Por: Albert Sales i Campos
Según la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2012, en el Estado español la tasa de personas en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social se situaba a finales de 2012 en un 21,1%, lo que significa una pequeña disminución respecto al 21,8% de 2011.
En la nota de prensa que emitía el INE se celebraba que dicha reducción podía atribuirse a las relativas buenas condiciones económicas en que se encontraban las personas mayores de 65 años y a la menor incidencia que tenía la pobreza relativa entre esta parte de la población.
Sorprendentemente, los jubilados y las jubiladas del país en situación de riesgo de pobreza, que en 2011 eran un 20,8% del total, a finales de 2012 tan solo suponían un 16,9%.
Con esta explicación, el INE demostraba no estar habituado a interpretar datos en un contexto de no crecimiento. El umbral de riesgo de pobreza es una cifra relativa que cambia en función de los ingresos medios de la población. Se fija en el 60% de la mediana de ingresos de todos los hogares.
Teniendo en cuenta la caída de los ingresos medios de los hogares españoles, se trata de un umbral en descenso desde 2009. Un pensionista que en 2011 tenía unos ingresos de 7.500 euros anuales y vivía solo, se situaba por debajo del umbral de pobreza.
En 2012, a pesar de no haber aumentado su renta, el mismo pensionista ya no estaba por debajo de dicho umbral gracias al descenso de los ingresos del resto de la población.
Medir la pobreza a través de indicadores o de umbrales relativos tiene sentido porque nos permite saber qué proporción de personas tienen problemas para aproximarse al nivel de ingresos de la parte media, de una sociedad. Pero cuando esta sociedad vive un empobrecimiento generalizado, medir la pobreza relativa pierde su utilidad para conocer la evolución del alcance de las privaciones entre la población.
Si atendemos a los ingresos medios de los hogares, en claro descenso desde 2008, el titular debería haber sido: «por tercer año consecutivo, el umbral de riesgo de pobreza baja» o «cada vez hay que ser más pobre para ser considerado oficialmente pobre».
El optimismo español ante la extensión de la pobreza contrasta también con los datos de Aerostato, que fijan la tasa de riesgo de pobreza en un escandaloso 27% para 2011 y que sitúa a España tres puntos por encima de la media de la Unión Europea en una estadística que incluye a los 28 países miembros En términos absolutos, el descenso de la renta de los hogares es imparable desde 2008.
De los 26.500 euros en ese ario a los 24.609 euros anuales en 2011, los ingresos de las familias han caído como consecuencia de la destrucción masiva de los puestos de trabajo y de la reducción de las transferencias públicas.
Medir la pobreza siempre conlleva discrepancias. Para tratar de ir más allá de la perspectiva de los ingresos económicos, se utiliza el índice de carencia material
Se considera que una persona o un hogar está en situación de carencia material cuando expresa que no tiene acceso a tres de los siete bienes y servicios siguientes: no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado, al menos cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos, ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda en los últimos doce meses; no puede permitirse disponer de un automóvil; no puede permitirse disponer de un ordenador personal.
Con este índice se pretende cuantificar la proporción de la población que no puede acceder al estilo de vida mayoritario de cada país de la Unión Europea y, a pesar de sus limitaciones, nos ofrece un indicador en el que no hay umbrales que fluctúen en función de los ingresos.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida que el NE lleva a cabo anualmente, mientras en 2008 el 10,8% de la ciudadanía española expresaba carencias en un mínimo de tres de los siete conceptos presentados, en 2012 la tasa alcanzaba el 16,4%.
La misma encuesta muestra cómo, en 2008, el 28,1% de los hogares españoles afirmaba no tener capacidad económica para afrontar un gasto imprevisto, mientras en 2012 esta proporción había aumentado hasta el 40%. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2012, un 14% de las familias españolas llega a fin de mes con extrema dificultad un 20% con dificultad y un 29% con cierta dificultad.
Para combinar la perspectiva de los ingresos relativos, el empleo y la privación material, en los últimos años se ha impulsado que las encuestas de condiciones de vida de los miembros de la Unión Europea recojan los indicadores necesarios para calcular la «Tasa AROPE» (acrónimo inglés beat RISC OfPoverol and Exclusion).
Se trata de la proporción de población que vive por debajo del umbral de pobreza, o que está afectada por privación material severa, o que sufren una intensidad de trabajo asalariado en su hogar inferior al 0,20. En el conjunto del Estado, las personas que se encuentran en estas una de estas tres situaciones eran el 23% de la población en 2009, el 25% en 2010 y e127% en 2011.
Esto significa que la proporción de la población que no sufre ninguna de las tres situaciones de riesgo de exclusión contempladas por la tasa AROPE se ha ido reduciendo sensiblemente en los últimos años.
Las medidas de austeridad han distribuido el impacto de la crisis perjudicando especialmente en la población más vulnerable e imponiendo políticas antisociales que empeoran el ya triste panorama del Estado español.
La imposibilidad de acceder a un trabajo remunerado para ciertos sectores de población les arroja irremediablemente a una situación de pobreza permanente.
En los primeros compases de la recesión fueron los jóvenes, las mujeres de mediana edad y los trabajadores y trabajadoras inmigrantes quienes recibieron el mazazo del desempleo. Precisamente las personas con menores cotizaciones a la seguridad social y una protección social más débil.
Este hecho, unido a los recortes en todo tipo de programas sociales y sanitarios, ha disparado el riesgo de pobreza entre las familias con personas dependientes, así como la vulnerabilidad de la infancia y de las personas ancianas.
La reforma laboral, un pilar básico del austericidio que vivimos, ha acelerado la destrucción de los empleos que podríamos considerar «de calidad». En anteriores crisis, el mercado laboral español se había mostrado altamente dualizado.
La destrucción de empleos afectaba sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, mientras los hombres de mediana edad mantenían sus puestos de trabajo o recibían propuestas de prejubilación que les permitía seguir siendo los «sustentadores principales» del hogar.
Aunque se trataba de un sistema altamente desigual desde la perspectiva generacional y de género, al’ menos frenaba la caída en la pobreza de muchos hogares. El estrepitoso fracaso del modelo económico español, la profundidad de la recesión que sufrimos, y las reformas de la legislación laboral hacen que la situación actual sea tristemente novedosa.
En el primer trimestre de 2013, se calcula que son 1,9 millones las familias en las que ninguna persona en edad de trabajar tiene un empleo, y son dos millones de paradas las que no reciben ningún tipo de prestación. Además, cada vez son más las personas que, a pesar de tener un empleo, se encuentran en la pobreza.
Se calcula que el 12% de la población ocupada vive en hogares bajo el umbral de la pobreza, y la tasa aumenta para determinados segmentos, como las trabajadoras autónomas, temporales o a tiempo parcial.
La crisis se convierte así en el pretexto para consolidar la tendencia de las «trabajadoras pobres». En 2008, en España, el 10,8% de las personas empleadas se encontraba bajo el umbral de riesgo de pobreza. En 2011, según
Eurostat, el 12,3% de las personas con empleo están e dicha situación. Si tenemos en cuenta que el umbral d riesgo de pobreza ha bajado progresivamente entre esta fechas, el efecto precarizador es más que evidente.
A pesar del amplio alcance social de la recesión, e empobrecimiento de la sociedad española no ha afecta do a toda la población por igual. Los recortes de los programas sociales se han cebado con los hogares más vulnerables, pero la marcha de la economía también ha sido selectiva al impacta sobre la estructura social del Estado.
Las desigualdades económicas entre la ciudadanía española no han hecho más que aumentar desde el estallido de la crisis. El coeficiente de Gini de la distribución de rentas de España en 2008 era de 31,3 y se había mantenido estable alrededor del 31 desde principios de la década.
En 2011, Eurostat estimaba un coeficiente de Gini de 34 para España. En la Unión Europea, solamente Lituania y Bulgaria superan a España en desigualdad de renta en 2011.
El informe sobre España publicado por el Fondo Monetario Internacional en agosto de 2013 no deja lugar a dudas. El futuro que las élites internacionales y nacionales plantean para la sociedad española se fundamenta en la polarización social y un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
El FMI afirma en su documento que los salarios aún deben rebajarse un 10% más, los gastos en sanidad y educación deben reducirse, hay que aumentar la recaudación de impuestos como el IVA, y hay que adelgazas la administración pública en todos sus niveles.
En el mejor de los casos, estas medidas permitirían, según d FMI, frenar el aumento del desempleo y dejar la tasa de paro en un desesperante 20%. Para las autoridades financieras internacionales, de no seguir la receta decretada el nivel de desempleo podría situarse en el 30% de la población activa.
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