MARIANO RAJOY.
POR. HIPÓLITO DE LA TORRE GÓMEZ Y JUAN CARLOS JIMÉNEZ REDONDO
El primer gobierno de Pedro Sánchez ha sido el más breve de la democracia. Después de ganar la moción de censura, el nuevo presidente decidió conformar un gobierno que le permitiera reivindicar los principales rasgos ideológicos que quería dar a su acción de gobierno. Siguiendo la política del anterior presidente socialista, Sánchez conformó un gobierno con una muy alta presencia de mujeres, reivindicando de esta forma el carácter feminista con el que quería impregnar su mandato. Al mismo tiempo, recurrió a otras figuras independientes que permitieran dar una imagen renovada al partido y la idea de un gobierno abierto a la sociedad. Sin embargo, esta operación de imagen cuidadosamente elaborada chocó con las intempestivas dimisiones de dos ministros: uno, acusado de haber creado sociedades interpuestas para eludir sus responsabilidades fiscales, y otra, a la que se achacaba haber copiado su trabajo final de posgrado. La sensación de crisis abierta por las dimisiones continuó con las informaciones aparecidas sobre las dudas en la autoría de la Tesis Doctoral presentada por el presidente en una Universidad de Madrid, con el relativo escándalo de unas grabaciones en las que aparecía la ministra de Justicia manteniendo conversaciones poco apropiadas, y con las informaciones periodísticas que revelaban que varios ministros habían constituido sociedades interpuestas para aliviar sus obligaciones fiscales. Pero, en todos estos casos, la posición del presidente del gobierno fue la de no aceptar más dimisiones para no transmitir a la sociedad una sensación de fragilidad y ruptura del gobierno recién elegido.
La precariedad parlamentaria del gobierno imposibilitaba la aprobación de los presupuestos, por lo que Sánchez tuvo que resignarse a prorrogar los anteriores, aprobados por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Eso sí, ideando una fórmula de modificación parcial de los mismos a través de la aprobación de Reales Decretos Ley. Este procedimiento, en principio reservado para cuestiones de especial urgencia, le permitió aprobar medidas como el incremento del salario mínimo interprofesional en un 22%, con lo que situaba el SMI español para 2019 en 900 euros; un paquete de medidas de lucha contra la precariedad laboral o el registro de la jornada de trabajo y la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años. El contenido ideológico que Sánchez quiso transmitir desde su nueva posición política quedó claramente explicitado en dos elementos esenciales: uno, de carácter simbólico, como fue anunciar que se iba a proceder a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos; el otro, más importante y trascendente en términos políticos, como fue la elección de Unidas Podemos como socio preferencial, aunque sin permitir su entrada en el gobierno. Esta coalición tácita permitió al gobierno confeccionar su proyecto de presupuestos, que finalmente no fue aprobado por la oposición de los partidos independentistas. Este rechazo representó el punto final de un intento de negociación emprendido por Sánchez con el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que resultó infructuoso a pesar de los gestos de aproximación realizados desde La Moncloa. Por ejemplo, el gobierno de la nación levantó el control sobre las finanzas de la Comunidad Autónoma, se permitió la reapertura de las oficinas que la Generalitat mantiene en el exterior, se retomaron las reuniones bilaterales con el gobierno de la Generalitat y, en lo que representó el punto culminante de esta estrategia, forzó a la abogacía del Estado a cambiar la imputación por rebeldía que ésta mantenía sobre los políticos independentistas presos, por el de sedición.
Presidente del Gobierno de España
La política de negociación con la Generalitat despertó la oposición frontal de los partidos de oposición. Pero lo esencial es que alimentó todavía más a una extrema derecha que hizo del tema de la unidad nacional su verdadero motor de crecimiento. Vox había obtenido en las elecciones de 2055 el 0,23% de los votos, mientras que en las de junio de 2016 apenas había llegado al 0,29/0. En concreto 46.638 votos. Dos años después, esta formación conseguía su primer éxito electoral en las elecciones autonómicas andaluzas de diciembre de 2018, basado en dos grandes argumentos recurrentes. El primero fue el peligro para la unidad de España que a su juicio representaba el independentismo catalán, la debilidad que desde su óptica había mostrado el Partido Popular hacia el mismo, y el seguidismo cómplice con el que acusaban al gobierno socialista de actuar. En segundo lugar, la denuncia de la inmigración irregular, un tema especialmente sensible en varios puntos de Andalucía, especialmente en la provincia de Almería. Estos temas, unidos a la denuncia sistemática de lo que denominaban ideología de género, que suponía la impugnación práctica de la ley de violencia de género consensuada por los partidos mayoritarios, le permitió alcen escaños en el Parlamento regional andaluz, el 10,97% de los La irrupción de Vox introdujo una amplia fragmentación en IA recha española, afectando especialmente al Partido Popular, qua primera vez en muchos años tenía que afrontar la aparición da partido electoralmente relevante a su derecha y a un consolidado creciente partido como Ciudadanos en el centro, pero cada vez n% escorado hacia una función de sustitución del Partido Popular come referencia hegemónica del centroderecha español.
La política de oposición frontal hacia la negociación qua el gobierno mantenía con la Generalitat llevó a estos tres partidos convocar una manifestación conjunta en Madrid. Fue un grave error pues permitió visibilizar un frente de oposición al Partido Socialista en el que la extrema derecha jugaba un papel fundamental. Y, por supuesto, fue una oportunidad que el gobierno de Sánchez no desaprovechó, ya que le daba la posibilidad de convocar elecciones y utilizar el miedo a la extrema derecha como argumento esencial da movilización del electorado de izquierdas y nacionalista. Los resultados de las elecciones celebradas el 28 de Abril de 2019 parecieron darle la razón. El Partido Socialista consiguió una holgada mayoría, aunque muy limitada de 123 escaños, mientras que el PP se hundía con solamente 66 diputados. Ciudadanos consiguió aumentar su representación hasta los 57 escaños y la nueva formación de extrema derecha alcanzaba los 24. Un resultado objetivamente bueno, ya que había conseguido 2.677.173 votos, un 10,3%, pero que en términos relativos representó un cierto fracaso al no alcanzar las expectativas autogeneradas y, sobre todo, porque trastocó radicalmente la atribución de escaños dentro del espectro del centroderecha, por lo que la aplicación de la ley D’Hont resultó ampliamente favorable al Partido Socialista, dándole incluso mayoría absoluta en el Senado.
Sin embargo, la inestabilidad que demuestra la política española ha tenido una nueva manifestación en el fracaso del candidato socialista Pedro Sánchez en la sesión de investidura de julio de 2019 al fracasar la tentativa de un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Aunque la posibilidad de una nueva sesión de investidura se mantuvo durante varios meses de infructuosas negociaciones, el presidente en funciones decidió finalmente no presentarse a ellas, con lo que obligaba a una nueva convocatoria electoral. El fracaso del candidato socialista demuestra la profundidad de la crisis política que vive el país, con una división en bloques político-ideológicos cada vez menos permeables entre sí, y con un bloque de izquierda incapaz de articular una mayoría suficiente que pueda garantizar un gobierno mínimamente estable. El 10 de noviembre de 2019, una nueva llamada a las urnas decidirá el futuro de un país que parece auto convencido de atravesar una situación de bloqueo político aparentemente insuperable.
UNA MIRADA AL FUTURO DESDE EL PASADO RECIENTE
España y Portugal han tenido un desigual desempeño durante estos últimos cuarenta años. En Portugal, la transición a la democracia coincidió con el momento de mayor impacto de la crisis mundial de 1973, lo que se reflejó en un decrecimiento del PIB de un 4,3% en 1975 respecto al alcanzado el año anterior. En términos brutos, ese PIB representaba 2.473 millones de euros, con un PIB per cápita tan limitado que solo alcanzaba 266 euros. Veinte años después, en 1994, se elevaba a 75.759 millones de euros, y el per cápita llegaba a 7.595 euros. Otras dos décadas después, en 2014, marcaba la cifra de 173.079 millones de euros, mientras que el PIB per cápita estaba ya en 16.600 euros. Los datos de 2018 arrojan un PIB total anual de 201.606 millones de euros, con una tasa de crecimiento del 2,1% anual, y un PIB per cápita de 19.600 euros.
España, por su parte, arroja una evolución marcadamente ascendente. En 1975 el PIB total anual apenas llegaba a 39.819 millones de euros, con unas cifras de PIB per cápita de solamente 1.108 euros. Dos décadas después de la muerte del general Franco, ese PIB había crecido hasta alcanzar 459.337 millones de euros, con un PIB per cápita de 11.800 euros. Dos décadas más tarde, en 2015, el producto interior bruto de España era ya de 1.075.639 millones de euros y su renta per cápita alcanzaba los 23.200 euros. Las cifras de 2018 son de 1.208.248 millones de euros y 25.900 euros respectivamente.
En España, el salario mínimo interprofesional mensual pm trabajadores mayores de 18 años era en el momento de iniciarse el cambio político de 50,49 euros, utilizando la metodología comunitaria de 12 mensualidades. En 1995 había ascendido hasta los 455,23 para igual categoría de trabajadores. Veinte años después, en 2015, llegaba ya a los 756,7 y a los 900 en 2019. En Portugal, la desaparición de la dictadura permitió la creación de un salario mínimo que quedé fijado en 3.300 escudos, un cambio de 16,50 euros actuales. Veinte años después de la Revolución de los Claveles, en 1994, el salario mínimo se elevaba a los 259,0 euros, mientas que en 2014 alcanzaba los 565,8 euros, para pasar en 2019 a 700 euros.
Sirvan estos datos para ejemplificar el salto de desarrollo expedí mentado por los dos Estados ibéricos durante estas cuatro década de democracia. Pero con una diferencia importante, ya que mientras España ha alcanzado niveles amplios de desarrollo, con un incremento extraordinario de sus infraestructuras y una progresión muy notable de su Estado de Bienestar; el desarrollo portugués ha sido mucho más limitado y más cíclico, con un periodo de desarrollo muy notable centrado esencialmente en la segunda mitad de los años noventa, una dinámica de crecimiento extremadamente lenta desde comienzos del nuevo siglo hasta 2008, en que ese crecimiento se paralizó, para volver a remontar a partir de 2015. Esta divergencia es muy considerable si se toma en cuenta la evolución conjunta de la inflación y de los salarios, pues permite comprobar cómo el nivel de compra español es muy superior al portugués, que apenas ha evolucionado de forma positiva durante estos años. Y lo es incluso tomando en consideración que la tasa de paro en estos años ha sido en España mucho más elevada que en Portugal.
En realidad, las cifras demuestran la persistencia de los problemas estructurales básicos en los dos países, pues si Portugal presenta un déficit crónico de desarrollo que no ha sido capaz de resolver, España sigue tras cuarenta años de democracia debatiendo en torno a su modelo territorial. Los problemas identitarios han tendido a minusvalorar la enorme divergencia del desarrollo español, donde las diferencias de renta per cápita entre las diferentes regiones siguen siendo muy importantes. De esta forma, en 2017 la renta per cápita de Madrid (32.723€) doblaba a la de Extremadura (16.369£), mientras que la comunidad autónoma más poblada del país, Andalucía, seguía anclada en una cifra tan limitada como 17.551 euros de renta per cápita.
Sin embargo, los problemas de desarrollo o territoriales no han apartado a los dos países ibéricos de los profundos cambios sociales y de valores que lleva aparejado el nuevo marco de la globalización. No siendo el menor de ellos el cambio generacional que como sucediera en los años sesenta, está teniendo un impacto extraordinario en las sociedades peninsulares. La divergencia más tradicional en estas sociedades, es decir, la ruptura socioeconómica, y en España la ruptura territorial, se ven cada vez más influidas, en opinión de Belén Barreiro, por una nueva oposición que diferencia entre conectados y no conectados, entendiendo por este concepto de conectado no solo a quienes tienen acceso a internet, sino su grado de socialización a través de las redes, lo que les permite crear, según esta socióloga española, nuevos códigos y formas de conducta y comunicación que están determinando una nueva forma de ver, concebir y ejercer la condición de ciudadano.
Es decir, están creando una nueva cosmovisión que impacta cada vez más en los diferentes espacios públicos. Una forma de ver y comprender el mundo que por la propia naturaleza del espacio virtual tiende a desvalorizar todavía más esas tradicionales divisiones de frontera y criterios identitarios derivados de la conciencia de nacionalidad. Dicho de otra forma, el conectado español y portugués, normalmente los pertenecientes a las generaciones jóvenes, son mucho más parecidos y se identifican más entre sí que un conectado y un desconectado españoles, o viceversa. Internet, las redes sociales y las comunidades virtuales unifican problemas, anhelos y deseos, globalizándolos, desnacionalizándolos y creando un imaginario trasnacional en el que el significante y el significado nacional han perdido peso e influencia identitaria. Como afirma David Morley, internet ha conseguido crear una geografía posmoderna. Es decir, que las personas que integran ese universo conectado vivan en una nueva geografía de redes comunicativas y espacios virtuales que ha dejado atrás los espacios definidos por las viejas fronteras geográficas y por los criterios de identidad tradicionalmente adscritos a ellas.
Indudablemente, estas nuevas formas culturales, naturalmente críticas con el estatus quo imperante, se han visto mucho más tensionadas por la grave crisis económica vivida en ambos países desde 2008, traduciéndose en nuevas formas de articulación de los sistemas políticos. Por ejemplo, en Portugal la animadversión permanente entre el Partido Socialista y las dos formaciones de izquierda indo importantes: el Bloque de Izquierda, un partido que ha evolucionado desde la extrema izquierda clásica hacia un populismo instrumental de naturaleza izquierdista y posmoderna, y el clásico y ortodoxo Partido Comunista; se ha visto mitigada por esta nueva generación 2.0 más movilizada políticamente, sobre todo en términos negativos. En España esta nueva generación se ha significado básicamente por alimentar una ruptura del sistema bipartidista imperfecto que funcionaba tradicionalmente en el marco nacional. Hoy, este nuevo electorado conectado ha transformado sus preferencias hacia lo que de forma bastante impropia se ha llamado «la nueva política».
En todo caso, los Estados ibéricos se enfrentan no solo al reto de superar definitivamente la brutal crisis económica de la última década, sino también al reto de incorporar definitivamente a estas nuevas generaciones conectadas, cuyos estilos de vida y formas culturales tienen nuevas expresiones sociales, políticas y nuevas demandas económicas que satisfacer, sin que se sientan radicalmente integrados en estructuras de reconocimiento y pertenencia derivadas de las tradicionales definiciones de los Estados nación.
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