ÁFRICA SAQUEADA.

Juan Álvarez Cobelas

 

Por Juan Álvarez Cobelas

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Toca ahora alcanzar unas conclusiones a las que nos ha llevado el presente trabajo, es decir, qué es un «Estado fallido» y cuáles han sido los instrumentos que la Comunidad Internacional ha puesto, o no, para remediar tales situaciones.

En primer lugar la aparición del fenómeno de «Estado fallido» supone una quiebra o revisión, del concepto clásico de Estado-nación, que los colonizadores europeos difundieron por el planeta desde finales del siglo XV, concepto que no había sido cuestionado desde la descolonización hasta el final de la Guerra Fría. El hecho de que, al ser un concepto de una ciencia social como es el Derecho y la Ciencia política no resulte fácilmente cuantificable, no por ello deja de tener una existencia real. En otras palabras no es que este tipo de Estado carezca de un territorio internacionalmente reconocido, una población y un gobierno con cierta capacidad para entrar en relación con terceros Estados, sino que estas tres características están tan difuminadas o repartidas entre dos o más actores nacionales, que la soberanía que en un Estado-nación está en posesión de un solo detentador, en un «Estado fallido» pasa a ser objeto de apropiación por parte de varios centros de poder.

Este fenómeno es el resultado de un principio de colapso que afecta al Estado y que se manifestaría desde el momento en el que el Estado soberano deja de ser la única fuente de toma de decisiones sobre el territorio (esto es, deja de ser percibido como tangible por los ciudadanos que son los destinatarios de esa autoridad).

El segundo rasgo tiene lugar cuando la periferia o las áreas geográficas más alejadas del centro político del país —frecuentemente coincide centro político (Jefatura de Estado) y centro geográfico (Capital de la Nación) — empiezan a apropiarse de más parcelas de poder del Estado central. En ese momento no cabe duda que esa fuente única de autoridad/poder comienza a colapsarse. Una tercera manifestación, se daría cuando el poder central se enroca en sí mismo (solo confía en sus propios agentes) lo cual lleva a adoptar políticas autoritarias y conservadoras de su propio poder. Y la cuarta, y última característica, se da cuando el gobierno central deja de operar en amplias zonas del territorio, lo cual produce un vacío de poder, que pasa a ser ocupado por las propias autoridades locales, que a menudo se han reconvertido en bandidos o señores de la guerra. Toda esta pérdida de control del Estado sobre su esfera política implica, también, una consecuencia económica como es la sustitución de la economía formal por la informal, y la invasión física por los Estados vecinos para llevar a cabo el saqueo económico del Estado que se colapsa. 739

La conversión de las divisiones administrativas de los imperios coloniales en Estados-nación soberanos (y no en otro tipo de institución jurídico política) en el África subsahariana, no fue tanto una petición de los colonizados, o un otorgamiento gracioso de los colonizadores, sino una consecuencia lógica del fenómeno descolonizador llevado a cabo por la Comunidad Internacional utilizando como instrumento el Derecho Internacional, como ya aparecía visionado en los Capítulos XI y XII de La Carta de Naciones Unidas de 1945, que continuó en la década de los cincuenta con las resoluciones 648(VII) de 1952 y 742 (VIII) de 1953, en las cuales, consciente o inconscientemente, se estaban enunciando los principios definidores de la estatalidad (a pesar de que simplemente se referían a territorios no autónomos) y que terminó en la resolución 1514 (XV). En otras palabras, se descolonizó únicamente para convertirse en Estados-nación.

No cabe duda que los regímenes políticos de las metrópolis marcaron los procesos de descolonización de cada unos de los territorios. Pero no solamente marcaron aquellos, sino también el tipo de Estado que surgiría a continuación.

La descolonización francesa estuvo ligada al devenir de la IV República y a su Constitución de 1946, cuyo fruto más interesante para nosotros fue el modelo de «asimilación» que representaba la Unión Francesa, pero agotado aquél modelo por la guerra de Indochina y de Argelia, la dinámica interna francesa dio lugar a la Va República en la cual la Constitución de 1958 acogió la idea de la «cooperación». El resultado fue que los nuevos Estados africanos francófonos que accedían a la independencia tuvieron un carácter fuertemente presidencialista.

Respecto de la descolonización británica, estuvo condicionada por el «imperialismo indirecto» que presidía todo el sistema constitucional británico. Este hecho llevó a un estatuto negociado entre las colonias y la metrópoli (por medio de las conferencias constitucionales) y a la implicación de las elites políticas africanas en la descolonización dando lugar a ‘hechos’ no traumáticos ni costosos, y a la consecuente integración de cada ex-colonia en la Commonwealth (con la excepción de Rhodesia del Sur).

La descolonización belga tuvo carácter de improvisación y precipitación. Los belgas jamás se preocuparon de preparar a su colonia joya (Congo belga), para que fueran adquiriendo una cultura política necesaria para la independencia y solo en fecha tan tardía como 1959 previó una cierta autonomía local. El resultado fue que el 30 de junio de 1960 empieza una descolonización sangrienta, un caos económico-político y unos intentos de secesión de parte del país, que han continuado marcando la historia del Congo. Este hecho tuvo dos consecuencias: El inicio del largo calvario del Congo como Estado fracasado y de la primera OMP multifuncional de NNUU que no tendría continuación hasta tres décadas después. Los territorios de Ruanda y Burundi, sometidos a un régimen de administración fiduciaria por parte de la potencia administradora, fueron objeto de una política de división y enfrentamiento raciales entre las etnias hutus y tutsis, que desde entonces hasta la actualidad se han traducido para ambos países en periódicas crisis humanitarias y genocidios.

En cuanto a la descolonización portuguesa ésta se prolongó en el tiempo tanto como se prolongó la dictadura que sostenía a aquellas «provincias de ultramar». En dos de los tres casos (Angola y Mozambique) el resultado fue una salida precipitada de los colonizadores y el comienzo de una guerra civil, en las cuales además de los varios actores nacionales de cada conflicto participaron actores vecinos (Rhodesia, Sudáfrica, Tanzania, Congo) y también las grandes superpotencias en su juego de Guerra Fría. El caso de Guinea-Bissau fue un proceso diferente. El país alcanzó la independencia por sí mismo por medio de la lucha de liberación y de una inteligente política de propaganda anticolonial en los foros internacionales. Su movimiento de liberación declaró unilateralmente la independencia el 24 de septiembre de 1973, declaración que fue reconocida por la Asamblea General el 2 de noviembre del mismo año. La respuesta de Portugal no pudo ser otra que el reconocimiento de un hecho consumado cuando en octubre de 1974 se retiró del territorio. El resultado de estas mediocres descolonizaciones han sido los Estados africanos actuales que caracterizaríamos del modo siguiente: una gran fragilidad político-social interna, y por contra un reconocimiento jurídico-formal externo que asegura la supervivencia del Estado. Tal fragilidad interna tiene su causa en una patrimonialización o apropiación, de los recursos públicos por parte de los poderes públicos apoyado en ello por un sistema de partido único (por lo menos hasta mediados de la década de 1990), y en un nepotismo sustentado sobre la pertenencia al clan o tribu del Jefe del Estado (Guinea Ecuatorial sería el ejemplo perfecto en la cual el clan del Jefe del Estado se apropia de las rentas del petróleo).

El Estado africano nació, pues con un pecado original o problema ab origine, es decir, con una ausencia de tiempo para poder seguir el largo proceso evolutivo o de maduración que tuvo el Estado-nación europeo. Antes al contrario, con las prisas por liberarse del yugo colonial y la presión ejercida por el movimiento descolonizador y con la presión del Derecho Internacional que necesitaba un único interlocutor en sus relaciones internacionales (que no podía ser otro que el Estado-nación) la consecuencia inevitable fue un efecto contagio a lo largo y ancho de todo el continente expresado en una rápida sucesión de descolonizaciones (con la excepción de las colonias portuguesas y los tres Estados del cono sur Africano —Namibia, Rhodesia y República Sudafricana—) de modo que entre 1959 y 1965 casi toda el África subsahariana había accedido a la independencia. Por el contrario en Europa el proceso de ampliación de la esfera del poder del monarca respecto de los poderes feudales, urbanos y papales que tuvieron lugar a lo largo de la Edad Media europea (dicho de otra forma, la sustracción de las jurisdicciones que estaban en manos de los tres anteriores poderes para pasarlas a la Corona) desembocaron en el concepto de Estado, durante el siglo XV en las ciudades italiana 740

Paralela a esta evolución fue surgiendo la idea de un pacto social entre gobernantes y gobernados que llevó a una organización racional del Poder dividido entre los tres poderes en que recíprocamente se controlan y a una personificación del Estado que tuvo como consecuencia su responsabilidad jurídica 741 No por casualidad la expansión colonial que emprendió Occidente a partir del siglo XV, ayudó a la construcción de una conciencia nacional propia al descubrir y ocupar otros espacios del planeta que permitió a los europeos diferenciarse respecto del «otro».

El error fue pues ab initio o de intento de construcción de Estados-naciones africanos, según el modelo estado-liberal que por definición tenía que ser universal, es decir, asumido por todos los pueblos del planeta abstracción hecha de su sustrato político, social, antropológico, económico etc.

Según este modelo euro-occidental todos los individuos (que no grupos de individuos) de un determinado territorio a punto de ser descolonizado, comparten forzosamente un interés común de auto-preservación (Hobbes) y de consecución de un cierto bienestar material (Locke) 742 La consecuencia de esta línea de pensamiento han sido los tres aspectos canónicos de la estatalidad: el monopolio de la fuerza, la capacidad burocrática para ejercer esa fuerza, y el alcance territorial del Estado en cuestión para ejercer esa fuerza. Este modelo se adaptaba mal a la realidad africana puesto que imponía:

1° Una administración centralizada.

2° Unos códigos legales únicos (obviando la importancia del derecho consuetudinario en el continente negro).

3° Una uniformidad religiosa (a menudo por medio de una Iglesia o religión oficial).

4° Una uniformidad lingüística. 743

Algo que chocaba con la variedad y riqueza lingüística, étnica, cultural, etc, de los nuevos territorios que accedían a su independencia.

La respuesta de los padres de las independencias africanas fue doble: por un lado, la creación del Estado furioso 744 o intervencionista y por otro, la de su opuesto el Estado abstencionista. El primero se caracterizó por la articulación de toda la población en un sistema de partido único de masas, que debía reflejar la ausencia de clases antagonistas (al contrario de la división colonial entre blancos y nativos) 745 gobernados por un socialismo científico, con un gobierno fuerte (esencial en el momento inicial del desarrollo postcolonial) y a la vez que salvaguarda de la soberanía popular y presidido por una economía centralizada y planificada según el modelo soviético. Varios son los ejemplos que pueden ser traídos a colación aquí: desde aquellos que se preciaban de constituirse en Estados socialistas mediante una vía africana propia como los casos de Tanzania 746 o los supuestos de Nkrumah en Ghana 747 y de Modibo Keita (1960-68) en Malí, 748 presididos por una intento de alcanzar una solución al “subdesarrollo” por medio de una autarquía política social y económica que tenía su base en un socialismo comunal pre-colonial, para terminar con los países con un «socialismo de guerra», con los perfectos ejemplos de Angola. 749 Guinea Bissau 750 y Mozambique, en los cuales todo el «poder popular» se ponía al servicio de la movilización del esfuerzo de la guerra poder popular que estaba compuesto por la clase trabajadora urbana y el campesinado constituido en vanguardia de la clase socialista.

La otra respuesta fue la creación del Estado abstencionista por ejemplo la Costa de Marfil de Houphoüet-Boigny, la Liberia de William Tubman 751 o de Mobutu Sesé Seko en Congo/Zaire 752 todos ellos Estados autoritarios que sin embargo no trataban de reglamentar la vida de sus ciudadanos pero que sin embargo se mostraban indiferentes a los problemas y necesidades de su población. 753

La consecuencia de todo ello ha sido la deslegitimación del Estado-nación ante sus ciudadanos por ausencia de una falta de construcción nacional (nation building) que ha llevado a la población nacional a no adquirir el sentimiento o consciencia de pertenencia a una comunidad política organizada en Estado. Dicho de otra forma más gráfica los africanos siguen identificándose más con su tribu o etnia, que con su Estado, o no han transferido su lealtad de su etnia a la Nación. Este dato es uno de los orígenes del «Estado fallido», es decir el modelo weberiano según el cual el gobernante no es sino un administrador temporal de los bienes y servicios, se confunde en la realidad política africana, cuando éste hace descansar todo su poder político sobre el nepotismo y las relaciones clientelares.

Toda la doctrina hace coincidir el nacimiento de este fenómeno de «Estado fallido» con el fin de la Guerra Fría. Las propuestas para su remedio están más en la esfera de las soluciones políticas que en el Derecho Internacional contemporáneo, pero éste sí tiene formulas de respuesta. Por ejemplo, algunos autores ya estudiados (Mazrui, Helman y Ratner) llamados recolonialistas, abogan por hacer un uso alternativo de los artículos 77 y 78 de La Carta de INNUU, que instituye el sistema del fideicomiso, pero aplicándolo a estos Estados colapsados. Otros autores ponen de relieve que el sistema de fideicomisos no solo no es incompatible con la soberanía, sino con el derecho de autodeterminación de los pueblos. Langford visiona cuatro posibles escenarios en los cuales no sería contrario al Derecho Internacional la instauración de un fideicomiso sobre un país en riesgo o ya en situación de colapso.

En el primer supuesto nos encontraríamos, en el caso en el cual las autoridades del país asumieran voluntariamente y por un periodo de tiempo determinado tal régimen de administración fiduciaria.

El segundo supuesto de administración fiduciaria se daría mediante una aprobación del Consejo de Seguridad de tal régimen, cuando éste previera que tal desintegración estaba amenazando la paz y seguridad regionales.

El tercer escenario se daría cuando tal colapso supusiera un riesgo inminente de crisis humanitaria, o ésta ya se hubiera producido, y sólo se trataba de que no aumentara o infectara a los Estados vecinos (Langford pone el ejemplo de Somalia). Pero a este ejemplo podríamos nosotros añadir el genocidio de Ruanda.)

El último escenario propuesto sería aquel en el cual el Estado habría llegado a una situación de colapso tal que pudiera ser considerado como un territorio no autónomo del Capítulo XI de La Carta de Naciones Unidas, es decir, careciente plenamente de las notas propias de la estatalidad. Pero lo cierto es que todos los autores dentro del género «failed state» acuñan las especies de anarchic state, phantom state, falling state, putative state, abortive state, Etats sans governement, desintegrated states, état creux, en las que, sin embargo, encuentran rasgos comunes al fracaso del Estado, que no es sino la desaparición de las normas que rigen una comunidad política (estén éstas recogidas en textos legales o revistan la forma de costumbre) y en la desaparición, también, de cualquier tipo de autoridad pública que presida y gobierne esa comunidad política.

Como consecuencia de lo anterior el «Estado fallido» se nos presenta como el último estadio de una realidad que comenzó con los imperios coloniales, continuó con la pésima descolonización y desembocó en los Estados africanos actuales, cuyo carácter ya hemos definido anteriormente. Los ejemplos examinados de Somalia, Ruanda, Liberia, Sierra Leona, Zaire/RDC, etc, nos explican que este fenómeno no ha surgido de repente, sino que ha sufrido un largo proceso de incubación que ha terminado por aflorar en forma de guerras civiles, limpiezas étnicas o crisis humanitarias periódicas.

La respuesta dada por las Organizaciones internacionales ha sido las «nuevas» Operaciones de Mantenimiento de Paz. «Nuevas» no por el hecho de que no existieran con anterioridad, sino porque la filosofía y las situaciones sobre las que tienen que operar son nuevas.

En efecto, antes de la caída del muro de Berlín las operaciones de mantenimiento de la paz se aplicaron a conflictos interestatales, con actores todos precisamente estatales, y en los cuales en ningún caso se intentaba cambiar la situación interna del Estado (siempre con la excepción del Congo), por muy grave y degradada que ésta estuviera.

Naciones Unidas y la OUA entendían que uno de los caracteres definitorios de la estatalidad que es la soberanía, implicaba que cada Estado soberano gozaba de autonomía interna para organizarse política, social y económicamente de la forma que estimase más oportuna; idea esta que fue elevada a principio constitucional en La Carta de Naciones Unidas artículos 2.1. 2.7. y 78 y art. III.2 de la Carta de la OUA de igualdad soberana de los Estados y prohibición de intromisión en los asuntos internos de los mismos. No es de extrañar entonces que las operaciones revistieran las características siguientes:

1° Permiso de las partes para admitir el estacionamiento de los Cascos Azules en su territorio.

2° Mantenimiento del statu quo hasta que las partes alcanzaran un acuerdo sobre el objeto de la disputa.

3° Un mandato estrictamente mono-disciplinar de la misión, con un componente casi exclusivamente militar.

Como correlato a esta situación de fin de la Guerra Fría, también se ha producido un cambio en el diseño teórico de la operaciones de mantenimiento de la paz, impulsado por el Consejo de Seguridad en su Declaración de 31 de enero de 1992, y su desarrollo por el Secretario General por medio de «Un Programa de Paz» y su consiguiente adopción por parte del Consejo de Seguridad luego continuado en 1995 en el «Suplemento de Un Programa de Paz» con los caracteres siguientes:

1° Un tratamiento más amplio de los escenarios en los que tienen que desenvolverse las nuevas operaciones de mantenimiento de paz y consiguientemente una aproximación multidisciplinar al problema.

2° Un contenido preventivo y anticipatorio de las acciones de NNUU como fórmula para evitar que los conflictos estallen, o una vez comenzados, que se desborden a los Estados vecinos ahorrando así costes humanos y materiales, tanto para Naciones Unidas como para los contendientes.

3° Como complemento una labor mediadora del Secretario General (mediante el envío de sus representantes especiales) que se traduce en la llamada diplomacia preventiva.

4° Que será recogido en una posterior conclusión, una delegación y/o corresponsabilidad de las organizaciones regionales africanas para compartir riesgos y resultados.

Consecuencia de ello es que Naciones Unidas, a la hora de enfrentarse con un escenario de «Estado fallido», ha adoptado un concepto mucho más amplio de paz, que va más allá de la simple ausencia de hostilidades entre las partes, y que es entendida como aquella toma de medidas o labor emprendida de construcción de las condiciones para que la paz exista (donde antes no la había) o se consolide (de existir ya). A esta labor los documentos de Naciones Unidas lo han llamado acciones de construcción de la paz postconflicto, y en ellas se incluyen políticas de desarme, desmovilización y reinserción, de fomento de la confianza, de retorno de refugiados etc.

Pero como ha reconocido el Consejo de Seguridad, por boca de su Presidente (S/PRST/2004/16 de 17 de mayo) las misiones que NNUU propone para cumplir para el mantenimiento de la paz, están revestidas de unos mandatos más difíciles de cumplir, cuantitativa y cualitativamente, de modo que a las catorce existentes en el momento presente, hay que sumar un gran incremento en la demanda de nuevas operaciones. En este sentido, continúa el Presidente del Consejo de Seguridad, las mismas deben contar con mandatos claros, realistas y viables, incluir normas para entablar combate (mies of engagement) suficientemente claras y que no lleven a la duda en el momento de crisis y, con recursos militares apropiados para cumplir su mandato y defenderse cuando hubiere necesidad.

Por todo ello el Consejo de Seguridad, en primer lugar, pide a los Estados miembros que presten todo el apoyo político y financiero a la Organización a la hora de emprender una operación de paz, para que ésta no se vea negativamente afectada en su despliegue; y en segundo lugar, y de conformidad con el Capítulo VIII de La Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad reconoce la necesidad de colaborar con las organizaciones regionales, sub-regionales y con acuerdos multilaterales en las operaciones de mantenimiento de la paz.

Existe una atención especial del Secretario General y de los órganos políticos de N.U (Asamblea General y Consejo de Seguridad) sobre la crisis crónica que sufre el África subsahariana, y que se refleja en los documentos que cronológicamente enumerados son:

1º Un «Programa de Paz, diplomacia preventiva y cuestiones anexas» de 18 de diciembre de 1992 (AG/RES/47/120 A).

2º El «Informe General sobre las causas de los conflictos y promoción de una paz duradera y un desarrollo sostenible en África» del Secretario General (Doc. A/52/871, de 13 de abril de 1998) que el Consejo de Seguridad hizo suyo mediante Resolución 1170(1988) de 28 de mayo.

3º El «Informe sobre el Milenio de A/54/2000 que en su Capítulo III, titulado «Un mundo sin miseria», apartado F, se ocupa de la situación en África, y que ha dado lugar a la «Declaración del Milenio de la Asamblea General»(A/RES/52) de 13 de diciembre de 2000, cuyo Capítulo VII está dedicado expresamente a África: «Atención a las necesidades especiales de África».

4º La resolución 1318(2000) del Consejo de Seguridad «Asegurando el papel efectivo del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales especialmente en África» de 7 de septiembre.

5º La resolución 1327(2000) de 13 de noviembre que adopta el «Informe Brahimi» Junto a todo ello se observa una preocupación obsesiva en todas los mandatos de las OMP por la construcción de Estados de derecho 754 , precisamente en procesos de paz postconflicto, reconociendo implícitamente que la construcción de Estados de derecho en países que están viviendo procesos de paz postconflicto (y más para sus habitantes) es una condición sine qua non para que los pueblos de África salgan del circulo vicioso de pobreza, violencia y falta de derechos en la que viven. 755

Así Naciones Unidas 756 ha pasado de un extremo al otro: de ignorar el estado de derecho como uno de los vectores principales en la consolidación de la paz, a convertirlo, casi de modo obsesivo el eje sobre el cual debe girar toda la operación postconflicto, pasando de un extremo al otro, e imponiendo una «condicionalidad democrática» como una de las premisas de la ayuda, con lo que ello implica de imposición de modelo socioeconómico liberal de Estado, destruyendo otras entidades más «comunitaristas» y menos individualistas pretendidamente universales.

Con todo y junto a este esfuerzo doctrinal, Naciones Unidas también ha emprendido un esfuerzo operativo para dotarse de instrumentos que alivien la fragilidad de esos Estados que han salido o están saliendo, de guerras civiles o situaciones de inestabilidad interna. Este instrumento no es otro que la «Comisión de Consolidación de la Paz» CCP de Naciones Unidas 757 y sus dos instrumentos operativos el Fondo para Consolidación de la Paz y la «Oficina de Apoyo para la Consolidación de la Paz».

Lo importante es que en todos los ejemplos que se exponen se aprecia por un lado la intención de esta «Comisión de Consolidación de la Paz» de fortalecer el aparato del Estado, y por otro la urgente necesidad de hacerlo por parte del Estado peticionario de la ayuda. Y así vemos que de los ocho países del planeta en que está actuando siete son africanos sub-saharianos 758: Burundi, Sierra Leona, República Centro Africana, Comores, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Guinea y Liberia. Cuatro de ellos han sufrido guerras civiles o masivas violaciones a los derechos humanos, próximas al genocidio (Sierra Leona, Costa de Marfil, Liberia y Burundi) dos de ellos golpes de estado recientes Comores y Guinea Bissau (en este último caso agravado por la captura del Estado por parte del crimen organizado) y en cuanto a República Centro-Africana; este país está sofriendo doblemente: a causa de su inestabilidad interna y de ser frontera con el Sahel y de ser frontera también con la región de los Grandes Lagos

Desarrollando un poco más este instrumento vemos que Burundi 759 cuenta con el llamado «Plan Prioritario para Burundi» en el que se identifican cuatro áreas prioritarias de actuación:

1ª Gobierno (governance).

2ª Fortalecimiento del imperio de la ley y sector de seguridad.

3ª Fortalecimiento del imperio de la ley y derechos humanos.

4ª Propiedad de la tierra y temas conexos.

Para Sierra Leona la United Nations Integrated Office in Sierra Leona (UNIOSIL) 760 se presenta como continuadora de la MINUSIL de los cinco objetivos:

1° Empleo juvenil.

2° Democracia y buen gobierno.

3° Justicia y seguridad.

4° Capacidad para construir una administración pública (nada menos), solo el último objetivo, apoyo al incremento de la energía, parece que se escapa del ámbito de la construcción estatal. 761

En la República Centro Africana la Comisión apoya la:

1° Reforma del sector de seguridad.

2° Promoción del buen gobierno e imperio de la ley.

3° Revitalización de comunidades afectadas por la guerra. 762

En Costa de Marfil el Plan de Prioridades no fija otro objetivo que la aplicación del plan de paz de Ouagadougou:

1° Implementar el plan de DDR para excombatientes, milicianos y jóvenes en situación de grave riesgo.

2° Reconstruir rehabilitar las áreas afectadas por la guerra.

3° Restaurar los servicios básicos en el norte y oeste del país.

El otro Estado directamente salido de una guerra civil, Liberia 763 (15 millones de dólares) cuenta con un Plan que combina la desactivación de la psique de guerra, esto es impulsar la reconciliación nacional, con la pura construcción del Estado: fortalecer la capacidad del Estado para consolidar la paz en el cual el Gobierno liberiano y ONUMIL van de la mano.

Para finalizar con tres ejemplos cuya inestabilidad se debe no el haber sufrido una guerra civil sino el tener una fragilidad interna tan grande.'» que les lleva a ser objeto de agresión por actores externos, como son el crimen organizado y los Estados vecinos y así tenemos los casos de: Guinea-Bissau que está atravesando una grave inestabilidad interna reconocida por las Naciones Unidas con las siguientes palabras fraqueza no estado de direito e na administraqáo da justita; o narcotráfego e crime organizado, inclusive o tráfego de armas e de pessóas humanas 765 y para el cual, la CCP ha puesto en marcha el Plan Prioritario do Fundo das Naqóes Unidas para a Consolidnáo da Paz». 766

A continuación con la República de Guinea-Conakry 767 con su Fondo de Consolidation de la Paix-Plan Prioritaire, cuya especificidad reside en que seis países vecinos han conocido guerras civiles o inestabilidad interna grave 768 mas que por razones de inestabilidad interna (que si tiene) 769 cosa que está incidiendo en su proceso de transición democrática ( apadrinado por el CCP mediante el Programme Minimun d ‘Urgente), para terminar con la República Islámica Federal de las Comores, que después de haber superado una crisis institucional crónica (19 golpes de estado desde su independencia de Francia en julio de 1975), ha alcanzado una estabilidad política gracias a la Constitución de 2001 que concedió gran autonomía a las tres islas, Gran Comora, Anjouan y Moheli, archipiélago en el cual la intervención de la «Comisión para la Consolidación para la Paz» tiene como fin:

1° Seguridad y estabilidad.

2° Buen gobierno y cohesión social

3° Revitalización de la economía con especial énfasis en los jóvenes y mujeres vulnerables y por último desarrollo de la capacidad de construcción de la paz.

El «Estado fallido» también comienza a aparecer como una situación que requieren textos jurídicos específicos para su tratamiento y así tenemos la Resolución de la Asamblea General de 10 de diciembre de 1996 titulada «Mantenimiento de la Seguridad Internacional y Prevención de la Violenta Desintegración de los Estados» (A/51/566/Add 21). De un modo mucho más genérico el tratamiento de «Estado fallido» aparece en el «Suplemento de Naciones Unidas Programa de Paz,» cuyo Apartado III «Instrumentos para promover la paz y seguridad» escribe que de los instrumentos creados por las Naciones Unidas, las sanciones a las partes y la imposición de la paz son medidas coactivas que no exigen el consentimiento de los afectados. y por último el «Informe General sobre las causas de los conflictos y promoción de una paz duradera y un desarrollo sostenible en África» de 1998, con un Capítulo III «Respondiendo a las situaciones de conflicto.»

En cuanto a las Organizaciones regionales y subregionales africanas, éstas también se han dotado de instrumentos jurídicos específicos para afrontar estas situaciones. Comenzando por el ámbito continental, la Unión Africana, aunque heredera de la OUA trata de diferenciarse de aquella al admitir la intervención de la misma en un Estado miembro en circunstancias graves, como son los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad (artículo 4. h. del Tratado UA).Estas buenas intenciones se han visto reforzadas por el «Protocolo relativo al Consejo de Paz y Seguridad» adoptado en Durban en julio de 2002. En él se imponen como objetivos de la Unión Africana, prever el estallido de los conflictos, implementar medidas de construcción de la paz postconflicto y promover el buen gobierno, el imperio de la ley y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

Además del Consejo de Paz y Seguridad, para tales funciones se crean no menos de tres órganos, ya estudiados, el primero de los cuales es el «Panel de Sabios» constituye una novedad en el Derecho Internacional y, que como representantes especial del Consejo de Paz y Seguridad actuará en misiones de prevención de conflictos. En segundo lugar está el «Sistema Continental de Alerta Temprana» o centro de observación y de vigilancia de crisis potenciales, y por último las ‘African Standby Forces»o Fuerzas Africanas de Disponibilidad. De todo lo expuesto anteriormente sacamos la conclusión que la Unión Africana orienta su política más hacia la prevención, la alerta temprana y la mediación de conflictos, antes que a la imposición de una solución, aunque la cláusula habilitadora de la intervención recoge un espectro mucho más amplio de situaciones susceptibles de intervención como son las tensiones y conflictos inter e intra-estatales, las situaciones inestables postconflicto y las crisis humanitarias graves.

La organización subregional más activa, en sus intenciones que no en sus resultados, en el remedio de los «Estados fallidos» (y en general en la seguridad colectiva y el mantenimiento de la paz), es la CEDEAO. Esta se ha dotado en 1999 de un «Protocolo relativo al Mecanismo de Prevención, Administración, Resolución, Mantenimiento y Seguridad de Conflictos» que sustituyo al «Protocolo de Asistencia Mutua de 1981». Este Protocolo de asistencia mutua en materia de defensa, solo habilitaba al ECOMOG a activar dentro de un Estado miembro, acciones de interposición de tropas si éstas así lo admitían. El nuevo Protocolo también está orientado hacia el fortalecimiento de la cooperación en las áreas de la prevención de conflictos, alerta temprana, operaciones de paz y la diplomacia preventiva. A tal fin, el nuevo Protocolo poniendo el acento en la alerta temprana y en la vigilancia de posibles zonas o situaciones de conflicto, ha constituido el «Sistema Subregional de Observación de Paz y Seguridad (alerta temprana)», subdividido en una «Centro de Observación y Monitorización» y en unas «Zonas de Observación y Monitorización». También, y como en la Unión Africana, un «Consejo de Ancianos» actuará como enviados especiales/mediadores de la CEDEAO en las áreas de la organización que se hayan detectado situaciones susceptibles de dar origen a crisis o conflictos armados, o cuando estas crisis están en sus fases iniciales de desarrollo.

La CEDEAO también contempla medidas paliativas post-conflicto o de consolidación de la paz, mediante la implementación de políticas de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, de reintegración de refugiados internacionales y desplazados internos. El otro rasgo característico, y que lo diferencia de la Unión Africada es la existencia de una fuerza permanente de imposición de paz como lo es el ECOMOG, que ya ha intervenido decisivamente en dos conflictos, Liberia y Sierra Leona, y en ambos actuando mucho más allá de una fuerza de mantenimiento de la paz.

El nuevo Protocolo encomienda al ECOMOG siete tipos diferentes de misiones:

1ª la Monitorización y observación de paz.

2ª Mantenimiento y restauración de la paz.

3ª Intervención humanitaria.

4ª Aplicación de medidas coercitivas, incluido todo tipo de embargos.

5ª Despliegue preventivo de tropas.

6ª Medidas de desarme, desmovilización y reintegración.

7ª Por último, y como cláusula de cierre, puede llevar a cabo toda aquella operación distinta de las anteriores que la «Comisión de Seguridad y Mediación» le encomiende, tal y como establece el artículo 22 de este Protocolo.

Sin embargo y por razones geopolíticas propias del golfo de Guinea, el ECOMOG ha estado ausente de la resolución de la crisis en Costa de Marfil.

La Comunidad del África Meridional para el Desarrollo —SADC— que constituye fundamentalmente una organización de integración económica, en el Capítulo III de su Tratado constitutivo, establece como uno de los objetivos básicos promover y defender la paz y seguridad comunes, también se ha dotado de un «Protocolo sobre Política, Defensa, Seguridad y Cooperación» de 14 de agosto de 2001, y de un «Órgano sobre Política, Defensa, Seguridad y Cooperación».

Los caracteres de este sistema de seguridad subregional son:

1° Que el Órgano carece de un sistema alerta temprana.

2° Que existen pocos medios para el excesivo número de objetivos previstos en el artículo 2.2.A, que incluyen nada menos que prevención y solución de conflictos intra-estatales por medios internos, protección de personas y bienes en conflictos inter e intra-estatales (también por medios pacíficos), y la puesta en marcha de operaciones de mantenimiento de paz en coordinación con la organizaciones internacionales y regionales.

Otra nota común con la CEDEAO es la inflación de órganos político-técnicos encargados de llevar a cabo las políticas de paz y seguridad. La SADC cuenta con el «Órgano sobre Política, Defensa, Seguridad, y Cooperación» (órgano principal de la SADC en materia de paz y seguridad), que estará auxiliado por dos órganos inferiores de aquél, como son el «Comité Interestatal de Política y Diplomacia» y el «Comité Interestatal de Defensa y Seguridad». Pero descendiendo a la realidad la labor de la SADC sobre el terreno, ha sido mucho más modesta limitándose a una función mediadora en el conflicto interno congoleño, y la mediación en el golpe de estado de Lesotho en septiembre de 1998.

De las repuestas que Naciones Unidas ha dado o intentado dar, para remediar situaciones de «Estados fallidos» pueden derivarse las siguientes conclusiones: Con la excepción de las operaciones de observación y monitorización de retirada de tropas (que se refieren a conflictos interestatales) y a pesar que sus Estados protagonistas pedían a gritos acciones de nation building o de state building, Naciones Unidas ha intentado una aproximación multifuncional al problema con un contenido multisectorial de los mandatos. La Organización en la primera mitad de la década de los noventa ha puesto un especial énfasis en las medidas de imposición coactiva de la paz en las operaciones de paz. Los ejemplos han sido ONUSOM I y II, UNAVEM II, y la MONUC para el caso de la República Democrática del Congo, que de una operación de despliegue de tropas para ayudar a las partes al cumplimiento del Acuerdo del Alto el Fuego de Lusaka, se transformó, a partir de julio de 2003, en una operación multifuncional, según el principio de las «cuatro erres»: Repatriación, Reintegración de combatientes, Rehabilitación y Reconstrucción de infraestructuras, instituciones político-administrativas etc, según resolución 1493 (2003) de 28 de julio.

En la segunda mitad de la década, Naciones Unidas ha pasado a acciones más modestas (sobre todo ante la falta de cumplimiento por parte de algunos de los contendientes de los acuerdos de paz), como son el apoyo político o «facilitar» procesos de reconciliación nacional, con los ejemplos de la UNOGBIS o la BONUCA.

En otras palabras, ha habido un repliegue por parte de la ONU, en cuanto a los objetivos y medios a emplear en cada una de las operaciones de paz emprendidas en la segunda parte de la década de los noventa del siglo pasado, traducidas en un recurso a medidas preventivas y rastreadoras de áreas sensibles que dieran lugar a situaciones de conflicto y ello por dos motivos. Primero, un reconocimiento de que la prevención, por medio de la alerta temprana es mucho más barata en lo económico y humano que la reparación, o la imposición de la paz posterior (una vez el conflicto ha estallado). Y en segundo lugar, una inteligente labor de concienciación a las partes de que ellas son las primeras responsables en interesadas en ver reconstruidos sus países, cosa que desgraciadamente no siempre ha sucedido así, sino que con harta frecuencia éstas se eternizan en continuas e infinitas conferencias nacionales de reconciliación nacional, de paz, de reconstrucción nacional etc que no llegan a nada, por ejemplo Somalia, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Burundi.

En general puede decirse que Naciones Unidas ha fracasado a la hora de reconstruir «Estados fallidos» no por falta de voluntad de órganos políticos de la ONU, sino por carencia de medios económicos y falta de apoyo político de los Estados miembros. Además, aunque Naciones Unidas no estaba pensada para esta tarea se le ha convertido en el principal responsable de su fracaso. El esfuerzo intelectual llevado cabo por el Secretario General de redactar un «corpus», o doctrina ad hoc, para el remedio de tales situaciones (como son los ya señaladas «Un Programa de Paz de 1992 y su revisión de 1995, el «Informe sobre las causas de los conflictos en África y su solución» y el «Informe sobre el Milenio» etc), no han tenido una consiguiente y consecuente respuesta operativa por parte de los Estados miembros de Naciones Unidas, para poner a disposición de la misma recursos materiales, financieros y humanos para el rescate y la reconstrucción de este tipo de Estados. El establecimiento de oficinas políticas de ayuda a la transición democrática, que a veces está situada fuera del país que se pretende ayudar (p.ej. UNPOS) suponen un reconocimiento de tal fracaso.

Los escasos éxitos que han tenido Naciones Unidas se deben más a factores externos que a la acción de la propia Organización. UNOMSA resultó un éxito porque, además del consenso de toda la sociedad multiracial sudafricana de llevar a cabo una transición política, tal proceso de transición operó sobre uno de los pocos Estados, que como tales se puede decir que funcionaban en el África subsahariana, en ocasiones demasiado bien, para los destinatarios de tal política (el sistema del apartheid). En Mozambique la ONUMOZ pudo llegar a buen término por las presiones políticas que sobre sus pupilos (es decir, el FRELIMO y la RENAMO), hicieron sus patrocinadores (la Comunidad de Donantes).

En cuanto al GANUPT, esta operación supuso la culminación de un largo proceso de construcción estatal llevado a cabo por la Comunidad Internacional en primer lugar a través de la Sociedad de las Naciones y después de Naciones Unidas. Como ya hemos expuesto, desde 1919 el territorio del África sur occidental mantuvo una «estatalidad latente» a cargo de la Sociedad de las Naciones, que impidió que la potencia administradora, la Unión Sudafricana, pudiera anexionarse el territorio y sustraerlo así de su verdadero proceso de autodeterminación. El carácter multifuncional del GANUPT se expresó en un contenido muy variado dentro de la misión, que lo colocaron más allá de ese primer cometido: Desarrollar la legislación electoral nueva, derogar la anterior basada en el apartheid , monitorizar la repatriación de los refugiados y la liberación de los presos políticos, llevar a cabo una masiva campaña de educación pública de todo el procedimiento electoral, vigilar el alto el fuego, el acantonamiento y la desmovilización de las tropas (tanto la SWAPO como la SWATF), supervisar la retirada del ejército sudafricano, y en general ayudar a la nueva nación en sus comienzos.

La labor de las organizaciones regionales africanas en la recuperación de «Estados fallidos» ha sido menos exitosa todavía, en primer lugar por la carencia de medios de las mismas y en segundo lugar porque tampoco han tenido la intención política de remediarlo. En el caso de Liberia, el ECOMOG actuó descaradamente en contra de una de las partes, perdiendo la imparcialidad y la neutralidad que deben presidir cualquier fuerza de mantenimiento de la paz. En Sierra Leona aunque el fin era devolver la legalidad constitucional al país tras un intento de un golpe de Estado para tal acción el ECOMOG tuvo que acudir a una empresa privada de seguridad para devolver al poder al Presidente constitucionalmente elegido a petición de éste. Este hecho supuso el más extremo ejemplo que Estado puede admitir en la degradación de su soberanía: Que una de sus notas características, que la defensa del Estado de derecho quede en manos de una empresa mercantil, como es una empresa privada de seguridad (en esta caso la británica Executive Outcomes), además de suponer un inicio de privatización de OMPs En ambos casos Naciones Unidas actuó como auxiliar de la CEDEAO: MINUL para Liberia y MINUSIL para Sierra Leona. Además en ambos casos, la estabilización definitiva de ambos países vino por hechos externos al proceso de paz: para el caso de Sierra Leona por la muerte del jefe rebelde y para Liberia por el exilio forzoso del Presidente Charles Taylor.

En cuanto a Costa de Marfil el camino seguido para su rescate ha sido el inverso. Un primer papel protagonista de la organización regional auxiliada por la organización universal, y una segunda fase en la cual Naciones Unidas asume todo el riesgo. En resumen como toda operación de paz, la CEDEAO hizo depender el éxito de su misión del cumplimiento del Acuerdo de Paz de Linas-Marcoussis, por ello intervino solamente como una operación de aplicación del alto el fuego, llamada MICECI, actuando N.0 en una labor auxiliar mediante la MINUCI. Ante la voluntad de los contendientes de resolver la situación, en febrero de 2004 el Consejo de Seguridad transfirió la autoridad de ambas misiones a la nueva operación llamada ONUCI, concebida como una operación multifuncional según la Resolución 1528 del año 2004. Finamente la mejora en la situación de Liberia permitió a Naciones Unidas (la ONUCI) «apropiarse» de toda la fuerza de maniobra de ONUMIL y hacer valer su presión junto con la de la CEDEAO, UA, UE y Francia para que pudieran celebrarse elecciones presidenciales de octubre-noviembre 2010 y que el electo presidente Sr. Ouattará pudiera tomar posesión del cargo en mayo de 2011. Sin embargo la situación está lejos de permanecer estable puesto que el mandato de la ONUCI ha sido prolongado hasta diciembre de 2012 y la última habida hasta ahora la 2162 de 25 de junio de 2014, nos dice que la Autoridad de Desarme Desmovilización y Reintegración. ADDR y los esfuerzos llevados a cabo por la «Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación» no están teniendo éxito.

En lo referente a los países del arco del Sahel, dada la especificidad de esta región y de sus problemas, un nuevo actor internacional ha entrado en escena: la Unión Europea. Aquí, a pesar de ser la Unión (junto con Francia), uno de los sujetos que más han debilitado a los países del área, con sus planes de ajuste estructural, la UE ésta está actuando como bombero, en un incendio que contribuyo a crear, 770 o por lo menos en un principio y por mucho tiempo a ignorar, dejando en manos de la ex metrópoli la gestión de las sucesivas crisis que aquejaron a la región. Ahora parece que la UE está más preocupada en asegurar su frontera exterior y en combatir el terrorismo yijadista, que en el fortalecimiento de esos estados (Malí, RCA y Níger), aunque aparentemente se haya tomado en serio la construcción de estados de derecho por medio de la «Estrategia para la Seguridad y el Desarrollo del Sahel» y de programas específicos tales como EUCAP Sahel Malí, EUCAP Sahel Níger y EUFOR RCA, Lo mismo puede decirse de Guinea Bissau «narco-estado», que a pesar de todos los actores interventores para solventar la crisis (UE, UA, CPLP, INTERPOL, etc), no deja atrás sus problemas de gobernabilidad al ser «capturado» por las redes internacionales del crimen organizado. Para finalizar con la República de Sudán del Sur, donde convergen en ella dos problemas difíciles de resolver: uno de nation-building, expresado en una guerra civil (que no es otra cosa que la lucha por el acceso a los escasos recursos), para lo cual está desplegada la UNMIS, y otro típico problema fronterizo con el Estado del que se separó, que no esconde sino la disputa por el petróleo y para lo cual está la UNISFA. Ambos casos muestran la poca madurez política de los nuevos gobernantes.

Por todo lo anterior, y como instrumento global de estructuración de «Estados fallidos» la valoración que nos merece todo este esfuerzo llevado a cabo por la Comunidad Internacional, a través de sus diferentes instituciones, ONU, UA, CEDEAO, IGAD, SADC, etc, tiene que ser forzosamente desalentadora. Estas organizaciones internacionales han triunfado en aquellos escenarios en los cuales existía previamente una cierta urdimbre de Estado (por muy débil y raquítico que aquella fuera), y sobre todo una idea interiorizada por parte de la población de pertenencia a una comunidad superior, la Nación, como han sido los casos de Sudáfrica, Namibia o Mozambique. Fuera de estos supuestos el fracaso, o el éxito solo parcial, de las Naciones Unidas y de las demás organizaciones internacionales, a la hora de construir Estados nación, se ha debido más a factores endógenos (como los ya examinados de corrupción, nepotismo, violencia física como único medio de resolver problemas políticos, repliegue sobre los sentimientos tribales), que a la a veces torpe labor de aquellas, labor que, no es necesario resaltar, no estaba prevista en La Carta fundacional de Naciones Unidas, ni los autores de la misma podían prever en el momento de su redacción que una de las objetivos fuera algún día estructurar «Estados desestructurados». No olvidemos que Naciones Unidas, y por ello las organizaciones regionales africanas de paz y seguridad, han intentado adaptar un mecanismo pensado para aliviar las tensiones de la Guerra Fría, como son las OMP, a este nuevo tipo de escenarios (y a su remedio). Entonces el mediocre resultado obtenido ha sido, a nuestro entender, inevitable. Por otra parte, de momento es pronto para sacar conclusiones de la CCP y de sus programas que están teniendo lugar en los siete países arriba apuntados.

El debate no es ahora si el África subsahariana ha importado una institución jurídico-política, el Estado-nación, extraña a la cultura política pre-colonial africana que le ha supuesto más inconvenientes que ventajas en su desarrollo, sino asumir, que además de haber sido uno de los logros fundamentales de todo el proceso de descolonización, esa realidad es ya incuestionable y tienen los africanos que hacerla funcionar a su favor.

Por todo ello, no nos es dado alcanzar unas conclusiones tan pesimistas acerca del modelo occidental de estado de derecho, es decir, como un instrumento inútil y contraproducente para sacar al África subsahariana de la dura realidad en la que vive. No es solo que el estado de derecho esté asociado con un cierto desarrollo económico y consiguiente bienestar social de sus habitantes, o que las democracias parlamentarias rara vez luchen entre sí, sino que el estado de derecho es una institución que garantiza el imperio de la ley sobre la arbitrariedad de los poderes públicos, la posibilidad de representatividad de la ciudadanía en uno, o varios órganos colectivos, y la responsabilidad judicial del poder ejecutivo por violaciones de los derechos de los ciudadanos, caracteres todos estos que se sitúan en las antípodas de los rasgos que definen, o caracterizan, al Estado colapsado/fallido africano.

De modo, que la verdadera e ingente tarea que le espera a Naciones Unidas y a las demás organizaciones regionales africanas de paz y seguridad, es la de impulsar, o proteger, la incipiente cultura política democrática en aquellos Estados del África subsahariana allí donde exista, o de crearla allí donde no exista. Mientras esto no se dé, y empiecen a construir verdaderos estados/nación con derechos para todos sus ciudadanos y con razonables estándares de seguridad y bienestar para todos, los africanos, en el peor de los supuestos continuarán luchando entre sí para disputarse, o no verse desplazados, de las parcelas del poder ya adquiridas, y en el menos malo de los supuestos seguirán emigrando hacia el sueño europeo, siempre que puedan y de la forma que sea, en busca de unas comunidades políticas que con todas sus dificultades actuales, en un momento histórico supieron construir su Estado. Para finalizar, solo concluir diciendo que cuanto más tarden los líderes africanos en asumir que son ellos los únicos dueños de su propio destino, no podrán sus países salir del aparentemente cómodo círculo vicioso en que se encuentran de pobreza-petición de ayuda internacional al desarrollo, limitándose muchos de ellos a dejar que desde otros continentes y como mal menor, les construyan sus entes estatales oenegidos en los cuales: Se blan Id desid 771

 

APUNTES A PIE DE PÁGINA

  1. DUFFIELD, M Las nuevas guerras en un mundo global ,Madrid (2004), pág 40 y ss.
  2. Esto no significa que los imperios medievales africanos no contaran con ejércitos permanentes, servicio diplomático y una burocracia profesionalizada, sino que todos estos instrumentos no pasaron de la esfera privada del monarca a la esfera pública del Estado.
  3. Esta idea de responsabilidad jurídica del Estado puede encontrase en los artículos 9.3, 106 y 121 de la Constitución Española. GARCIA CANALES, M. Temas de Derecho Constitucional I , Murcia (2003)
  4. GUTIERREZ VEGA, P. La cláusula democrática en la encrucijada de la próxima Convención de Lomé. Proyecto de fin de carrera UAM (1996)
  5. TILLY Ch. Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990, Madrid (1990)
  6. Durante la Guerra Fría eran los regímenes africanos desarrollistas, burocratizados y etnicistas presididos por el socialismo científico INIESTA E «Dictadura y conflictos sociales en los Estados africanos» en Estudia Africana, vol. XIII/ n° 24 (1999)
  7. También como respuesta Africana a la imposición colonial pluripartidista de dividir los movimientos emancipatorios anticoloniales. Se trataba de demostrar la inutilidad del pluripartidismo y la necesidad de edificar un «partido nacional» o partido «unificado».
  8. Mediante la «Ujamaa» o agrupamiento rural SEIDMAN A. African socialism and the World system: dependency, transnational corporations and international debt p. 27 en Socialism in Sub-saharian Africa, California, (1979).
  9. Muy dependiente del precio internacional del cacao para financiar su Estado socialista ‘bid. p. 28
  10. Aquí también agrupados forzosamente los campesinos en aldeas cooperativas de producción agrícola que no suscitaron ningún entusiasmo entre los campesinos CALLAGHY, Th. The dificulties of implementing socialist strategies of development in África: the first wave p. 124 en Socialism in Subsaharian África Ob. cit.
  11. La traslación del credo marxista-leninista en la construcción de una sociedad socialista implicó la transformación del individuo por medio organizaciones de masas como los Pioneros angolanos, las Juventudes del MPLA, la Organización Angoleña de Mujeres, las Estolas do Partido y las Comissáo de Bairro .BROWN K. Angola socialism en Socialism…. Ob. cit. Pp 304-306
  12. Aquí el PAIGC de Amilcar Cabral adaptó la teoría marxista-leninista clásica al contexto descolonizador, como por ejemplo luchando contra la política de asimilación portuguesa, más dañina que la opresión económica, puesto que lo importante no era la colectivización de la propiedad sino la colectivización del proceso de toma de decisiones. Ibid p. 303
  13. En este caso la paradoja fue todavía más sangrante puesto que este presidente que agrupaba en su. Partido el Trae Whig Party a los freemen o descendientes de los liberados traídos desde los EE.UU. se comportaban como esclavistas manteniendo sometidos a los nativos del medio rural por medio del contrato de trabajo forzoso. Por lo demás gobernó el país como un dictador bajo un régimen de capitalismo clientelar corrupto. ELLO, S. Liberia ‘s warlord insurgency en África Guerrillas, Kampala, (1998).
  14. Por lo menos desde 1965 cuando tomó el poder hasta el Congreso del partido de Mobutu , Movimiento Popular de la Revolución.MPR (1970) al convertirse en partido único con el movimiento político de «zairinización».
  15. Nos acogemos aquí a la distinción que hace el profesor Juan J.Linz que distingue entre regímenes totalitarios y autoritarios en los cuales el prominente papel del líder cuenta con una autoridad carismática. En este tipo de regímenes el poder político se sustenta con una mezcla de autoridad legal, carismática y tradicional. El bajo nivel de movilización política significa que gran parte de la población permanece en una posición pasiva, reconociendo a los agentes del poder sin plantearse su legitimidad. LINZ, J .J. en Obras escogidas 3. Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios. Madrid, (2009), pp 46 y 47.
  16. Como ya hemos visto para los casos de Guinea Bissau y los países del Sahel.
  17. Naciones Unidas tiene una larga lista de resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad, Informes del Secretario General, de la Comisión de Consolidación de la Paz etc, en las cuales se pone de manifiesto que la existencia de un estado de derecho es fundamental para: 1°lograr una paz duradera post conflicto, 2° proteger eficazmente los DDHH y 3° lograr un progreso y un desarrollo sostenidos. [www.un.org/es/ruleoflaw] Ver por ejemplo: S/PRST/2010/11 de 29 de junio. «La promoción y el fortalecimiento del estado de derecho en el mantenimiento de la paz». También «Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad: paz y seguridad en África»S/PRST/2010/21 de 22 de octubre.
  18. Por lo menos la AG productora de soft law y el Secretario General, desarrollando doctrina que servirá en algún momento de guía al Consejo de Seguridad.
  19. S/RES/1645 (2005) de 20 de doc. y A/RES/60/180. 758.El Nepal es el único no africano incluido. 759.25 millones de $ 76°. 35 millones de $
  20. El Nepal es el único no africano incluido
  21. 25 millones de $
  22. 35 millones de $
  23. Misión de Naciones Unidas en la República Centro Africana-MINURCAT , resolución. 1778 (2007) de 25 de septiembre, con mandato genérico de aumentar la capacidad de los gobiernos de Chad y República Centro africana en la promoción de los derechos humanos prestando particular atención a los casos de violencia sexual.
  24. 10 millones de $ presupuesto.
  25. 15 millones de $.
  26. «Marco Estratégico para Consolidacáo da Paz na Guiné Bissau» PBC/3/GNB/3 de 1° de octubre de 2008, pág. 6. [En la actualidad -año 2015- desde las elecciones últimas y del gobierno que de ellas surgió, la situación de Guinea Bissau es muy distinta a la descrita. Posiblemente a partir de ahora, Guinea Bissau consiga el proyecto de país soñado por Amilcar Cabral, el “padre” del país. Nota del editor].
  27. 6 millones de $
  28. 6 millones de $
  29. Menos el vecino Senegal estos son Guinea-Bissau, Sierra Leona, Liberia, Malí y Costa de Marfil
  30. Desde 2008 una Junta Militar preside el país que ha prometido elecciones libres para finales de 2010.
  31. Véase el derrocamiento del régimen de Gadafi, sin tener prevista ninguna alternativa a éste.
  32. Una de las consecuencias más perversas, estimamos nosotros, de tales auxilios tanto privados (ONGs) como institucionales internacionales (FMI, Comunidades de Donantes, etc) a tales situaciones de fracaso, ha sido el surgimiento de los llamados Estados «oenegeizados» (Haití sería el perfecto ejemplo); aunque tal palabra no está todavía recogida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, aludimos con ello a los Estados que por diversas causas se ven incapaces o no quieren administrar su propia realidad diaria y acuden a la asistencia de ciertas ONGs y otros actores internacionales para que creen y luego mantengan los servicios mínimos que cualquier Estado tiene la obligación de prestar como son salud, educación, mínimas infraestructuras e incluso la seguridad pública. A corto plazo resuelven un problema pero a medio y largo impiden el fortalecimiento del Estado al que se supone auxilian y de paso eximen a sus dirigentes de la obligación de gobernar la «cosa pública» De este modo la relación colonial de dependencia se prolonga hasta el infinito. Todo este párrafo anterior han sido bien resumido por los sufridos haitianos con la frase en criollo: SE BLAN KI DESID. (C ‘est 1 «étranger qui décidé) WARGNY, Ch.Haití entre Dieu et ONG en Le Monde Diplomatique, janvier 2011, pp. 8-9.

 

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