5- JUSTICIA DEMOCRÁTICA

El ordenamiento jurídico de algunos países, entre ellos España, se integra parcial o esencialmente con normas promulgadas en épocas lejanas, cuando los principios democráticos no habían sido todavía aceptados por los legisladores, y por normas dictadas en etapas históricas más recientes en las que tampoco imperó la democracia. Son ordenamientos jurídicos pervertidos, inspirados por malas doctrinas, cuya aplicación estricta provoca hoy desorden.

 

¿Habrá de tener el ciudadano una actitud de respeto y acatamiento a tales preceptos y reglas jurídicas?

Sucede, además, que los miembros de unas clases sociales determinadas tienen la función de juzgar a los de su misma clase y a los de las otras. Las clases medias y las altas comparecen ante Tribunales de sus pares. Por el contrario, las clases más desfavorecidas por la fortuna han de someterse a jueces y magistrados con experiencias vitales, criterios, lenguaje incluso, completamente distintos.

Cuando medito sobre este hecho, que considero gravísimo, siempre recuerdo lo que aconteció en un juicio ante el Tribunal de Orden Público, en el que yo actúe como Abogado de unos obreros acusados de manifestación ilegal o cosa por el estilo. El representante del Ministerio Fiscal, sin duda con buena fe, alegaba que los procesados se manifestaron por unas calles de Madrid sabiendo que el acto había sido prohibido por la autoridad competente. Y en su informe incluyó el siguiente argumento: «Conocían los procesados la prohibición expresa porque aquella misma mañana lo publicó el ABC.» O sea, que el Fiscal suponía que los obreros, antes de salir para su trabajo a las seis de la mañana, leían claramente el ABC (que nunca llega a las casas antes de las 8, más o menos) como él lo hacía habitualmente durante el desayuno. Y apoyándose en esta experiencia personal de miembro de las clases medias madrileñas, montaba la acusación.

La anécdota revela que los debates ante los Tribunales de Justicia deben ser, en muchas ocasiones, absolutamente incomprensibles para quienes se sientan en el banquillo. Allí se esgrimen unos textos legales que fueron redactados por personas de «otro mundo», seres humanos que se aproximan a sus semejantes y a las cosas de esta tierra con la mentalidad propia de una determinada clase social, que no es siempre la clase del encausado. Tanto los Abogados como los Fiscales enfocan los temas de acuerdo con los valores y símbolos de los hombres de una clase, que tampoco es siempre la clase social del sometido al proceso. Los dominantes socialmente juzgan y sentencian a los dominados. Aquí se quiebra algún principio capital de la democracia.

La Justicia democrática exige que las leyes en vigor hayan sido elaboradas y aprobadas por un Parlamento formado por representantes auténticos del pueblo. Las otras normas del ordenamiento jurídico carecen de fuerza obligatoria, salvo que sean expresamente ratificadas por el pueblo o por los representantes de éste. Y la Justicia democrática exige, asimismo, que las normas válidas se apliquen con criterios que compartan los destinatarios de las mismas.

En España hay que revisar y actualizar el ordenamiento jurídico, y resulta necesario cambiar la forma de administrar Justicia, dando una nueva organización interna al conjunto de personas actualmente dedicadas a esa importantísima tarea.

8-tribunal supremo de Madrid-metirta.online

Tribunal Supremo de Madrid. La Justicia democrática exige en España una reforma a fondo del Tribunal Supremo.

Bueno sería, pienso yo, transformar el Ministerio de Justicia, ya que los jueces y los magistrados no deben tener un superior jerárquico que forme parte del Gobierno. No ha de haber un Ministro de Justicia, del que dependan, de una forma u otra, los jueces y los magistrados. En los Gabinetes ministeriales puede sentarse un Fiscal General del Reino, con las facultades atribuidas ahora al Ministerio Público y las que sea procedente añadir para que se promueva en debida forma la realización de la Justicia democrática. Pero los jueces y los magistrados han de funcionar con independencia completa del Gobierno.

Por otro lado, la necearla autonomía del Poder Judicial sólo se alcanzará si se modifica a fondo el Tribunal Supremo.

Hay que arbitrar un procedimiento, distinto del actual, para la selección de quienes llegan al más alto Tribunal de Justicia. No es democrático continuar con las ternas secretas, o semisecretas, en las que unos entran y otros salen, sin saberse los motivos de la decisión. Más correcto sería publicar las vacantes y abrir un concurso público de méritos, con el fin de que se conocieran los solicitantes y el nombre del definitivamente escogido. La decisión deberá corresponder a un jurado compuesto por representantes de toda la magistratura, democráticamente elegidos.

La autonomía del poder judicial exige, además, reformar el sistema de provisión de las Presidencias de las Audiencias y demás puestos destacados de la Administración de Justicia. No voy a sugerir una receta más o menos doctrinarla. Tal vez se configure una Justicia democrática con diferentes fórmulas y soluciones. Me parece indiscutible, sin embargo, que el franquismo no nos ha dejado como herencia una Justicia democrática.

Porque no es democrática la Justicia que se administra por un complejo de órganos de naturaleza diferente, unos de la jurisdicción ordinaria y otros de jurisdicciones especiales.

No es democrática la Justicia que emana de Tribunales jerarquizados a los que puede accederse desde los puestos inferiores en virtud de méritos extrajudiciales, conseguidos en el campo de la política oficial o en otros ámbitos donde se prestaron servicios a los grupos privilegiados de la sociedad.

No es democrática la Justicia de clase medra, entendiendo por tal la que no tiene posibilidades de castigar a los muy poderosos (aunque muchos jueces y magistrados lo han pretendido), al tiempo que acentúa la severidad de las normas punitivas con los más débiles, social y económicamente hablando. No hay justicia democrática, como no hay ahora Cortes representativas o Consejo del Reino que sea portavoz de la voluntad del pueblo. Faltan entre nosotros pilares básicos de la democracia.

 

←SABES QUÉ ES…