus mensajes durante la pandemia.

 Frente a la manipulación social, redes activistas y académicas o de medios de comunicación han articulado observatorios, líneas de investigación y herramientas para detectar y contrarrestar redes de bots, noticias falsas y desinformación, o para divulgar información fidedigna y narrativas constructivas.

 La pandemia ha servido para experimentar tanto en el uso de espacios digitales para la protesta como en su conexión con la auto-organización urbana (p.ej.: Black Lives Matter) o la ayuda mutua inclusiva y de proximidad, posibles diques frente a la ultraderecha. Ante los cortes de internet se han usado aplicaciones como Firechat, que no requieren conexión a ella. Contra el acoso en redes se han extendido los talleres y kits de seguridad y autodefensa digital.

 En este momento de shock pandémico y digitalización acelerada, el supervisar, intervenir y bloquear, o impulsar alternativas a las prácticas de construcción y uso de tecnologías de corporaciones y estados, desde la sociedad civil, parece imprescindible para garantizar la democracia y las libertades en las sociedad digitales. Las formas de autoridad y libertad hoy dependen de complejos entramados y conflictos tecno políticos. Lejos de todo determinismo histórico, político o tecnológico, el rostro de las sociedades tras la pandemia emergerá de las luchas en torno a ellos.

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