DE LA ARÁBIA SAUDITA A COLÓMBIA ASÍ HACEN NEGOCIO LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.

POR. MARC FONT  

cenefa1
LA ACTUACIÓN DE ALGUNAS DE LAS MÁS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS O CATALANAS EN PAÍSES DEL SUR HA GENERADO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS IMPACTOS NEGATIVOS PARA LAS COMUNIDADES LOCALES Y, INCLUSO, A VECES HAN SIDO ACUSADAS DE NINGUNEAR LOS DERECHOS SOCIALES, CULTURALES O ECONÓMICOS ALLÍ DONDE HACEN NEGOCIOS. ONG Y ACTIVISTAS SOCIALES CRITICAN QUE LOS ESTADOS EUROPEOS A MENUDO PRIORIZAN SUS INTERESES TRANSNACIONALES, HASTA EL PUNTO DE LEGITIMAR LOS ACUERDOS COMERCIALES CON REGÍMENES DICTATORIALES O CONTRIBUIR DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE A LA VENTA DE ARMAMENTO A PAÍSES EN GUERRA.

 
Los últimos años, el pantano de Juan Gómez, situado en el municipio de Arjona, a unos 40 kilómetros en el sur de Cartagena de Indias (Colombia), ha ido perdiendo agua, y la fauna y la flora del área se han resentido. El proceso, segundos denuncia el abogado especializado en derechos humanos Adil Jose Meléndez —que visitó Barcelona en junio pasado—, es consecuencia de la captación de líquido que hace Aguas de Cartagena (Acuacar) para proveer la capital del departamento de Bolívar. “El pantano ha sufrido un proceso de contaminación y de sedimentación a gran escala por culpa de la captación de agua y prácticamente se ha quedado sin vida acuática. Esto ha tenido un impacto en las comunidades ancestrales que dependen [entre 12.000 y 15.000 personas], que han visto como su modo de vida tradicional, basado en actividades como la pesca, la caza o la tala de árboles, casi se hacía inviable. Se han empobrecido y muchos se han desplazado en la ciudad”, explica Meléndez. El letrado subraya los daños “ambientales y humanos” provocados por Acuacar, que “no ha hecho ninguna obra” para “recuperar el sistema de laguna”. La empresa es de capital mixto, con la participación pública del Distrito de Cartagena y la privada del grupo catalán Agbar, que tiene el 45,9% del capital.

Arabia Saudí es de uno de los actores clave en la guerra que vive el Yemen desde marzo del 2015. La petromonarquía ha liderado una coalición internacional que ha llevado a cabo operaciones militares en el país, entre las cuales hay bombardeos a objetivos civiles que incluyen escuelas, instalaciones médicas, mezquitas y mercados, y que han provocado miles de muertes. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que Arabia Saudí comete “con impunidad vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. Entre el armamento utilizado en los ataques hay los aviones Eurofighter, que tienen entre sus proveedores de equipos y de sistemas Indra, una multinacional estatal con presencia en múltiples sectores, también los de defensa y seguridad. Su accionista principal es el Gobierno español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El grupo tiene varias sedes en Cataluña y facturó más de 3.000 millones el 2018, con un beneficio superior a los 120.
“Hemos visto y sistematizado los impactos generados por los proyectos de parques eólicos: deforestación, desplazamiento de nuestras actividades económicas, ocupación y profanación de nuestros lugares sagrados, pérdida de fauna y de flora, acaparamiento de tierras, contaminación y desvío de ríos…” Así se expresaba Bettina Cruz, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y del Territorio en una entrevista a La Marea el 2016. Se refería a los macroproyectos eólicos desarrollados desde el 2009 por grandes transnacionales en esta zona del estado de Oaxaca, en México, entre los cuales destaca el complejo de Bii Hioxo, un parque enorme que entró en funcionamiento en octubre del 2014 y que está en manos de Naturgy, el antigua Gas Natural Fenosa. “El proyecto, lo han bautizado como Renace, pero aquí muere todo”, afirmaba el 2017 a Lo Salto el abogado del colectivo Madre Selva Vladimir Soto. Renace es un complejo hidroeléctrico levantado en la zona montañosa del río Cahabón, situado en San Pedro Carchà, al departamento de Alta Verapaz, en Guatemala.
El proyecto, que se ha desarrollado en varias fases, ha contado como subcontratista con el Grupo Cobra, que forma parte de ACS, el conglomerado empresarial que encabeza Florentino Pérez. Según denunciaba Soto, y varias ONG, Cobra es cómplice de las vulneraciones de los derechos que ha generado Renace, como por ejemplo la merma del caudal del río en más de 20 kilómetros —un impacto que afecta decenas de miles de personas— o que no se haya hecho una consulta “previa, libre e informada en los pueblos indígenas”, a pesar de que así lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblas indígenas y tribales, en vigor al país centroamericano desde el 1996. El rechazo a Renace ha generado una fuerte movilización social en Guatemala.

En mayo del 2017, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe donde afirmaba que “el gigante empresarial Ferrovial gana millones con la tortura de personas refugiadas en Nauru”. En este estado de la Micronesia se ubica desde el 2012 un “centro de tramitación de refugiados” externalizado por el Gobierno australiano, que envía los refugiados que intercepta en alta mar para evitar que pisen su suelo. En el momento del informe, la empresa Broadspectrum, filial de Ferrovial desde el año anterior, se encargaba de los “servicios de guarnición y atención social” del centro. Si bien Broadspectrum no renovó el contrato en otoño del 2017, AI concluyó que Ferrovial no había ejercido la “debida diligencia” en materia de derechos humanos antes de comprarla, a pesar de conocer los graves abusos que se cometían en Nauru, que, según el ONG, incluirían agresiones físicas y sexuales. Los cinco son ejemplos de grandes empresas vinculadas a Cataluña —ya sea porque tienen el origen, alguna sede o desarrollan un volumen importante de actividad— que han sido acusadas de vulnerar los derechos humanos. No son casos excepcionales en un modelo de relaciones globales en que, a la práctica, el derecho comercial pasa por encima de los derechos humanos. La razón es el que se denomina lex mercatoria o derecho corporativo global, que, según el doctor en Derecho de la Universidad del País Vasco Juan Hernández Zubizarreta, es un “derecho difícil de determinar porque es un conjunto de normativas de comercio y de inversiones de carácter bilateral, regional y multilateral, que aparecen en los contratos de inversión, a los tratados de libre comercio…”. El importante, pero, es que son normativas “imperativas, coercitivas y ejecutivas”, de forma que hay que cumplirlas si no se quiere recibir sanciones muy duras, cosa que, en cambio, no pasa con los derechos humanos.

 

Derechos humanos y empresa: hacia un tratado vinculante?

 
En una época marcada por la propaganda de las políticas de responsabilidad corporativa sin ningún tipo de fiscalización externa, para intentar cambiar la situación hay varias iniciativas. En el ámbito global, desde hace más de cuatro años el Comité de Derechos Humanos de la ONU negocia la aprobación de un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas, defendido por centenares de organizaciones a escala mundial y que ha recibido el apoyo de una campaña ciudadana que ha recogido unas 600.000 firmas. Ahora bien, los EE. UU. ya han avisado que no cumplirían esta normativa si se llega a aprobar, y la Unión Europea presiona porque no salga adelante.
En el ámbito catalán, en abril el Parlamento aprobó una moción que arrecia la petición de crear un centro de estudio y de evaluación sobre los impactos de las empresas catalanas con inversiones al exterior. Según el texto, el organismo tiene que disponer de instrumentos que velen por el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de los derechos humanos por parte de las empresas, con participación de la sociedad civil, del Gobierno y del Parlamento mismo”. Fuentes del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia explican que “se está trabajando y el plazo previsto es que se pueda concretar a finales de año”. La realidad, pero, es que el Parlamento ya aprobó, y por unanimidad, en noviembre del 2016 la creación del centro, una iniciativa surgida del Grupo Catalán de Empresa y Derechos Humanos —formato por Lafede.cat y la Mesa Catalana por la Pau y los Derechos Humanos en Colombia—, pero no se llegó a materializar. Dani Gómez Olivé, técnico de incidencia de Lafede.cat, apunta que el ideal seria que el centro pudiera investigar denuncias como las mencionadas al inicio del artículo y, en caso de confirmarlas, que la Generalitat no contratara la empresa “mientras no cambie su actuación”. En este sentido, una de las opciones sería “hacer firmar a las empresas que trabajan con la Generalitat un documento en que se comprometieran a garantizar que cumplen los derechos humanos y, si se demuestra que no lo hacen, pues que puedas dejar de contratarlas”, añade. Admite que “sin un tratado internacional vinculante, será complicado” que la Generalitat tome medidas coercitivas en este ámbito.

 

La diplomacia económica de los estados

 
La internacionalización de las empresas no se explica sin el apoyo público. Misiones comerciales, asesoramiento, viajes oficiales, etc., son elementos que forman parte de la diplomacia económica, que practican todos los estados (o casi). En el caso español, tienen un papel clave instituciones como el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) —en el ámbito catalán, el equivalente seria ACCIÓ, la agencia de promoción exterior de la empresa catalana. Según Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en la América Latina (OMAL) Asociación Pau con Dignidad, la diplomacia económica “es una de las vías con que el Estado apoya a la expansión de las empresas transnacionales. Es una política de Estado, independientemente de quien gobierne, y tiene como prioridad la defensa de los intereses de las grandes empresas internacionales, entre otras cuestiones, con la apertura de mercados, a través de visitas diplomáticas en compañía de directivos de grandes empresas. El objetivo es conseguir contratos beneficiosas para estas compañías”. Más allá de la Unión Europea, países del Magreb, como Marruecos o Argelia, y la América Latina son algunas de los destinos principales de las inversiones españolas al exterior. En todos los casos, la prioridad es el negocio, y esto se muestra con toda la crudeza en el hecho que muchas grandes corporaciones tengan contratos jugosos en países dictatoriales, donde, obviamente, el respecto a los derechos humanos presenta carencias muy importantes. Arabia Saudí, Qatar, Guinea Ecuatorial, China, Argelia y Marruecos son solo algunos ejemplos, siempre con el Gobierno español de turno dando pleno apoyo.

2-protesta de trabajadores de Ferrovial

Protesta de trabajadores de Ferrovial.

En noviembre del 2018, el presidente chino, Xi Jin-ping, protagonizó la primera visita oficial en España en 13 años de un jefe de Estado del gigante asiático. Su agenda incluyó encuentros al más alto nivel —se reunió con el rey Felipe VI; con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y con el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, del PSOE. Las reuniones sirvieron para ligar decenas de acuerdos bilaterales entre España y China, como uno para facilitar el aterrizaje de varias empresas españolas al país asiático. Entre las beneficiadas, Abengoa, Telefónica, Seat, Indra y Técnicas Reunidas. También se constituyó un Consejo Asesor Empresarial Chino-Español formato por representantes de una quincena de compañías asiáticas y de una quincena de españolas. Entre las últimas hay Alsa, El Corte Inglés, Indra, el Grupo Mondragón, Repsol, el BBVA, el Santander o la armamentística Maxam. Y de los derechos humanos, se habló? Pues, finalmente, quedaron fuera de la agenda.

 

El papel de Borbones en el mundo árabe

 
En abril del mismo año había sido Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, quien había protagonizado una visita en España en que, entre otros, se reunió con el rey Felipe. Desde hace más de cuatro décadas, las relaciones de Borbones con la monarquía de los Saud son especialmente estrechas. La visita sirvió para firmar un protocolo de intenciones porque el estatal Navantia construyera cinco fragatas de guerra para los saudíes, que se materializaría meses más tarde. El año anterior había sido Felipe de Borbón quien va había viajado —durante tres días— en el país del golfo Pérsico, en una visita de la cual también formaban parte los entonces ministros de Asuntos exteriores, Alfonso Dastis, y de Fomento,filigo de la Serna, además de tres secretarios de Estado y de una decena de directivos empresariales de compañías como Acciona, OHL, Talgo, Navantia, Renfe, Sacyr o FCC. También aquí, los derechos humanos quedaron fuera de la agenda, a pesar de la demanda de algunas ONG porque no fuera así.

3-Felipe VI y Salman Abdulaziz.metirta.online

Felipe VI y Salman Abdulaziz.

Solo entre el 2003 y el 2014, el rey Juan Carlos, entonces jefe de Estado, viajó hasta 11 veces en el golfo Pérsico, donde cerró algunas operaciones comerciales. Uno de los grandes acuerdos fue la adjudicación, el 2011, de la construcción de la línea de tren de alta velocidad entre Medina y la Meca, en Arabia Saudí, por más de 6.700 millones a un consorcio hispanosaudita en que participan 11 empresas españolas, como Talgo, Renfe, Adif, OHL o Indra. En Qatar, un emirato rico gracias a las reservas de gas natural, operan, entre otros, compañías como Acciona, Iberdrola, FCC, OHL, Ferrovial o Sacyr. En septiembre del 2018, su ministro de Exteriores, Mohammed al-Thani, se reunió a Madrid tanto con el presidente español, Pedro Sánchez, como con el rey Felipe. Durante las dos décadas de presidencia de Abdelaziz Bouteflika (1999-2019), Argelia ha sido un socio preferente para el Estado español, del cual es el proveedor principal de gas natural CaixaBank, el Banco Sabadell, Cobega, Repsol, ACS o Naturgy son algunas de las multinacionales españolas con presencia. También aquí las denuncias por vulneraciones de derechos humanos no son un obstáculo para hacer negocios. El mismo pasa en Guinea Ecuatorial, el excolónia española que desde el 1979 rige con mano de hierro el dictador Teodoro Obiang. Tanto los gobiernos del PSOE como los del PP no han tenido ningún problema a mantener unas relaciones normalizadas, en buena parte gracias a la riqueza petrolera del país. Recientemente, pero, el Gobierno español ha cerrado la oficina comercial que tenía desde el 2007. La razón, pero, es la recesión económica que vive el país africano, que ha hecho que las empresas españolas pierdan interés.

La banca armada

4-El BBVA en Madrid
Finalmente, entre las inversiones más polémicas que llevan a cabo las empresas españolas catalanas— hay el enjarje al sector armamentístico, ya sea a través de la exportación de productos militares al exterior o a través de la financiación con créditos de esta industria. Según el informe anual sobre Banca armada, elaborado por el Centro De los de Estudios por la Pau, entre el 2013 y el 2018 las entidades financieras españolas aportaron 8.622 millones de euros a la industria militar. El papel más destacado, lo tienen el Banco Santander y el BBVA, que conjuntamente suman casi 5.200 millones y acaparan el 60% del total (CaixaBank se sitúa en 105 millones, y el Banco Sabadell, en 95). El investigador en paz y seguridad y autor del informe, Jordi Calvo, subraya que “la intención de la banca es hacer el máximo negocio de todos los sectores posibles, y el militar es un sector seguro, porque está financiado por el Estado”. Si bien el BBVA y lo Santander financian empresas militares de todo el mundo —muchas de los Estados Unidos—, también tienen un papel importante en la financiación de la industria local.

En este sentido, Calvo destaca que en el Estado interesa utilizar la exportación y la venta de armamento como herramienta de relaciones exteriores. Le sirve para tejer alianzas y conseguir otras inversiones”. Todo y la firma de compromisos de uso final de las armas para evitar que acaben empleándose en conflictos armados, esto no garantiza que esto no pase y que, como en el caso de Arabia Saudí en el Yemen, contribuyen a vulneraciones flagrantes de los derechos humanos.

 

←HISTORIA ECONÓMICA

←ESPAÑA