BOLIVIA Y LA FRONTERA DEL DESARROLLO: DONDE LO VERDE ESTORBA.

Marlene Quintanilla

Por Marlene Quintanilla

 DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DE LA NATURALEZA (FAN).

cenefa1

Poco conocida por su mega-diversidad y en el corazón de Sudamérica, Bolivia es un país donde la Amazonia representa un 65% de su territorio, aunque popularmente es catalogado como país andino debido a que su demografía se concentra más en esta región desde la época de la colonización. En las últimas décadas el país está reconfigurando su demografía: la visión de desarrollo ahora se enfoca en las tierras bajas, en la Amazonia boliviana, que siempre fue un escenario poco habitado. Según el último censo realizado (año 2012) por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la densidad demográfica promedio es de 7 habitantes por lcm2 y la población total alcanza los 3,9 millones de habitantes (40% de la población total). De hecho, la Amazonia siempre fue catalogada como tierra de salvajes y aborígenes donde nadie quería vivir por ser una zona desconocida y marginal. Prueba de ello es que el primer empadronamiento (año 1851) realizado en el país sólo estimaba una cantidad de 100.000 aborígenes en el territorio, y no se realizaron registros en campo por temor a lo salvaje.

las selva en regresion-metirta.online

La selva en regresión

Desde siglos pasados, la minería ha constituido un pilar importante en la economía del país y ha desencadenado una cultura familiarizada con el paisaje árido y condiciones inhóspitas donde se desconocía el valor de los bosques y su biodiversidad. En la época dorada del estaño (siglo XX), la población continuó concentrada en el altiplano y valles (tierras altas) por el flujo económico que representaba, hasta que esta bonanza cayó con la baja de precios (1985), originando una masiva migración hacia regiones como el Chapare donde emerge el cultivo de coca y al oriente boliviano (tierras bajas) donde la expansión agropecuaria estaba en proceso. Este fenómeno demográfico marcó un hito socio-ambiental importante, la extensa capa verde de la Amazonia se torna de mayor interés para el desarrollo productivo del país, generándose políticas de incentivo al sector empresarial, a través de créditos y planes de desarrollo que desencadena el boom del agro negocio y de grandes extensiones de deforestación para la producción de algodón y caña de azúcar y posteriormente cultivos de soja a cargo de colonizadores menonitas y japoneses en Bolivia, lo que provocó una transformación agraria radical en las tierras bajas.

INDIGENAS-metirta.online

INDIGENAS1-metirta.online

INDIGENAS2-metirta.online

INDÍGENAS – Otros mundos que están en este.

Históricamente, las políticas de los distintos gobiernos siempre han pretendido poblar la Amazonia porque catalogan como “tierras flojas” a las áreas de bosque, bajo el argumento que no cumplen función económica ni social; hasta la fecha se incentiva la sustitución de la capa forestal por extensos campos agropecuarios a titulo de garantizar la seguridad alimentaria e impulsar el desarrollo del país. El modelo no ha cambiado en los catorce años de Gobierno de Evo Morales, antes bien al contrario el estado de conservación de los ecosistemas ha sufrido aún más respecto a otros periodos, aunque en el discurso se mostraba como un Gobierno protector de la madre tierra, haciéndola sujeto de derecho (ley n.2300, año 2012).

Desde 1952 Bolivia experimentó una revolución agraria, donde la distribución de tierras ha logrado beneficiar a campesinos e indígenas, desapareciendo prácticamente el latifundio. Desde esa época, en materia de distribución, el país se ha configurado bajo el lema de “la tierra es para quien la trabaja”; sin duda se han mejorado las condiciones de muchos campesinos e indígenas sometidos por terratenientes. Sin embargo, esta aplaudida medida en su momento se diseñó para una realidad biogeográfica de valles y altiplano; el contexto para la Amazonia es diferente, y los criterios de distribución y titulación de tierras deberían encararse de manera diferente.

Las políticas de Evo Morales

El romance ambiental y social de la población boliviana con el Gobierno de Morales empezó a quebrase en su segundo mandato (periodo 2010-2014). Poco a poco se fue evidenciando que el discurso no estaba acompañado de las acciones. Existían muchos planes y megaproyectos que pare-cían ser más la esencia de un Gobierno capitalista, aunque siempre se habló de la protección y cuida-do de la madre tierra. En el 2011 se quiso forzar la construcción de la carretera que atravesaba el núcleo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) justificando la integración caminera entre los departamentos de Cochabamba y Beni. Ambientalistas y expertos dieron a conocer que los beneficios eran menores frente a los impactos negativos que se generarían porque podría perderse el alto valor ecológico y cultural del área. Los pobladores del ITPNIS nunca estuvieron de acuerdo con esta obra; en forma de rechazo y para hacer escuchar su voz, marcharon pacíficamente hacia la sede de Gobierno, y después varios días de caminata fueron reprimidos cruelmente por más de 500 efectivos policiales en Chaparina (a 300 km de La Paz). Este suceso impactó mucho a la sociedad boliviana y la comunidad internacional, y el Gobierno tuvo que ceder momentáneamente.

En mayo del 2015 se aprueba el decreto supremo 2366 para autorizar el desarrollo de actividades hidro-carburíferas en áreas protegidas del país con el cumplimiento de medidas ambientales. Esto desató críticas en el sector ambiental, más de 22 áreas protegidas que cubren 17,2 millones de hectáreas administradas por el Servido Nacional de Áreas Protegidas-SERNAP y donde hasta ese entonces la legislatura perseguía el objetivo de conservar los valores ecológicos y culturales de cada área. Bolivia y los países que integran la cuenca amazónica son responsables de conservar los bosques tropicales y la biodiversidad por los servicios ambientales globales que prestan a nivel mundial, por lo que el desarrollo de represas y tecnologías que no son coherentes ambientalmente son cuestionadas. El doble discurso de Morales nuevamente entró en polémica porque sus planes y políticas mostraron la pretensión de convertir a Bolivia en un país exportador de energía no sólo basada en derivados del gas sino también por la realización de grandes represas con miras a exportar 1.000 MW a partir del año 2020. El megaproyecto de la hidroeléctrica El Bala pone en riesgo el parque nacional Madidi y la reserva de biosfera territorio indígena Pilón Lajas, de igual forma que el proyecto Rositas en Santa Cruz es una amenaza a los recursos hídricos de la región. La resistencia social de las comunidades ha frenado esto y otros proyectos planificados. Asimismo, la ley Minera n.2535 promulgada en el 2014 se enfoca en impulsar el sector como polo de desarrollo en las tierras bajas, particularmente en la Amazonia, favoreciendo ampliamente a las cooperativas mineras consideradas unidades productivas de naturaleza social, permitiéndoles mayor acceso al recurso y menores restricciones vinculadas a la mitigación de impactos ambientales. Lo preocupante de este nuevo marco normativo es la libre disponibilidad de los recursos hídricos, medida que sin duda afecta directamente a las comunidades del entorno.

En tiempos modernos, y donde la crisis climática demanda estrategias más sostenibles, el desarrollo económico en la Amazonia boliviana todavía se diseña y pondera como en el pasado, donde sinónimo de desarrollo ha sido la concretización de megaproyectos y últimamente la expansión agropecuaria que no ha logrado modernizarse. La producción de este sector es el de más bajo rendimiento comparada con los vecinos países, de modo que la política de producir más en menor espacio no es parte de las políticas actuales. El potencial forestal de la Amazonia ha sido injustamente marginado de la política de desarrollo que gobernó los últimos años y hoy en una etapa de transición todavía no es incluida como un polo de desarrollo pese a que en periodos anteriores (2004-2006) el sector forestal representó un 3% del PIB del país y fue el líder mundial en certificación internacional de manejo sostenible de los bosques a través de la Certificación Forestal Voluntaria o Sello Verde otorgado por organismos internacionales (2 millones de hectáreas certificadas).

Los bosques forman un mar verde que cubre al país en una extensión de 46 millones de hectáreas, más grande que Suecia y que a nivel mundial sitúa a Bolivia como el octavo país del mundo con mayor extensión de bosque tropical. Habitan más de 59 territorios indígenas de diferentes culturas amazónicas (18,8 millones de hectáreas) y sostienen un mosaico de hábitats acuáticos y terrestres donde habitan alrededor de 1.422 especies de aves, 306 especies de reptiles, 255 especies de anfibios, 390 especies de mamíferos, más de 970 especies de peces, 20.000 especies de plantas y una vasta biodiversidad de especies que aún falta descubrir y explorar. Su baja demografía ha favorecido el mantenimiento de un buen estado de conservación, pero a la vez la ha relegado en la planificación de políticas y enfoques de desarrollo que no están acorde con sus características biofísicas y socioeconómicas. La cultura amazónica utiliza la tierra y sus recursos de manera más compatible con la conservación de ecosistemas, sus medios de vida dependen de la permanencia de lo verde; los bosques son su principal fuente de alimentos, medicinas y energía. Según un estudio realizado en el 2019, comunidades indígenas que habitan la cabecera de la cuenca Iténez, un afluente del río Amazonas, aprovechan hasta 114 especies alimenticias, 75 especies de plantas medicinales, 44 especies para manufactura y 11 especies como fuente de energía. Esto demuestra el potencial productivo de los bosques y la gran importancia de mantenerlos en pie para la subsistencia de la cultura indígena amazónica. Contrariamente, los medios de vida de la cultura andina y de otras regiones que migran hacia la Amazonia son diferentes en el uso de la tierra porque se centra en la tumba, roza y quema de bosques para establecer actividades productivas, con lo que se dificulta la incorporación de una cultura forestal como medio de vida (en varios casos lo verde les suele estorbar…).

Bolivia ha experimentado importantes avances en materia ambiental en la década de los noventa, con un bagaje importante de leyes, decretos y normativas que prevalecen hasta la fecha y han sido cruciales para frenar varios intereses del último Gobierno. Una medida importante que ayudó a la conservación de la Amazonia se dio el año 2001, con el establecimiento de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) a través del decreto supremo 26075 en cumplimiento de la ley Forestal 1700 para más de 41,2 millones de hectáreas de bosque (38% del país), que se aplica a aquellas que no pueden convertirse en tierras agropecuarias debido a su vulnerabilidad a la degradación, porque los suelos son de carácter forestal y presentan muchas limitaciones para la producción agropecuaria. No obstante, durante los catorce años de Gobierno de Morales esta medida ha constituido una barrera y freno a sus planes y visión de desarrollo en las tierras bajas. En julio del 2019, a pocos meses de las elecciones presidenciales (20 de octubre), bajo decreto supremo 3973, Morales permite la conversión de los bosques bajo TPFP a uso agrícola y pecuario en los departamentos de Beni y Santa Cruz, una medida que atenta y contradice su discurso ambiental y social, sin contar la pretensión de legalizar miles de hectáreas que fueron desmontadas en áreas no permitidas. Por lo tanto, con esta medida Morales dio luz verde a la autorización de planes de desmonte y quemas controladas en áreas donde el potencial es eminentemente forestal, y no agropecuario intensivo, omitiendo la vocación natural. Se presume que este fue el detonante o uno de los ingredientes que desencadenó en los graves incendios de la Chiquitania y la Amazonia boliviana que han consumido más de 6,4 millones de hectáreas en todo el país (de julio a noviembre de 2019), sufriendo una de las temporadas de incendios más extremas registradas en el país, principalmente en el departamento de Santa Cruz (4,1 millones de hectáreas), afectando una extensión de casi 2 millones de hectáreas de bosques.

Es evidente que Bolivia, antes del Gobierno de Morales, tuvo un mejor enfoque de protección de los bosques; fue un país con mayor extensión de bosques en tierras fiscales.1 Durante 14 años de mandato, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) aceleró la titulación, implementando procesos, de reversión de tierras para su distribución colectiva a poblaciones sin tierra o con insuficiente extensión. Hasta el 2006, la superficie por sanear representaba un 57% del país. Los pueblos indígenas lograron su titulación hasta el 2012, pero posteriormente se convirtió en un proceso difícil de lograr, y empezó a preponderar la dotación de tierras a comunidades campesinas migrantes de diferentes regiones, iniciando un enfoque de configurar escaños políticos en zonas con baja demografía. Un ejemplo muy particular fue el departamento de Pando que pasó de 52.000 a 109.000 habitantes (creció un 100%) en el periodo 2001-2012 2 donde se debilitó la oposición política y se fortaleció el oficialismo.2 En junio del 2018 el INRA informó que un 80% del territorio nacional estaba saneado y titulado, y que en doce años de gestión (2006-2017) se habían emitido un total de 1.019.254 títulos. Este importante avance ha repercutido en mayor presión hacia la Amazonia para su conversión a uso agropecuario, porque se debe cumplir la Función Económica Social (FES) según la ley INRA, y el artículo 169 de la Constitución Política del Estado es objeto de reversión si no se cumple este requisito. Esta medida ha transformado muchas áreas de manejo forestal en zonas de cultivo, donde mayormente las comunidades campesinas, para acreditar su derecho propietario y cumplimiento de la FES, eliminaron bosque. Esta política se fue intensificando más el año 2015, donde el Gobierno organiza la cumbre Sembrando Bolivia y establece la ampliación de la superficie de desmonte de 5 a 20 hectáreas para pequeños productores y plantea la ampliación del área agrícola a 10 millones de hectáreas.

La dimensión socio-ambiental sobre los impactos y efectos del cambio de uso de suelo que ha sucedido en los últimos años se resume en la dinámica cuantificada del cambio de paisajes naturales hacia pampas agropecuarias. En total doce presiones relacionadas con el desarrollo de infraestructura, otorgación de derechos, cambio de uso de suelo y cambio climático han afectado el estado de conservación de la Amazonia en las tierras bajas, donde las respuestas establecidas a nivel político no están garantizando la permanencia y sostenibilidad de los beneficios ecosistémicos brindados a los bolivianos. La Amazonia todavía evidencia un buen estado de conservación, debido a que más de un 47% se encuentra bajo protección por los territorios indígenas consolidados (18,8 millones de hectáreas) y áreas protegidas establecidas (20,4 millones de hectáreas), constituyendo un freno importante al avance de la frontera agropecuaria. No obstante, el paisaje amazónico se ha reducido en un 10% debido a la pérdida de bosques. La deforestación casi duplicó su extensión: a partir del año 2006 incrementó un 77% en tan sólo 13 años (2006-2018), y la superficie deforestada pasó de 4,2 millones de hectáreas en el 2005 a 7,2 millones de hectáreas al año 2018 sólo en la Amazonia. El promedio anual de deforestación se incrementó de 198.000 ha/año a más de 382.000 ha/año. A escala del país la cifra total de deforestación supera los 7,8 millones de hectáreas, con un ritmo de la eliminación de bosque en el periodo 2015-2018 de 404.000 ha/año. Esta aceleración en la deforestación se estima que está relacionada con los procesos de dotación y saneamiento de tierras, lo cual habría incidido en los sucesos de quemas e incendios forestales de gran magnitud en la pasada gestión.

A finales de agosto del 2019; en plena batalla de la ciudadanía para apagar los incendios en la Amazonia y la Chiquitanía, y a casi un mes de implementación del decreto supremo 3973, el Gobierno saliente celebra el primer envío realizado a China de 48 toneladas de carne bovina, como parte de un plan de crecimiento de la ganadería en los departamentos de Santa Cruz y Beni para lograr una oferta exportable anual de 200.000 toneladas de carne vacuna prevista para el 2030. Por tanto, el decreto posibilita un crecimiento exponencial de la ganadería en las tierras bajas de Bolivia y da rienda suelta a otras amenazas como el incremento de la producción de soja. Mientras continúe la tensa relación comercial entre Washington y Beijing, hay mucho interés de este sector por su comercialización hacia China, el principal importador, que ya tiene su mirada en la soja de Sudamérica.

 El cambio climático

Desde hace décadas, un enemigo silencioso surge en la Arnazonia. El cambio climático es una realizad inexorable, donde las tendencias medidas históricamente evidencian su alta exposición a efectos e impactos. En los últimos treinta años la temperatura se incrementó hasta 0,6 grados y la precipitación se redujo un 17%. Los escenarios proyectados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) indican que hasta el año 2050 las condiciones climáticas serán complejas para soportar la producción agropecuaria porque la temperatura se incrementará hasta 3,5 grados, y la precipitación se reducirá un 11%. Estos indicadores vislumbran que los balances entre agua y acceso a recursos harán replantear las agendas económicas y sociales para lograr la adaptación ante estos cambios e impactos la política debe considerarlos en sus planes de desarrollo, de lo contrario las pérdidas económicas por desastres ambientales serán considerables.

Para la adaptación al cambio climático, la Amazonia boliviana requiere de mejores políticas de desarrollo forestal sostenible para encarar los desafíos climáticos globales. Esto también está ligado a contrarrestar la tendencia del cambio de uso del suelo implementando una visión más integral del territorio, promoviendo el alto potencial maderable y no maderable como eje económico central del desarrollo.

La población indígena de los distintos territorios de la Amazonia está fuerte y ancestralmente vinculada al bosque y hoy es el mejor aliado para enfrentar al cambio climático. Un nuevo estudio sobre el carbono del bosque amazónico revela que territorios indígenas y las áreas protegidas superan a otras tierras limitando las emisiones de carbono netas (revista científica Proceedings of the National Academy of Science, RAISG, 2020). La Amazonia es la mayor reserva tropical de carbono de nuestro planeta (73.000 millones de tonelada de carbono) la evidencia científica del estudio muestra que un 58% del carbono almacenado en la Amazonia está en bosques de territorios indígenas y áreas protegidas. El cambio de uso de suelo genera volúmenes importantes de dióxido de carbono (CO2); de todo el stock de carbono que se pierde, un 47% se debe a la degradación forestal (incendios y tala ilegal) y un 53% a la preocupante deforestación de la Amazonia. La comunidad científica hace un llamado para aumentar el apoyo para proteger los bosques y afianzar la lucha contra el cambio climático en la Amazonia. Los derechos indígenas son cada vez más vulnerados, y las leyes creadas recientemente para favorecer intereses macroeconómicos como en el caso de Bolivia para exportar carne a China ponen en peligro los bosques. Todo ello a medida que crece la demanda mundial por minerales, combustible y materias primas.

 

NOTAS A PIE DE PÁGINA.

1- Se denominan tierras-fiscales aquellos espacios que forman parte del territorio nacional de Bolivia y que no tienen asignados derechos propietarios a favor de una persona natural o jurídica. Por esta razón son administrados por el Estado. Son considerados como tales los terrenos baldíos, las concesiones forestales, los parques nacionales, las reservas naturales, las zonas de dominio público y las tierras disponibles para asentamientos humanos. En los últimos años de saneamiento y regularización del derecho propietario agrario, la cantidad de tierras fiscales identificadas en Bolivia han sido importantes porque fueron reclamadas por diversos movimientos sociales rurales que exigen más tierras.

2- La Cámara de Senadores está compuesta por 36 escaños (4 por cada uno de los 9 departamentos); cada senador se determina en función de la proporción de votos que obtuvieron los partidos políticos por departamento. La Cámara de Diputados está compuesta por 130 escaños donde un 50% resulta del voto de candidatos que se postulan por circunscripciones uninominales definidas por el Tribunal Electoral, y un 50% son designados según la proporción de votos obtenidos por departamento. De acuerdo a este sistema el área rural tiene una representatividad muy importante en cuanto a número de diputados. Pando, en su momento, como departamento, fue parte del bloque opositor al Gobierno de Morales, lo que cambió después de la implementación de políticas de distribución de tierras. En resumen, en la Cámara de Diputados, las zonas rurales con cerca de un 30% de la población eligen la mitad de los escaños, mientras las ciudades donde vive un 70% de los bolivianos eligen la otra mitad.

En las últimas décadas Bolivia está reconfigurando su demografía: el desarrollo se enfoca ahora a las tierras bajas, a la Amazonia boliviana, siempre poco habitadas y consideradas tierras de salvajes y aborígenes

←HISTORIA DEL MUNDO