Discurso sobre la Ley de Reforma Política ADOLFO SUÁREZ.

Adolfo-Suarez

Discurso radiotelevisado sobre la Ley de Reforma Política ADOLFO SUÁREZ [10 de septiembre de 1976]

El final de la Guerra Civil (1936-1939) y las simpatías de la dictadura franquista (1939-1975) con los países del Eje durante la Segunda Guerra Mundial provocaron el aislamiento del régimen hasta la década de 1950, momento en que se impuso la dinámica de la Guerra Fría y el general Franco apareció como un aliado fiel en la lucha contra el comunismo. A pesar de las dificultades para integrarse de pleno derecho en los organismos europeos, España modernizó sus estructuras económicas y sociales a partir del plan de estabilización de 1959, pero quedó al margen de la evolución política de Occidente, encerrada en una dictadura represiva y personalista, que seguía anclada en la retórica fascista de la década de 1930. Tras la muerte del dictador y la entronización del rey Juan Carlos I, la presión de los grupos democráticos que integraban la oposición impuso el desmantelamiento del sistema autoritario y el establecimiento de un régimen democrático. El proceso, conocido como la Transición, tuvo uno de sus actores principales en la figura de Adolfo Suárez (1932-2014), nombrado presidente del Gobierno en julio de 1976. Una de las piezas principales fue la Ley de Reforma Política, que permitió la celebración de elecciones y la apertura de un proceso constituyente. Cuatro años más tarde, Suárez fue víctima de las intrigas dentro de su propio partido (la Unión de Centro Democrático) y tuvo que presentar su dimisión en medio de un clima enrarecido que culminó con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

Buenas noches.

Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles, sencillamente, cómo propone el Gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad.

Hablar de política para un presidente del Gobierno quiere decir intentar despejar incógnitas y clarificar los objetivos que perseguimos. A partir de hoy mismo, fecha en que el Consejo de Ministros ha acordado remitir al Consejo Nacional y, en su momento, a las Cortes el Proyecto de Ley para la Reforma Política, creemos haber llegado a la recta final de este proceso iniciado hace tiempo, del modo más racional y congruente con la sinceridad democrática: dar la palabra al pueblo español.

Pienso que la democracia debe ser obra de todos los ciudadanos y nunca obsequio, concesión o imposición, cualquiera que sea el origen de esta. Por eso estamos convencidos de que para su logro es preciso el concurso de cuantas fuerzas articulen el cuerpo nacional.

Se trata de acomodar nuestros esquemas legales a la realidad del país. En consecuencia, hemos procurado examinar con toda objetividad las demandas políticas que se producen desde la ciudadanía y para ello hemos conectado con muchos de los grupos políticos más significativos que existen en España y que ofrecen alternativas estimables, sean de derechas, de centro o de izquierda, para escuchar con respeto sus puntos de vista.

Pero la opinión pide hechos, y con ellos queremos responder. Ha llegado el momento de clarificar la situación política, y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Reconocido en la Declaración Programática del Gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Con ello hacemos realidad el deseo expresado por S. M. el rey ante el nuevo Gobierno de «pulsar y conocer en profundidad las aspiraciones del pueblo español y acertar a canalizarlas por cauces de autenticidad y normalidad».

Y esto es lo que el Consejo de Ministros acaba de aprobar: el proyecto de ley para la reforma política. Es un proyecto sencillo y realista que trata de servir de cauce formal para que el pueblo pueda desempeñar el protagonismo que le corresponde. Trata de allanar los caminos para que sea posible, con el máximo consenso, acomodar la legalidad a las realidades nacionales.

Evidentemente, podíamos sentir la tentación de redactar una Constitución completa y definitiva reguladora de todos los aspectos de la vida política. Hemos preferido, sin embargo, dar paso a la legitimidad real de los grupos y partidos por medio del voto. Con ello comenzamos a convertir en realidad lo que ya dije en otra ocasión: elevar a la categoría política de normal lo que en la calle es simplemente normal, quitarle dramatismo y ficción a la política por medio de unas elecciones.

He dicho la palabra «elecciones» y, efectivamente, esta es la clave del proyecto. Las modificaciones constitucionales que contiene permitirán que las Cortes —compuestas por Congreso y Senado— sean elegidas por sufragio universal, directo y secreto, lo antes posible y, en todo caso, antes de junio de 1977. De esta forma, el pueblo participa en la construcción de su propio futuro, puesto que se manifiesta, elige a sus representantes, y son estos los que toman decisiones sobre las cuestiones que afectan a la comunidad nacional.

Nos parece que cualquier otro planteamiento implicaría el debilitamiento del papel del pueblo, cuando no su marginación. La libre voluntad de los españoles correría el grave riesgo de ser sustituida por acuerdos al nivel de presuntas representaciones que solo pueden ser verificadas a través de las urnas.

De esta manera, los grupos políticos que hoy se presentan con voluntad de protagonismo y que son significativos y respetables, pero que carecen de mandato popular, comenzarán a ser representativos del pueblo.

Con este proyecto de ley, la reforma de las Leyes Fundamentales es importante, aunque solo afecte a una parte de estas. Y arranca de la legalidad fundamental vigente, llevándose a cabo a través de los procedimientos previstos. El Gobierno está convencido de que las instituciones comprenderán la necesidad de esta reforma y respaldarán la apelación directa al pueblo al que esas mismas instituciones se deben y sirven. No puede existir ni existirá un vacío constitucional, ni menos un vacío de legalidad. No puede producirse ese vacío porque España es un Estado de derecho que se basa en la primacía de la ley.

Cuando este pueblo haga oír su voz se podrán resolver otros grandes problemas políticos con la autoridad que da la representatividad electoral. Entonces podrán abordarse con rigor temas como la institucionalización de las regiones, dentro de la permanente unidad de España, la definitiva reforma sindical, la reforma fiscal, la relación del Gobierno con las Cámaras legislativas y aquellos que nos afectan no solo en la vida próxima y diaria, sino en cuanto al porvenir de nuestros hijos.

El Gobierno que presido no se plantea la vida política como un simple y, posiblemente, demagógico relevo de clases dirigentes. No sería ni serio ni responsable reducir a eso la gran operación de transformaciones que es preciso acometer.

El Gobierno trata de llegar más lejos: gobernar, con medidas a corto plazo, la transición de un sistema de legítima delegación de autoridad a otro de plena y responsable participación. Pero trata también de que España encuentre el clima suficientemente favorable para trazar una gran política de Estado en la que será precisa la colaboración de todos en la parcela de trabajo —por pequeño que parezca— de cada uno.

Hace poco más de dos meses, después de jurar mi cargo ante su majestad el rey, me dirigía a los españoles en un breve mensaje. Los invitaba a iniciar juntos un camino de futuro, que ha de evitar caer en cualquiera de estas dos tensiones: el partir de cero haciendo tabla rasa de lo que constituye nuestra propia historia, y el entramado de nuestras mismas vidas, o el confiado «aquí no pasa nada», que ignora la profunda transformación real que se está operando, en todos los ámbitos, en la sociedad española.

Los propósitos que anuncié aquel día siguen en pie. Sigue en pie, por tanto, la acuciante preocupación por los más graves problemas que a todos nos afectan. Una gran parte de la comunidad se siente afectada cuando al regresar de las vacaciones se encuentra con nuevas alzas de precios, observa que hay millares de jóvenes que se incorporan cada año a la vida activa, sin posibilidad de encontrar siempre el puesto de trabajo adecuado, advierte que en general muchas empresas empiezan a estar descapitalizadas, o se enfrenta con la dificultad de encontrar en algunas zonas un adecuado puesto escolar para sus hijos…

Las preocupaciones más próximas son, sin duda, las que se refieren a nuestra vida diaria. Soy consciente, como lo es el conjunto del equipo gubernamental, de que nos hemos hecho cargo de dirigir una situación económica difícil. Que estas dificultades económicas les preocupan a ustedes muy legítimamente. Que las sufre todo el pueblo español y que son sentidas con más intensidad por quienes tienen menores niveles de ingresos. Que, con toda razón, los españoles piden remedios eficaces. Y que estamos ante la circunstancia de coincidir la necesaria transición política con la crisis económica, de modo que todas las soluciones son más costosas y algunas medidas, políticamente buenas, son económicamente desfavorables, o a la inversa.

Esta situación se agrava más aún si tenemos en cuenta que, al verse las economías occidentales profundamente afectadas por la crisis energética, España no solo ha tenido que pagar también la factura de la subida del precio del petróleo, sino que, además, la recesión que ha tenido lugar en los otros países ha incidido muy negativamente en nuestro turismo y en nuestro comercio exterior.

La crisis económica internacional ha perjudicado más profundamente a un país como el nuestro, que es un país en desarrollo, pero que no es todavía un país desarrollado.

Esta situación exige una mayor austeridad en todos los ámbitos públicos y privados y un máximo sentido de la responsabilidad de los empresarios y de los trabajadores, cuyos intereses deben coincidir básicamente en un momento en que lo fundamental es dinamizar nuestra economía a través del impulso de la iniciativa privada y de la colaboración entre todos aquellos que participan en el proceso productivo.

Reconozcamos todos que los problemas que tiene España, como cualquier país en desarrollo, ni pueden resolverse de golpe ni el Gobierno dispone de una fórmula mágica capaz de solucionarlos en el acto.

Al Gobierno le habría gustado conducir la transición política en una situación económica como la que disfrutábamos hace varios años, en plena expansión nacional e internacional. Pero acepta serenamente los datos de la realidad, y con ellos se propone sentar las bases para la construcción de nuestro futuro.

El Gobierno se encontró con tres tipos de necesidades que requieren tres tipos de acciones:

La primera es facilitar la Transición. La acometemos con la ley anunciada. Significa reconocer la voz del pueblo. Al hacerlo, estamos en condiciones de decir que no se permitirá un asalto a ese pueblo basado en el recurso a la violencia en la calle —sin tener en cuenta que la calle es patrimonio de todos—, ni mucho menos en el intento de atribuirse representaciones que no vengan directamente conferidas por los votos.

La segunda es solucionar los problemas económicos y sociales heredados y anular sus causas. En la medida en que estas causas sean políticas, se trata de buscar la necesaria clarificación. En la medida en que sean puramente económicas, hay soluciones. Por ello el Gobierno ha adoptado un conjunto escalonado de medidas a corto plazo para corregir de inmediato los más acuciantes desequilibrios económicos y sociales. Con las adoptadas y con otras más que en breve el Gobierno explicará, habremos sentado las bases imprescindibles para acometer una programación económica de largo alcance.

Tratamos de encauzar con justicia la vida económica y social, y en ello comprometemos nuestra autoridad. No queremos tapar huecos, sino dejar un país viable y ordenado para quienes nos sucedan. Pero no nos engañemos. Las resoluciones económicas ya acordadas por el Gabinete, que por sí mismas y en otros tiempos ya habrían generado un enérgico cambio de rumbo, no han tenido toda la virtualidad que de ellas cabría esperar. Y ello se debe, hay que reconocerlo con claridad para salir del círculo vicioso en que podemos caer, a la incidencia de la vida política en la económica. Mientras que no se despejen las incógnitas políticas que gravitan sobre el país, no podrá existir reactivación ni estabilidad económica.

He ahí un punto más que nos demuestra la interrelación de los procesos económicos y políticos y una trascendental razón añadida, por la cual, al mismo tiempo que reordenamos la economía, tenemos que acometer con toda claridad, rapidez y firmeza la importante operación de nuestra reforma política.

Nuestro compromiso es que la estabilidad alcanzada no se deteriore, que los niveles de renta y de seguridad y bienestar social no sufran merma. Que se mantenga el poder adquisitivo de las rentas salariales, que se respeten la iniciativa y la empresa privada y se reconozca su eficacia y su contribución a la expansión económica y social. Pero si son precisos sacrificios, tengan la seguridad de que serán los indispensables. Y algo más: que debe ser el conjunto de la comunidad nacional la que los supere con sentido de justicia y solidaridad para que sean compartidos por todos los sectores sociales.

La tercera es que, cuando la España de la monarquía comience a rendir sus frutos, las tareas de la reforma no harán que se olviden nuestros objetivos como nación. Vamos a comenzar un gran debate nacional sobre nuestro futuro. De él se derivará la claridad que necesitamos para poder elegir con rigor y garantías. Ante España se abre un nuevo horizonte.

Como señaló S. M. el rey, España es hoy una nación joven, en cuya población los dos tercios tienen menos de cuarenta años… «Ningún obstáculo se opondrá a que nuestra comunidad española siga adelante, trabajando por la creación de una sociedad cada vez más próspera, más justa y más auténticamente libre.»

Esta convocatoria de la Corona es la gran misión para el futuro del pueblo español; se trata de la definición de una gran política de objetivos nacionales comunes que no pueda ser rechazada con fundamento por ningún grupo, por ningún partido, por ninguna institución que participe de la esencia de esa comunidad de ideas e intereses que llamamos España.

Soy consciente de la dificultad de esa gran política de Estado al margen de los cambios de Gobierno, al margen de la diversidad de opiniones, al margen del ejercicio de opciones y alternativas pluralistas y distintas. No es lógico que cada Gabinete que llegue al poder cambie de objetivos, cuya consecución solo se obtiene tras largos años de esfuerzos continuados.

Las grandes líneas de la política exterior, el proyecto de hacer una España más humana y personalizada, que responda a esquemas básicos de política educativa y cultural, la elevación del nivel de bienestar de los que todavía no han alcanzado un mínimo justo, y tantas otras cosas, no pueden quedar sometidas a alternativas circunstanciales.

No es presentable para un país necesitado de seguridad que la política educativa cambie cada pocos años, que la falta de claridad en política agraria lleve al desaliento a los hombres de nuestro campo, que la Administración se vea sometida a seísmos cada vez que hay un relevo en los puestos clave. No hay más política, señoras y señores, que la del esfuerzo común.

El país está vivo y es joven. Esa vitalidad y esa juventud son, qué duda cabe, conflictivas, pero son una fuente de riqueza que hay que aprovechar y canalizar. España es, ante todo, un gran país de peso específico en el mundo, que no debe perder su camino y debe reforzar su sentido de la dignidad nacional.

Por eso, hoy, que es un día más en la política española, quiero dirigirme a todas las mujeres y hombres de España. Quiero, en nombre del Gobierno, invitarlos a todos a un acuerdo básico.

Anteponer, en el tiempo que dure la construcción de nuestro nuevo horizonte, los intereses generales a los particulares. Quiero invitarlos a una coincidencia en nuestro futuro nacional, montado sobre la base de la variedad de alternativas que ustedes mismos elegirán. Tenemos la convicción de que es posible un gran acuerdo para la democracia, para la paz, para encontrar definitivamente unas bases sólidas cimentadas en la aceptación de los verdaderos intereses nacionales, para nuestra convivencia y nuestra grandeza como nación.

Desde este compromiso podemos aspirar a los grandes objetivos nacionales. El Gobierno desea que el nuevo horizonte de España no tenga solo metas irrenunciables y entrañables como Gibraltar. Nuestro tiempo habla de nuevas aspiraciones. Habla de centrar nuestro papel en el equilibrio geopolítico del mundo, habla de crear nuevas ilusiones colectivas; habla, en definitiva, de una gran solidaridad nacional por un futuro de prosperidad.

Tenemos la confianza de que nada de lo que espere al pueblo español en el futuro puede ser más difícil de superar que lo que ya ha sido resuelto en el pasado. Bajo la Corona, se pueden afrontar todos los problemas con la conciencia clara de que todos se pueden resolver. No hay por qué tener miedo a nada. El único miedo racional que debe asaltarnos es el miedo al miedo mismo.

El Gobierno está dispuesto a que un nuevo horizonte se consolide y para ello pide el apoyo y colaboración de toda la sociedad. El proceso de reforma se hará desde el imperio de la ley y con la firmeza necesaria para impedir el desorden. Pero nada es posible sin el respaldo de la comunidad nacional, de las instituciones, de los grupos, de los partidos y de las fuerzas sociales. Ante ese pueblo, cuya politización es la simple pero soberana politización de querer decidir su futuro, y decidirlo en paz, en orden y seguridad, hemos querido comparecer hoy.

Y repetir, una vez más, que el futuro no está escrito, porque solo el pueblo puede escribirlo. Para ello tiene la palabra. El Gobierno que presido ha preparado los instrumentos para que esa palabra pueda expresarse con autenticidad. Para garantizar, en definitiva, su soberanía. La soberanía del pueblo español.

Buenas noches.

 

←HISTORIA POLÍTICA DE ESPAÑA

←ESPAÑA